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El "enfoque de almacenero" de la política económica actual está llevando a la Argentina a una catástrofe. Según esta forma de ver la economía, el problema que tiene nuestro país -único en el mundo que experimenta este raro fenómeno- es la falta de dólares; como solución, entonces, restringen cada vez más el acceso a personas y empresas a la compra de divisas en el mercado oficial. En el almacén este enfoque funciona; en la economía de un país, no. Porque no tiene en cuenta sus consecuencias sobre la confianza y la inversión.
Si restamos todas las reservas que en realidad son prestadas (como el swap del banco central de China o los depósitos que tienen los bancos en el BCRA como contrapartida de los depósitos en dólares del público), y sacamos también las que tienen algún costo reputacional en caso de convertirse en dólares, quedaban menos de 2000 millones de dólares a mediados de mes. Muy poco para un país como la Argentina.
Las opciones que enfrentaban las autoridades no eran fáciles. El problema es que el hecho de que haya pocas reservas torna la devaluación de la moneda local contra el dólar en algo casi inevitable. Solo es cuestión de tiempo. Y tiempo es lo que está intentando ganar el Gobierno.
La decisión tomada puede ser considerada como un "enfoque de almacenero" ya que partiría del siguiente cálculo: dado que la cosecha de soja y maíz ocurre en el segundo trimestre de cada año, limitemos aún más el acceso a los dólares hasta llegar a ese momento. El 44% de las exportaciones de cereales y oleaginosas se concentra, en promedio, entre abril y julio. Para el año 2021 se agrega además la expectativa de precios crecientes: la soja subió casi un 20% con respecto a un año atrás (aunque, por otro lado, la sequía es una amenaza).
Los dólares de la cosecha le permitirían al Banco Central aumentar sus reservas internacionales, lo que a su vez posibilitaría llegar a las elecciones de octubre de 2021 sin devaluar fuertemente al peso en el mercado oficial. Lo que deja de lado este enfoque es que, en la economía, las cosas son más complejas, y hay que incorporar los efectos de cada medida en la confianza, la inversión, el consumo y otras variables.
Es así como las medidas adoptadas asestaron un nuevo golpe a la credibilidad de la política económica. Se suponía que la reestructuración de la deuda abriría la puerta a una mayor normalización de la economía, con un levantamiento gradual del cepo cambiario. Sin embargo, las decisiones que se tomaron fueron en el sentido contrario. Para los individuos, resultaron en un cepo más caro (por la retención del impuesto a las ganancias), más limitado (porque los gastos con tarjeta en el exterior o de servicios importados van contra el cupo de 200 dólares por mes), y más engorroso.
A las empresas les impusieron una reestructuración forzada de los vencimientos de sus deudas en dólares hasta marzo de 2020. Un verdadero disparate. ¿Quién va a querer prestarles a empresas argentinas en este contexto? El problema es que, sin financiamiento, va a caer la inversión y, por lo tanto, el empleo. Los sectores que requieren fuertes inversiones de capital como la generación y distribución de energía y las telecomunicaciones se van a ver especialmente afectados. Con una extracción de petróleo y gas a la baja, va a haber que importarlos nuevamente.
El kirchnerismo es experto en estas lides: el balance comercial energético pasó de un saldo positivo de 6081 millones de dólares en 2006 a uno deficitario en 6579 millones en 2014 (ese déficit desapareció en 2019). El problema ahora es que no habrá dólares para esas importaciones: la escasez de energía asoma entonces en el horizonte.
La falta de entendimiento del impacto en la economía de las medidas dispuestas lleva a muchos a pensar que el Gobierno estaría dispuesto a cualquier cosa con tal de preservar dólares y evitar devaluar. De otra manera, no se podría entender la incipiente salida de depósitos en dólares de los bancos. Desde el anuncio de las medidas y hasta el 22 de septiembre, último dato oficial, esos depósitos cayeron en 329 millones, llegando a poco más de 17.000 millones de dólares. Lo paradójico es que no debe haber sistema bancario más sólido del mundo que el segmento en dólares del sistema argentino. Por cada 100 dólares de depósitos, los bancos tienen más de 80 dólares disponibles, sumando los billetes en las sucursales y los depósitos en el banco central. Es decir, la gente no huye de los bancos, huye de las potenciales medidas del Gobierno.
