Entradas
Como 9 años antes, las trabas para operar libremente forzaron a revisar el acceso a divisas para ahorro porque fomentaron más demanda. El ministro de Economía, Martín Guzmán, confía en poder evitar ese destino
Como en la experiencia de controles de cambio de 2011, las trabas a las compras minoristas de dólares tardaron esta vez unos pocos meses en mostrar ser insuficientes para contener el apetito de los ahorristas por la divisa.
Así como el ministro de Economía tuvo que salir al cierre de la semana a aplacar los pedidos de sus pares del Gabinete económico para eliminar al dólar ahorro que pone en jaque las reservas del Banco Central, en el primer cepo cambiario alcanzó con 9 meses de ventas reguladas para que las autoridades se decidieran, directamente, a prohibir las ventas para atesoramiento. A diferencia de aquella vez, en esta ocasión Martín Guzmán parece querer probar con otra alternativa.
En el primer cepo cambiario alcanzó con 9 meses de ventas reguladas para que las autoridades se decidieran, directamente, a prohibir las ventas para atesoramiento
Mucho de lo que se vive en el mercado cambiario hoy es un déjà-vu para los funcionarios de Alberto Fernández que también participaron de la administración nacional durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que empezó como un intento de frenar una corrida cambiaria a través de la regulación de la demanda, terminó siendo una seguidilla de parches que fueron cerrando cada vez más al mercado.
Inicialmente, en octubre de 2011 e inmediatamente después de la reelección de la ex presidenta, el cepo se impuso como un sistema de autorización previa por parte de la AFIP. Primero, el organismo decidía si la operación era consecuente con los ingresos de cada ahorrista para darle curso o rechazarla. Luego, directamente empezó a fijar los montos.
Pero nada de eso alcanzó. Entre noviembre de 2011 y mayo de 2012 los ahorristas compraron un promedio de USD 1,120 millones por mes en el mercado de cambios. La sangría llevó a que en agosto de ese año el Banco Central decidiera, finalmente, prohibir la compra de dólares para atesoramiento. Una medida que no se suavizó hasta 2014, luego de un intento de salto controlado del dólar dentro de los controles de cambio, cuando se creó el dólar ahorro, y que estiró el cepo hasta el cambio de Gobierno en 2015.
De la misma forma, el cupo de USD 200 establecido justo después de la derrota de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de octubre del año pasado tardó poco en mostrar sus límites. En agosto, luego de que la demanda por billetes y compras con tarjeta al exterior rondara unos USD 950 millones según una estimación basada en la recaudación del Impuesto PAIS que pesa sobre esas operaciones, la presión sobre unas reservas internacionales cada vez más pequeñas despierta rebeliones internas contra las ventas para atesoramiento.
Para hablar de ventas, sin embargo, hay que tener en cuenta que el cupo para minoristas tuvo dos meses de límite alto, establecido en USD 10.000 mensuales por persona, antes de que a fines de octubre 2019 ese tope se bajara a USD 200 por mes. En promedio, hoy salen más de USD 900 millones al mes.
Un punto en el que los controles de cambio vigentes y el antecedente de 2011 tuvieron una suerte diferente fue en materia de brechas entre la cotización oficial y libre. Mientras que a un año de impuesta la limitación de compra la diferencia llega al 67% -$78,63 versus $132- actualmente, ocho antes estaba en 31% ($4,80 contra 6,31 pesos).
En la diferencia de brechas pueden estar jugando distintos factores. Este año había comenzado con una amplitud bastante parecida a su antecesora hasta que, aislamiento social preventivo y obligatorio mediante, el Banco Central disparó la emisión monetaria para financiar al fisco hasta hacer crecer la base monetaria 82% interanual. Una cifra que opaca al ya de por sí importante 48% que creció la oferta primaria de dinero entre octubre 2011 e igual mes del año siguiente.
Sin embargo, el gap resulta más similar al que sufría el cepo 2011 si se la calcula respecto al dólar al que realmente acceden los ahorristas hoy. A diferencia de aquél entonces, sobre esas compras rige el impuesto PAIS del 30% que hace que los argentinos deban pagar en promedio $102 por dólar, lo que achica a la brecha al 29 por ciento.
Pulseada por el cupo de USD 200
El futuro de los controles de cambio está en juego en estos días. Con las reservas líquidas del Banco Central estimadas en torno a los USD 4.400 millones, la preocupación principal de Miguel Pesce es no gastar esa liquidez al precio de correr el riesgo de tener que permitir una suba del dólar oficial ante la falta de herramientas para contenerla.
La posición del Central, sin embargo, se encuentra con la resistencia del ministro Guzmán. La posición del titular de Hacienda, fortalecido tras la conclusión del proceso de canje de deuda, quedó explicitada el viernes pasado durante la presentación de los resultados de la reestructuración del tramo ley local, en donde aclaró que el dólar para ahorro va a continuar y que la prioridad es reducir la brecha para la que, aseguró, ahora cuentan con poder de fuego en referencia a los bonos en dólares en manos del Banco Central con los que aspiran a intervenir en los tipos de cambio paralelos.
“Nosotros entendemos que una brecha estable es un objetivo para un buen funcionamiento de la economía. Hoy tenemos condiciones distintas y poder de fuego distinto para intervenir y controlar esa brecha y vamos a ejecutar políticas para dejar esa brecha en situación de estabilidad, por ahora de estabilidad”, dijo.
La estrategia no está exenta de costos, porque al forzar al Banco Central a vender bonos daña su balance y transforma deuda en manos del sector público en obligaciones en manos del sector privado. Un movimiento equiparable a emitir deuda en momentos en que las tasas de descuento de esos bonos rondan el 12% anual en dólares.
Del lado de enfrente, en el Banco Central pelean por obtener consenso político para cerrar la canilla. El fin del cupo de USD 200, su reducción, su transformación en un cupo anual más bajo y hasta la autorización previa por parte de la AFIP, como en el antecedente de 2011, son las alternativas en estudio.
Matías Barbería
