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Duros cuestionamientos Garrigós puso al Servicio Penitenciario Federal en terapia intensiva

 María Laura Garrigós de Rébori es la actual interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y desde su llegada a la entidad en junio pasado hubo fuertes cuestionamientos a la forma en la que maneja licitaciones y una aparente falta de gestión que resulta en denuncias por graves hechos en las diferentes unidades penitenciarias. 


“Actualmente, las licitaciones no se ejecutan y el legítimo abono (pagar a discreción por el valor de un servicio por fuera de una licitación) es la herramienta favorita de la interventora para que nada cambie y pagando, además, precios mucho más elevados que los ofertados en el marco de los procesos licitatorios frustrados o inconclusos”, sostuvo una fuente cercana al SPF. 

“Durante la gestión macrista, el SPF ha sido una entidad donde se llevaron adelante todo tipo de negocios para amigos del poder. Estos negociados necesitan ser terminados de manera inmediata”, continuó y arremetió con la información: “Un ejemplo es el caso Foodrush, una empresa a cargo de la concesión de los comedores de las cárceles. La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina Seccional Mendoza denunció a la empresa por su actuación en la cárcel federal de Luján de Cuyo. Los trabajadores, responsables de la elaboración de la comida para personal e internos, no perciben ni la mitad del sueldo básico por convenio y carecen de condiciones dignas de trabajo”.

Muchas veces intentaron hacer inspecciones rutinarias en el complejo, pero al ser territorio federal no dejan ingresar inspectores, había denunciado UTHGRA semanas atrás. “La licitación de Foodrush continúa a precios superiores que los de licitaciones anteriores destinadas al fracaso. No parece haber interés por parte de la intervención del SPF en solucionar este desmadre”, continuó.

Otro caso, según explicaron a REALPOLITIK, es el de la proveeduría del penal de Ezeiza. Desde 2018 la concesión está en manos de F&S propiedad de Matías Faubel y Maximiliano Larre, los dos condenados por narcotráfico por un Tribunal Penal en lo Económico. Lo interesante es cómo seleccionaron a la empresa para que se haga cargo de los comedores del SPF. No hubo concesión oficial, pero sí una invitación a candidatos que terminaron ganando los socios antes mencionados.

“Dentro del penal funciona una cantina en la que cobran alimentos con el 1000 por ciento de sobreprecio y, en época de pandemia, no venden alcohol en gel”. Un caso que revela la veracidad de los hechos es el costo de un paquete de yerba que en este lugar lo están cobrando a 200 pesos.

¿Pero quiénes son?

F&S es un emprendimiento gastronómico millonario donde otros importantes personajes son parte del negocio. Estamos hablando de los hermanos MahiquesEsteban y Juan Bautista, ambos ligados a la administración pública. También tenemos que nombrar a otro beneficiario de este emprendimiento, Leonardo Stanley, de F&S Group.

Un informe indicó que esta movida gastronómica en las cárceles les reporta a sus beneficiarios 200 millones de pesos anuales. Las condiciones de este acuerdo no favorecen al funcionamiento del servicio y empañan la actuación de la interventora.

Garrigós de Rébori es la fundadora de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima y una reconocida defensora de las reformas judiciales impulsadas por el gobierno K. 

Su actuación en el SPF como interventora iba a durar 180 días con el objetivo de mejorar las condiciones del servicio penitenciario. Aún no se sabe quién será el titular de la entidad y la gestión de la interventora tiene más puntos oscuros que claros, con “legítimos abonos” como herramienta favorita, ausencia de gestión frente a las problemáticas del servicio, proveedores cuestionados y un funcionamiento que en épocas de COVID-19 bien podría definirse como en terapia intensiva. 


(www.REALPOLITIK.com.ar)