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Sus ejecutivos hablan de "un alto grado de incertidumbre" respecto de la capacidad financiera de la distribuidora para cumplir con sus obligaciones
Al igual que le sucedió a Edesur, el congelamiento tarifario y las restricciones sanitarias impuestas por el Gobierno para combatir la pandemia del Covid-19 generaron un fuerte impacto negativo en las cuentas de Edenor.
Mientras la distribuidora del grupo italiano Enel perdió algo más de $6050 millones el año pasado, la empresa ahora propiedad del grupo Vila-Manzano registró un rojo muy superior que alcanzó los $17.698 millones durante el mismo período.
Así lo informó la propia empresa mediante una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), donde la cifra contrasta con las ganancias que había logrado en el 2019; el 2018 y el 2017 por $16.518 millones; $8996 millones y $10.814, respectivamente.
Actualmente, Edenor posee un patrimonio de que asciende a $62.898 millones y, a pesar del fuerte derrumbe de sus resultados, el año pasado destinó $11.073 millones, fundamentalmente a incrementar los niveles de calidad de servicio y a la atención de la demanda de sus clientes.
Según el comunicado de la compañía, en los últimos cinco ejercicios, registró capital de trabajo negativo como consecuencia de la suspensión de la actualización de la tarifa desde febrero del 2019 hasta la fecha, "a pesar del constante aumento de los costos de operación y las inversiones necesarios para la operación de la red en un contexto inflacionario y de recesión sostenida en el cual se encuentra la economía argentina desde mediados del 2018".
Los efectos del congelamiento de tarifas
La sociedad también advierte que se ha visto sensiblemente afectada por dicho congelamiento, por lo cual aclara que sus ingresos corresponden a valores de diciembre del 2018, a pesar de haber atravesado los últimos tres años con altos niveles de inflación, resultando incierto cuando la actualización de costos será finalmente reconocida.
Adicionalmente, esta situación se vio agravada por los efectos de la pandemia, que también le ha generado un alto impacto financiero debido a las acciones sanitarias excepcionales y a sus consecuencias sobre los indicadores de producción y actividad de la economía del país y de sus propias operaciones.
Si bien hubo ayudas fiscales para reducir ael riesgo de ruptura en la cadena de pagos y evitar una crisis económica y financiera, los accionistas de Edenor advierten que la distribuidora se vio afectada igualmente por un incremento de la morosidad y una baja de la demanda.
Esto la llevó a postergar parcialmente los pagos a CAMMESA por la energía adquirida en el Mercado Eléctrico Mayorista(MEM) a partir de los vencimientos operados desde marzo del 2020, obligaciones que se fueron regularizando parcialmente, pero que acumulan una deuda por saldo de capital de $19.008, más $2.376 en concepto de intereses y recargos.
"Toda esta situación se ve agravada por un contexto económico complejo y vulnerable según lo reflejan las siguientes condiciones económicas del país, con una contracción estimada de la economía del 11,8%; aumento del gasto público y del déficit fiscal; inflación del 36% con perspectivas de sostenerse y agravarse; devaluación del peso argentino frente al dólar del 41%, considerando el tipo de cambio del BNA, con una brecha cambiaria del 67% entre el dólar contado con liquidación y el dólar oficial", recalca el documento de Edenor.
A esto le suman la imposición de restricciones por parte de la autoridad monetaria que afectan directamente al valor de la moneda extranjera para ciertas transacciones cambiarias restringidas que obligan a las empresas a pedir autorización al Banco Central para el pago de importaciones de bienes del exterior necesarias para la prestación del servicio, y el pago de los servicios de deuda.
Según el informe, "estas restricciones cambiarias, o las que se dicten en el futuro, podrían afectar la capacidad de la sociedad para acceder al MULC para adquirir las divisas necesarias para hacer frente a sus obligaciones operativas y financieras".
Adicionalmente, el DNU N° 1020 del 16 de diciembre del año pasado, prorrogó hasta el 31 de marzo próximo el congelamiento tarifario impactó de manera directa sobre la solvencia financiera de la sociedad.
A pesar de la situación descripta, desde Edenor aclaran que, en términos generales, ha mejorado "sensiblemente" la calidad del servicio de distribución de energía eléctrica, tanto en duración como en frecuencia de cortes.
"Ante el continuo incremento en los costos asociados a la prestación del servicio y a las necesidades de inversiones adicionales para abastecer la demanda, Edenor analiza diversas medidas destinadas a morigerar los efectos negativos de esta situación en su estructura financiera, minimizando el impacto en las fuentes de trabajo, la ejecución del plan de inversiones y la realización de las tareas imprescindibles de operación, mantenimiento y mejoras necesarias para mantener una satisfactoria prestación del servicio público concesionado en términos de calidad y de seguridad", explica el trabajo presentado ante la CNV.
Sin embargo, la visión a futuro no es alentadora, teniendo en cuenta que la concreción de las medidas necesarias para revertir la tendencia negativa no depende de la compañía sino del propio gobierno nacional. Por ese motivo, el Directorio de la sociedad entiende que existe un alto grado de incertidumbre respecto de la capacidad financiera de Edenor para afrontar el cumplimiento de las obligaciones en el curso normal de los negocios, pudiéndose ver obligada a diferir ciertas obligaciones de pago, o imposibilitada de atender las expectativas respecto de incrementos salariales o de costos de terceros.
De hecho, se asegura que el congelamiento de tarifas y el no cumplimiento del acuerdo de renegociación firmado con el anterior gobierno del ex presidente Mauricio Macri el 19 de septiembre del 2019, no acumula una deuda total del Estado con la empresa que asciende a $20.939 millones, sin considerar intereses.
En este marco, el 11 de diciembre del 2020 se oficializó el Decreto N° 990/20, que dispone en su artículo 87, un régimen de regularización para las obligaciones pendientes de pago con CAMMESA por las deudas de las distribuidoras.
También se inició un nuevo proceso de Revisión Tarifaria Integral que no podrá exceder los dos años de negociación y que establece aumentos parciales que, en el caso de la electricidad, serán debatidos en una audiencia pública a llevarse a cabo el 30 de marzo y para la cual la Secretaría de Energía de la Nación llevará una propuesta de retoques mínimos que no excederían el 9%, mientras que las distribuidoras solicitarán subas mucho más pronunciadas.
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