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La adquisición por parte de Mitsubishi (T:8058) del 25 % del capital de Bergé no necesitaba autorización al no tratarse de uno de los sectores sensibles incluidos en el real decreto-ley , de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19.
Así lo han asegurado a Efe fuentes del Ministerio de Industria, después de que un juez de Barcelona haya pedido a ese departamento el expediente sobre la autorización de dicha operación, para averiguar si hubo tráfico de influencias y trato de favor en este proceso con conocimiento de la ministra Reyes Maroto.
Las mencionadas fuentes señalan que un representante de CEOE consultó el 19 de marzo pasado a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones si dicha operación empresarial necesita ser autorizada a la luz del nuevo marco aplicado a las inversiones de fuera de la UE y ese mismo día se respondió que no era preciso porque no se trataba de un sector sensible.
No obstante, Industria advirtió de que la inversión debía ser comunicada al Registro de Inversiones antes de formalizarse.
El citado real decreto-ley, que limitaba las entradas de capital extranjero en empresas españolas durante el estado de alarma de marzo, señalaba entre los sectores sensibles los de infraestructuras críticas (energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, aeroespacial, de defensa y otros), tecnologías críticas (robótica, semiconductores, ciberseguridad y otros), suministros de insumos fundamentales, sectores con acceso a información sensible y medios de comunicación.
Por eso, al tratarse de una operación entre una empresa del sector de la automoción y otra de logística que no necesita ser autorizada, Industria no le dio ninguna trascendencia y lo gestionó como tantos otros durante la situación de emergencia sanitaria.
efe
