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La revolución del 4 de junio de 1943

Desde el golpe de Uriburu, en 1930, la política argentina cayó nuevamente en el terreno del fraude electoral. Para la elección presidencial de 1944, el presidente Ramón Castillo intentó imponer a su delfín, Robustiano Patrón Costas, destacado miembro de la oligarquía salteña y estrechamente vinculado con la Standard Oil. 

El candidato oficial no ocultaba su intención de abandonar la neutralidad, cediendo a las presiones ejercidas por los Estados Unidos desde 1941, en ocasión de su ingreso a la guerra. Esta posición era rechazada por la oligarquía pampeana, las Fuerzas Armadas y numerosos círculos de nacionalistas, liberales, radicales y conservadores. Sin embargo, la debilidad y fragmentación de los partidos de oposición volvían imposible encontrar una alternativa institucional en el marco de un régimen corrupto e ilegítimo.
En mayo de 1943 se creó la logia militar secreta GOU (Grupo de Oficiales Unidos), compuesta por un grupo de capitanes, tenientes coroneles, coroneles y oficiales que coincidían en su disconformidad con la situación política y económica. A principios del mes de junio de 1943, Castillo solicitó la renuncia de su ministro de Guerra, el general Pedro Pablo Ramírez, ante los insistentes rumores que lo vinculaban con la gestación de un golpe de estado. La decisión solo consiguió acelerar su concreción, y el 4 de junio el presidente fue depuesto. Poco después,
una proclama del GOU convocó a la “unidad de todos los argentinos”, postulando la necesidad de construir una sociedad basada en la noción de “justicia social”. 
El manifiesto denunciaba también los intereses oligárquicos asociados con el imperialismo, al tiempo que explicitaba el preocupante cuadro de situación existente: la segunda guerra mundial había agravado el estado de dependencia de nuestro país; el fraude, el peculado y la corrupción eran prácticas sistemáticas de todas las autoridades políticas del país desde hacía varios años; la clase política se había desvinculado totalmente de los grandes problemas del país y de las necesidades de los sectores populares; el hambre y la injusticia social desgarraban a la masa trabajadora y a los desocupados; los salarios eran insuficientes y los obreros de obrajes, ingenios azucareros y yerbatales soportaban regímenes de trabajo cuasi esclavistas; la previsión social era casi desconocida y las jubilaciones eran absurdas y solo cubrían a unas pocas actividades. 
En síntesis, había en el país 45 millones de vacas, pero los habitantes morían a causa de su debilidad y de las enfermedades endémicas. Era un país de “toros gordos y de peones flacos”.
La revolución de junio no fue la consecuencia de las presiones del establishment ni de la prédica de ningún partido político, sino la expresión militar de un estado deliberativo en que se encontraba inmersa la sociedad argentina, a consecuencia del vaciamiento de las instituciones políticas que había propiciado en su beneficio el poder oligárquico. Sin embargo, la condición secreta del GOU y la heterogeneidad política e ideológica de sus miembros permitían formular más interrogantes que certezas. Solo había un punto en común en todos ellos: su anticomunismo.
La composición del gabinete del primer presidente de la revolución de junio, el general Arturo Rawson, incrementó la incertidumbre, ya que estaba compuesto tanto por neutralistas que simpatizaban con el eje como por aliadófilos. De todos modos, quedaba claro que las Fuerzas Armadas eran un actor político autónomo, dando origen a lo que más adelante sería definido conceptualmente como “Partido Militar”, es decir, un partido con reglas de juego propias que distorsionaba el funcionamiento republicano.
La gestión del primer presidente del GOU fue breve y confusa. Apenas duró tres días en su cargo y, al no poder consolidar su liderazgo, debió dar un paso al costado. Con el desplazamiento de Rawson, quedaba de manifiesto que el GOU tenía el control de la situación y exigía que la primera magistratura estuviese en manos de alguien que fuese permeable a sus reclamos e iniciativas. El escogido fue el general Pedro Ramírez, cuyo hijo formaba parte de la logia.
Ramírez adoptó rápidamente una serie de medidas que fueron caratuladas como “fascistas” por parte de una oposición compuesta por beneficiarios o partícipes del “fraude patriótico”, como radicales y socialistas, o bien por los comunistas, siempre atentos a las indicaciones recibidas de Radio Moscú. Las decisiones más significativas del gobierno fueron el mantenimiento de la neutralidad, el establecimiento de la enseñanza religiosa en las escuelas, la disolución de los partidos políticos, la intervención de la universidad y la clausura de la CGT Nro. 2, de orientación comunista. Ramírez nombró al ultraderechista Jordán Bruno Genta como interventor de la Universidad Nacional del Litoral y, como ministro de Educación, al católico nacionalista Gustavo Martínez Zuviría (Hugo Wast).
La participación de católicos integristas y nacionalistas extremos que se habían mostrado simpatizantes del fascismo, como asesores o bien desempeñando cargos de segundo orden en la administración, fue presentada por los opositores como señal contundente de su pretensión autoritaria. De este modo, la agenda política era delineada en sintonía con el proceso de definiciones que, a nivel político e ideológico, tenía lugar por aquellos días en el marco de la finalización de la segunda guerra mundial, y la oposición a Ramírez planteaba que la disputa local era un episodio más de la lucha internacional de la democracia contra el fascismo.
Ramírez dispuso la rebaja de alquileres, que tuvo una recepción muy positiva entre los trabajadores y los arrendatarios rurales, así como la creación de una comisión investigadora del escándalo provocado por la ampliación por cincuenta años de la licencia de la Compañía Hispanoamericana de Electricidad (CHADE), concedida por el Concejo Deliberante porteño en 1936, a cambio del soborno de la mayoría de sus miembros. Como los partidos políticos tradicionales no mostraban mayor preocupación por la cuestión obrera, y el caso CHADE los involucraba hasta las fibras más íntimas, se limitaron a presentar estas disposiciones como un ejercicio “funesto” de la demagogia. 
La gestión de Ramírez dio algunos pasos significativos en el desarrollo de una política industrial y estratégica. El 10 de agosto de 1943 el presidente decretó la creación de la primera sociedad mixta industrial, prevista en la ley que había establecido la creación de la dirección General de Fabricaciones Militares, durante la gestión de Castillo. También se impulsó la explotación de la minería del azufre en la provincia de Salta, mediante la creación de las Industrias Químicas Nacionales, y se creó el Fondo de Crédito Industrial, que otorgaba créditos a bajo costo y largo plazo. 


(www.REALPOLITIK.com.ar)