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Mientras el titular de Desarrollo Social Daniel Arroyo cumple el aislamiento, la cartera ya trabaja en programas para mitigar y repensar la asistencia a los sectores más postergados.
Mientras cumple con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Daniel Arroyo continúa dirigiendo la cartera de Desarrollo Social, uno de los ministerios con más trabajo en el marco de la pandemia. Al mismo tiempo, y al igual que sucede en el resto del Gabinete, el ministro ya trabaja en la agenda pospandemia, en la que no se descarta una asistencia universal que contenga el impacto económico del coronavirus.
De hecho, con el objetivo de relanzar la agenda el ministro había viajado la semana pasada a La Rioja junto al presidente, Alberto Fernández, cuando la comitiva se enteró de que el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, tenía coronavirus. Debido al contacto que Arroyo mantuvo con el bonaerense, el viaje para mostrar la actividad productiva del resto del 85% del país (excluyendo al AMBA) quedó trunco. Pero no el trabajo.
Para encarar la agenda pospandemia, Desarrollo Social planea una inversión de $20 mil millones invertidos en el programa Potenciar Trabajo. “La salida a esta crisis va a ser con trabajo”, dijo Arroyo en diálogo con Ámbito. Al mismo tiempo, confirmó el funcionario, se va a mantener la asistencia alimentaria. “Va a seguir siendo necesaria”, argumentó el ministro.
La idea es volver al equilibrio que se estaba dando antes de que la llegada del coronavirus obligue a girar todos los fondos del Ministerio en asistencia alimentaria.
El Gobierno es consciente de que deberá encarar un programa de asistencia profundo, probablemente el más grande desde la crisis de 2001, para mitigar el impacto del coronavirus en los sectores más postergados. Como en aquella oportunidad, las organizaciones sociales serán –son- un factor clave para la llegada directa al territorio. En los barrios, ellas ya cumplen el rol de ser uno de los pilares de esta asistencia estatal, y dique de contingencia de las demandas sociales.
Es este marco, un segundo pilar en esta agenda pospandemia puede buscarse en el Ingreso Familiar de Emergencia, cuya continuidad se evalúa por estas horas, y representa una prueba hacia un ingreso ciudadano universal, habida cuenta de las desigualdades sociales que expuso el Covid-19 en nuestro país.
Desde el Gobierno no descartan la continuidad de una cobertura universal, aunque no necesariamente se trate del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Tanto en Desarrollo como en otras áreas de gobierno todavía se analiza la segmentación de la gran base de datos que dejó la inscripción a este programa: millones de personas que no estaban contabilizadas en ningún sistema del Estado, muchas de ellas inclusive sin cuenta bancaria.
Entre las medidas preparadas en este marco, la cartera de Desarrollo lanzó el Registro Único de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP), que busca “reconocer, formalizar y garantizar” los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector dándoles la posibilidad de facturar sin pagar el monotributo. “Se trata de categorías previas al monotributo social”, explica Arroyo, para que informales puedan acceder no solo a facturar a través del monotributo productivo, sino también de esta manera a una obra social.
En segundo lugar, se fusionaron los programas “Hacemos Futuro” y “Salario Social Complementario”. Adelantada por Ámbito en febrero, la medida contempla que los beneficiarios de ambos planes puedan alcanzar al menos el equivalente a un salario mínimo vital y móvil, a cambio de realizar un empleo, que podría ser tanto público como en el sector privado. El universo de quienes están incluidos en esta medida se estima en un total de 550 mil.
Dentro de este programa, el Gobierno busca impulsar el empleo en áreas como construcción, producción de alimentos, reciclado, empresas textiles y recuperadas, economía del cuidado y agricultura familiar.
En tercer lugar, está previsto impulsar la creación de bancos de máquinas, herramientas e insumos en los municipios. La medida fue pensada antes de la pandemia, pero con la llegada del coronavirus, los fondos que Desarrollo Social tenía asignados a este fin tuvieron que utilizarse para la compra de alimentos e insumos de higiene. La idea es que además de facilitar el trabajo, la tarea sea focalizada en pequeñas obras de construcción locales como mejoramientos de plazas, parques, escuelas, hospitales y centros de atención primaria de la salud.
En cuarto lugar, hay una apuesta al programa “Recuperar”, que establece una línea de asistencia específica para las empresas recuperadas con financiamiento no bancario a una tasa de interés del 3 por ciento anual para máquinas, herramientas o bienes de capital.
Teniendo en cuenta que varias pymes vieron reconvertido su sistema de producción y se reinventaron en el marco de la pandemia, esta asistencia financiera para las empresas recuperadas tiene como objetivo “promocionar el desarrollo económico y la inclusión social”. Al momento de escribirse esta nota, existen unos 70 proyectos.
Por último (por ahora), la Comisión Nacional de Microcréditos (Conami) puso en marcha un fondo de microcrédito que, a través de organizaciones administradoras y por medio de gobiernos provinciales y municipales, ofrece financiamiento para Proyectos Integrales de Desarrollo Territorial, que ofrece tasas del 3 por ciento anual, destinadas a dar respuesta rápida al desendeudamiento y la necesidad de escalar el volumen de las finanzas solidarias.
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