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Por Carlos Heller (*)
Muchas medidas anunciadas por el Gobierno son muy poco difundidas. Ello contribuye a generar un escenario de supuesto vacío que algunos opositores luego califican de ausencia de plan de gobierno.
Por ejemplo, esta semana se anunció que el Estado reintegrará hasta el 100 por ciento de los créditos a tasa subsidiada a otorgar como parte del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) a las empresas que contraten personal. Hasta ahora estos créditos eran concedidos a las empresas para que éstas pagaran sus sueldos y estaban sujetos a devolución. A partir de este anuncio, las compañías que tomen trabajadores durante los próximos doce meses serán beneficiados a través de la conversión de parte o la totalidad de esos préstamos en subsidios. Además, los beneficios y las metas de empleo serán diferentes según la cantidad de trabajadores que tenga cada unidad productiva. Se clasificará a las empresas en 4 tramos: de 1 a 9 trabajadores, de 10 a 39, de 40 a 199 y de 200 a 800. Las exigencias serán menores y los beneficios más importantes para las empresas más chicas. Por el contrario, a mayor número de empleados las compañías deberán cumplir con mayores requisitos. Se trata de créditos que ya de por sí son muy convenientes: tienen una tasa subsidiada del 15% con garantía del FOGAR, con tres meses de gracia, a ser devuelto en 12 cuotas. Los ATP son una política activa que, a pesar de la difícil situación fiscal que atraviesa el Estado como consecuencia de la pandemia y de sus efectos económicos y sociales, sigue destinando recursos al fomento del empleo y a la reactivación y el crecimiento de la economía. Es una iniciativa coherente con el discurso permanente del Gobierno, quien ha sostenido y sostiene que la salida no es con ajuste sino con un fortalecimiento del mercado interno y con crecimiento de la actividad económica. El primer paso para que eso suceda es que la gente tenga trabajo y tenga ingresos, porque si ello sucede entonces consume, si consume aumenta la actividad, y de ese modo se produce un círculo virtuoso. Estamos hablando de un país con un 50 por ciento de su capacidad productiva ociosa y que, por lo tanto, puede crecer rápido ya que no necesita de un proceso de inversión inicial, entre otras cuestiones. En la misma línea, en el marco de las medidas para reactivar la economía, el Gobierno lanzó un plan de 48 cuotas fijas a tasa subsidiada del 28,5% para quienes quieran adquirir motos entre cuarenta modelos producidos localmente. Se trata de vehículos que, en el escenario de la pandemia, sustituyen el uso del transporte público. El Gobierno espera un incremento del 20% de las ventas de los modelos incluidos, lo que significaría llegar a 17.000 unidades mensuales de estos vehículos. El presidente también lanzó esta semana un plan de inversiones para el fortalecimiento de la agricultura familiar, campesina e indígena por un monto total de 12.781 millones de pesos. Además, anunció la firma del proyecto de decreto de reglamentación de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, sancionada en 2015. Otra noticia importante es que el Estado se ha hecho cargo de prácticamente la totalidad de los corredores viales que estaban concesionados. De este modo, el Estado nacional vuelve a tener el control de la administración de estos corredores que fueron concesionados durante el menemismo y representan el paradigma de la perversidad de la política privatista. Con esas concesiones, estas empresas hicieron un inmenso negocio sin necesidad de invertir nada: con el contrato de concesión en la mano iban al banco, le cedían a éste parte de la cobranza futura a los que atravesaban ese peaje, y así obtenían la financiación para poner en marcha el negocio. Entonces, ¿por qué ese negocio se le concedió a un privado y no lo hizo el Estado? Bien: no hay razones para defender esa actividad como privada y, por eso, es una muy buena noticia que pase a manos del Estado. Todos estos anuncios, y muchos otros que se han hecho en las últimas semanas, son importantes porque ratifican una vez más el rumbo del gobierno, es decir, hacia dónde ha decidido ir. Medida tras medida, el gobierno va desplegando un plan que es el que Alberto Fernández propuso en la campaña electoral y que ratifica en la gestión: un modelo de crecimiento con la gente adentro.
(*) - Diputado nacional del Frente de Todos y presidente del Partido Solidario.
