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Si no pueden resolverse las causas del problema, hay que intervenir sobre sus efectos. Esta parece ser la consigna oficial implícita para enfrentar en 2021 la fuerte aceleración de la inflación en los últimos meses, que solo en diciembre tuvo una suba de 4% mensual (superior a la que registraron en todo 2020 varios países de la región) y en enero podría ser más alta, según estimaciones privadas.
Sin tantos tecnicismos, se trata en realidad de una apuesta política: llegar a las legislativas de octubre sin un desborde inflacionario o cambiario que complique las chances electorales del Frente de Todos. Después se verá.
El problema es que las expectativas están lejos de alinearse y, además, la experiencia indica que en la Argentina una inflación de 4% mensual (equivalente a 60% anualizada) traspasa un límite de tolerancia social. De hecho, una encuesta nacional realizada este mes por Ricardo Rouvier & Asociados revela que el 67% de los consultados cree que la inflación no va a bajar este año y 52% que controlarla es la cuestión más urgente que debe resolver el Gobierno. A su vez, la encuesta de expectativas de la Universidad Di Tella prevé una inflación de 45% promedio, casi 9 puntos por encima del cierre de 2020 (36,1%).
La receta de administrar la inflación no es nueva, pero tampoco significa que sea eficaz. Por lo general, la principal "ancla" fue atrasar el tipo de cambio real, como ocurrió en 2010/2013 y 2017, pero ahora no está disponible debido a la escasez de reservas y ausencia de financiamiento externo. Además, el BCRA viene ajustando el dólar oficial en línea con la inflación (40,4% en 2020 y 3,8% en enero) y gravita sobre los precios.
De ahí que el Gobierno recurra a otras anclas con la política de ingresos. Una fue la desindexación de las jubilaciones mediante el cambio en la fórmula de movilidad. Otra, el reemplazo de la ATP por el Repro II ($ 9000 mensuales) para los sectores críticos afectados por la pandemia. Y ahora prevé que en las paritarias del sector privado se acuerden aumentos en torno de 29% anual, pese al retroceso del salario real en los últimos tres años.
Por lo pronto, el veterano dirigente mercantil Armando Cavalieri acaba de hacer punta al acordar con las cámaras empresarias un incremento de 21% para el primer trimestre, fraccionado en tres cuotas mensuales de 7%, que tendrán carácter no remunerativo (sin aportes), al igual que el bono de $ 5000 que se percibe desde octubre y pasará a incorporarse en dos tramos a partir de abril, que completarán una suba de 29% en los básicos de convenio.
Otras anclas surgirán de reforzar los controles de precios en productos de primera necesidad y mantener el atraso tarifario con ajustes segmentados que por ahora resultan un misterio y en ambos casos sin ocuparse demasiado de la suba de costos, con lo cual se asemejan a un resorte apretado. Pan para hoy y hambre para mañana, diría Juan Carlos de Pablo.
Para influir sobre la "inflación de bolsillo", el Gobierno acaba de acordar además con los frigoríficos exportadores y las cadenas de supermercados rebajas de hasta 30% en los precios de 10 cortes de carne vacuna de mayor consumo interno, que serán revisados periódicamente. Pero su alcance es tan limitado como el impacto sobre el índice de precios al consumidor (IPC).
Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), explica que el acuerdo implica una oferta de 6000 toneladas mensuales, apenas 3,2% del consumo total de 189.000 toneladas por mes y que sólo 2 de cada 10 consumidores de menores ingresos compran en cadenas de supermercados. Además, salvo en el Mercado Central (de La Matanza), los cortes a precio promocional estarán disponibles los días miércoles, sábados y domingos de las primeras tres semanas de cada mes, por lo cual desaparecerán muy temprano de las góndolas. A su juicio, el acuerdo surgió por el temor a un cierre de exportaciones, como ocurrió con el maíz, que recordó las épocas de Guillermo Moreno cuando entre 2008 y 2009 provocó la liquidación de 12,5 millones de cabezas, un 20% del stock ganadero.
Otro acuerdo de escasa gravitación sobre el IPC fue la ampliación este mes del programa de Precios Cuidados para elevar a 660 el número de productos de primeras marcas, con un ajuste promedio de 6% hasta abril e incluir frutas y verduras, ya que esta canasta significa una ínfima parte de los miles de precios que releva el Indec. Paralelamente, el interés oficial por estos precios de referencia dejó en una zona gris a más de 2000 productos consumo masivo sujetos a precios máximos y que al cabo de casi 11 meses tuvieron dos ajustes del orden de 5/7%. Esta medida fue prorrogada hasta fin de mes y, si bien vence mañana, pocas industrias creen que quedará sin efecto en medio de la actual aceleración inflacionaria.
Como botón de muestra, el relevamiento de precios que realiza esta columna sobre una canasta fija de 30 productos en la misma sucursal porteña de una cadena de supermercados revela que en enero el ticket ascendió a $ 7918,7 con incrementos de 10,8% respecto de diciembre ($ 7142,6) y 50,8% frente a enero de 2020 ($5144,7). Sin embargo, el rasgo saliente es la disparidad, ya que en 12 meses acumulan alzas que van de 5 a 16% en gaseosas, hasta 133/135% en milanesas, supremas de pollo y zapallitos, pasando por 102% en papas, 54% en yerba mate y 8,7% en café molido. Hay sólo dos bajas: agua mineral en botella (-1,6%) y la variedad light de una gaseosa (-11,6%).
Néstor O. Scibona