El problema, al final, no es la falta de dólares. Los problemas son la falta de confianza y el exceso de pesos. Las medidas adoptadas y la presentación del presupuesto los acrecentaron, en vez de atenuarlos.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, argumentó que el presupuesto 2021 pretendía ser "el ancla del esquema macroeconómico de transición".
El proyecto de presupuesto 2021 tiene, sin embargo, dos dificultades importantes como para convertirse en un ancla que permita tranquilizar expectativas. En primer lugar, está construido sobre supuestos que son difíciles de creer. Supone una inflación del 29% en 2021, un índice que se compara con una expectativa del consenso de economistas del 47,1%. Convengamos que hacer proyecciones de inflación en este contexto es muy difícil, y quizás ni unos ni otros terminen en lo correcto. Pero, más que un error, uno podría sospechar que la proyección oficial es una artimaña. Al subestimar la inflación, el presupuesto incluye ingresos fiscales menores de los que se darían si la inflación resulta más elevada. Los ingresos fiscales por sobre los presupuestados pueden ser dispuestos libremente, al menos una parte de ellos, por el jefe de Gabinete. Se convierten así en recursos discrecionales, una linda zanahoria para mantener lealtades políticas. De hecho, esta artimaña fue ya fue utilizada durante muchos años por el kirchnerismo. Para darle más credibilidad a las cifras fiscales, urge crear un consejo fiscal autónomo, como ya tienen Chile y Perú. Este consejo podría trabajar en conjunto con la Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo creado en 2016 con interesantes capacidades técnicas.
La segunda dificultad es que la idea es que el Banco Central financie 1 billón de los 1,7 billones de pesos de déficit primario (antes del pago de intereses) estimados para 2021. Parte de ese déficit iría a costear un fenomenal aumento de la obra pública, que más que triplicaría el monto gastado este año. Durante 2020, el BCRA ya le transfirió al Gobierno 1,6 billones de pesos, y podría superar los 2 billones para fines de diciembre. Esta cifra equivale a un 135% de todos los billetes y monedas que los argentinos tenemos en el bolsillo en este momento (para absorber parte de estos pesos emitidos para financiar al Gobierno, el BCRA vende a los bancos Leliq, las que crecen como una bola de nieve).
Este ritmo de financiamiento monetario es insostenible para un país como la Argentina. Todos los países del mundo están recurriendo a fuertes gastos fiscales para salir de la crisis creada por el Covid-19. Muy lindo concepto, pero no es para nosotros. Una forma de tranquilizar las expectativas en la Argentina hubiese sido converger a un déficit fiscal menor en 2021, y buscar financiar una parte con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de un acuerdo de renegociación de la deuda con ese organismo. El gobierno de Ecuador tardó tres meses para reestructurar su deuda pública y llegar a un acuerdo con el FMI. Aquí completamos solo la reestructuración de la deuda en casi 10 meses de gestión, y no sirvió para nada. Las medidas del Gobierno llevaron los rendimientos de los bonos argentinos a niveles cercanos al 15%, una tasa a la cual nadie querría prestar a las empresas de nuestro país.
Así, es tiempo de dejar de lado el enfoque de almacenero de la economía. Este, en el mejor de los casos, solo permitirá postergar la devaluación, pero dejando un tendal en la confianza y en la inversión y, por lo tanto, en la actividad y el empleo. En su lugar, se deben tomar medidas que nos lleven enfrentar los problemas fiscales que están detrás del exceso de pesos. Medidas que aumenten la confianza y, por lo tanto, la inversión.
Marcos Buscaglia
Economista. PhD (Universidad de Pensilvania); fue economista jefe para América Latina de Bank of America Merrill Lynch