NA
Muchas medidas anunciadas por el Gobierno son muy poco difundidas. Ello contribuye a generar un escenario de supuesto vacío que algunos opositores luego califican de ausencia de plan de gobierno.
Por ejemplo, esta semana se anunció que el Estado reintegrará hasta el 100 por ciento de los créditos a tasa subsidiada a otorgar como parte del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) a las empresas que contraten personal. Hasta ahora estos créditos eran concedidos a las empresas para que éstas pagaran sus sueldos y estaban sujetos a devolución. A partir de este anuncio, las compañías que tomen trabajadores durante los próximos doce meses serán beneficiados a través de la conversión de parte o la totalidad de esos préstamos en subsidios. Además, los beneficios y las metas de empleo serán diferentes según la cantidad de trabajadores que tenga cada unidad productiva. Se clasificará a las empresas en 4 tramos: de 1 a 9 trabajadores, de 10 a 39, de 40 a 199 y de 200 a 800. Las exigencias serán menores y los beneficios más importantes para las empresas más chicas. Por el contrario, a mayor número de empleados las compañías deberán cumplir con mayores requisitos. Se trata de créditos que ya de por sí son muy convenientes: tienen una tasa subsidiada del 15% con garantía del FOGAR, con tres meses de gracia, a ser devuelto en 12 cuotas. Los ATP son una política activa que, a pesar de la difícil situación fiscal que atraviesa el Estado como consecuencia de la pandemia y de sus efectos económicos y sociales, sigue destinando recursos al fomento del empleo y a la reactivación y el crecimiento de la economía. Es una iniciativa coherente con el discurso permanente del Gobierno, quien ha sostenido y sostiene que la salida no es con ajuste sino con un fortalecimiento del mercado interno y con crecimiento de la actividad económica. El primer paso para que eso suceda es que la gente tenga trabajo y tenga ingresos, porque si ello sucede entonces consume, si consume aumenta la actividad, y de ese modo se produce un círculo virtuoso. Estamos hablando de un país con un 50 por ciento de su capacidad productiva ociosa y que, por lo tanto, puede crecer rápido ya que no necesita de un proceso de inversión inicial, entre otras cuestiones. En la misma línea, en el marco de las medidas para reactivar la economía, el Gobierno lanzó un plan de 48 cuotas fijas a tasa subsidiada del 28,5% para quienes quieran adquirir motos entre cuarenta modelos producidos localmente. Se trata de vehículos que, en el escenario de la pandemia, sustituyen el uso del transporte público. El Gobierno espera un incremento del 20% de las ventas de los modelos incluidos, lo que significaría llegar a 17.000 unidades mensuales de estos vehículos. El presidente también lanzó esta semana un plan de inversiones para el fortalecimiento de la agricultura familiar, campesina e indígena por un monto total de 12.781 millones de pesos. Además, anunció la firma del proyecto de decreto de reglamentación de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, sancionada en 2015. Otra noticia importante es que el Estado se ha hecho cargo de prácticamente la totalidad de los corredores viales que estaban concesionados. De este modo, el Estado nacional vuelve a tener el control de la administración de estos corredores que fueron concesionados durante el menemismo y representan el paradigma de la perversidad de la política privatista. Con esas concesiones, estas empresas hicieron un inmenso negocio sin necesidad de invertir nada: con el contrato de concesión en la mano iban al banco, le cedían a éste parte de la cobranza futura a los que atravesaban ese peaje, y así obtenían la financiación para poner en marcha el negocio. Entonces, ¿por qué ese negocio se le concedió a un privado y no lo hizo el Estado? Bien: no hay razones para defender esa actividad como privada y, por eso, es una muy buena noticia que pase a manos del Estado. Todos estos anuncios, y muchos otros que se han hecho en las últimas semanas, son importantes porque ratifican una vez más el rumbo del gobierno, es decir, hacia dónde ha decidido ir. Medida tras medida, el gobierno va desplegando un plan que es el que Alberto Fernández propuso en la campaña electoral y que ratifica en la gestión: un modelo de crecimiento con la gente adentro.
(*) - Diputado nacional del Frente de Todos y presidente del Partido Solidario.
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