EDENOR

EDENOR

BANCO HIPOTECARIO

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3ab76eea9c&view=att&th=1648a6d4d6c2fa40&attid=0.1&disp=safe&zw

UN OBJETIVO DIFÍCIL DE ALCANZAR

 La inflación sigue en niveles elevados y el gobierno no parece acertar con el diagnóstico para poder lograr una desaceleración, ni coordinar las expectativas del mercado, hoy tan desalineadas. La inflación nacional del mes de enero se ubicó en torno al 4%, emulando el último mes de 2020, que fue el más elevado de toda la serie. De esta manera, vuelve a concretarse una nueva suba de la medición anual, que para el primer mes del año se ubica en torno a 38,5%.

En particular, es preciso destacar un dato que apacigua un panorama desalentador y es que la inflación núcleo (que no tiene en cuenta los precios regulados por el gobierno ni que se encuentran alterados por fenómenos estacionales) se redujo 1 p.p. hasta 3,9% cuando en diciembre había alcanzado 4,9%. Esta vez, los precios regulados fueron los que apuntalaron el índice general al aumentar 5,1% en enero y es probable que esta dinámica se repita a lo largo del año a partir de las distorsiones de precios relativos que se han acumulado en 2020. Sin embargo, desde el discurso del gobierno y, sobre todo en año electoral, es posible distinguir que tratarán a toda costa de convalidar los menores aumentos posibles de los bienes y servicios regulados, pero la presión fiscal y la recuperación económica ponen en jaque esta estrategia cortoplacista.

Como se desprende del gráfico anterior, el gobierno aspira a finalizar el año con una inflación cercana al 29% según lo plasmado en el presupuesto. Para que esto ocurra, todos los precios de la economía deberían correr a un ritmo del 2% mensual de aquí al resto del año. Para ponerlo en perspectiva, esto no sucedió en los últimos 10 años, en donde el promedio de inflación mensual fue de 2,5% todos los meses y, como se mencionó previamente, aún queda el desafío de ordenar muchos precios que han quedado distorsionados en 2020 (telecomunicaciones, combustibles, prepagas, alquileres, créditos UVA, entre otros). ¿De cuánto son estas distorsiones? al cierre de 2020, los precios regulados aumentaron solamente 19%, cuando la inflación núcleo estuvo cerca de tocar 40%. El gobierno habilitó una suba de las tarifas de telecomunicaciones del orden del 5% y eso llevó rápidamente a que aquel segmento liderara el incremento de precios. Algo similar sucedió en diciembre con el rubro de salud, cuando el gobierno habilitó un aumento y su registro lideró la suba en todos los segmentos.

Como mencionamos anteriormente, las expectativas inflacionarias continúan muy desacopladas. Mientras que el gobiernos aspira a lograr una inflación del 29%, el mercado cree que estará cerca de 50% hacia fin de año. Y es que de continuar el mismo comportamiento de la inflación que el promedio de los últimos 3 meses, el aumento de precios quedaría por encima del 52%, avalando esta proyección.

Las herramientas que utiliza el gobierno para reducir la inflación parecen ser poco efectivas en el logro de sus objetivos. Las políticas se remiten a un aumento en el control de precios, buscando en paralelo un acuerdo de precios y salarios con empresarios y gremios, algo de lo que ya hemos escrito en este espacio por su poca capacidad de anclar expectativas. Estas estrategias solo funcionan en el corto plazo, pero fueron incapaces de contener la inflación en un período sostenido de tiempo si la estrategia fiscal y monetaria no acompañó el proceso de consolidación durante el mismo período.

Los controles de precios actuales se rigen a través de dos canales. El programa de precios cuidados, hoy ampliado y reemplazado por el anterior programa de precios máximos, que tan solo abarca al 4,1% del total de la canasta de productos, con lo que su alcance resulta limitado en la medición de la inflación y por otro lado, los aumentos de precios regulados que continuarán retrasándose en vistas de no convalidar mayor aumento de precios en los rubros donde el gobierno tiene injerencia (energía eléctrica, salud, telecomunicaciones, combustibles, etc.). Una definición que dejó esta semana el ministro de economía, Guzmán, tiene que ver con que los subsidios energéticos no aumentarían su peso sobre el PBI en el 2021 respecto de lo alcanzado en 2020 (1,7% del PBI). Si las proyecciones de crecimiento del PBI y de inflación se cumplen según lo esperado por el mercado, las tarifas deberían aumentar cerca del 52% para que no se genere un atraso tarifarios. Lo cierto es que dentro del gobierno apuestan que la suba solo sea del 10% nominal en el año, lo que generaría un retraso mayor y un aumento del gasto destinado a esta partida, teniendo que recurrir a un mayor nivel de emisión monetaria para poder sanear el nuevo agujero.

El último punto que queda analizar es que puede suceder con la evolución del tipo de cambio. En la primera quincena de febrero puede distinguirse que la estrategia de Crawling Peg que venía llevando adelante el BCRA permitiendo depreciaciones diarias de la moneda que acompañen a la inflación comenzó a ralentizarse, permitiendo un mayor atraso cambiario y poniendo menor retroalimentación a la evolución de los precios, volviendo a los mismos niveles de octubre de 2020.

La implementación de precios máximos, mayor control sobre la suba de precios regulados, una ampliación de los subsidios para no impactar en las tarifas y un mayor anclaje del tipo de cambio parecieran ser la combinación elegida para este año, similar a cualquier año electoral. Ninguna de estas cuenta con sustento en el largo plazo, sobre todo en una economía que empieza a dejar atrás sus niveles bajos de monetización y hoy cuenta con un nivel mínimo de reservas internacionales. Con la mirada puesta en las elecciones de octubre, el plan será un clásico: llegar como sea y después vemos.




invecq