La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi indicaron estar en desacuerdo con la intervención y el proyecto de expropiación de la empresa Vicentin.
La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) y el Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi manifestaron en las últimas horas su desacuerdo con la intervención y el proyecto de expropiación de la empresa Vicentin.
La Uipba se mostró "en concordancia con las cámaras colegas, territoriales y sectoriales, que manifestaron su desacuerdo con respecto al anuncio de la intervención y el ulterior tratamiento del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional para la declaración de utilidad pública y expropiación de una empresa privada".
La entidad consideró "positiva la apertura de una instancia de diálogo empresa-gobierno para arribar a una solución, sin necesidad de recurrir a medidas extremas".
"Destacamos la necesidad de garantizar el efectivo respeto al principio de legalidad y a la seguridad jurídica, que constituye una condición necesaria para el desarrollo de las empresas privadas y las inversiones, componentes esenciales en la salida de la recesión económica, a partir de la producción y la generación de empleo", agregó.
Además, planteó que "es la empresa privada la generadora de progreso a través de su función productiva".
"Consideramos fundamental el respeto al Estado de Derecho, garantizando de tal forma la seguridad jurídica y transparencia, factores imprescindibles para que la iniciativa privada contribuya al desarrollo y concrete nuevas inversiones necesarias con el objetivo de dinamizar la economía de nuestro país y asegurar un crecimiento sustentable", concluyó.
Por su parte, el IAE General Mosconi afirmó que la expropiación de la empresa Vicentin es "una decisión inconveniente e inoportuna que debe ser revertida" y advirtió puntualmente sobre la inclusión en la operación a YPF, "agobiada por un pesado endeudamiento" y que "nada tiene que ver con la exportación de cereales".
Además, consideró que "una erogación estatal importante para adquirir la Compañía pueda agrandar un déficit fiscal que se ve agudizado por los requerimientos de la pandemia y la protección de sectores vulnerables".
Finalmente, señaló que la Argentina "está inmersa en un proceso de renegociación de su deuda que podría verse impactado negativamente por este tipo de decisiones".
telam
La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) y el Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi manifestaron en las últimas horas su desacuerdo con la intervención y el proyecto de expropiación de la empresa Vicentin.

La Uipba se mostró "en concordancia con las cámaras colegas, territoriales y sectoriales, que manifestaron su desacuerdo con respecto al anuncio de la intervención y el ulterior tratamiento del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional para la declaración de utilidad pública y expropiación de una empresa privada".
La entidad consideró "positiva la apertura de una instancia de diálogo empresa-gobierno para arribar a una solución, sin necesidad de recurrir a medidas extremas".
"Destacamos la necesidad de garantizar el efectivo respeto al principio de legalidad y a la seguridad jurídica, que constituye una condición necesaria para el desarrollo de las empresas privadas y las inversiones, componentes esenciales en la salida de la recesión económica, a partir de la producción y la generación de empleo", agregó.
Además, planteó que "es la empresa privada la generadora de progreso a través de su función productiva".
"Consideramos fundamental el respeto al Estado de Derecho, garantizando de tal forma la seguridad jurídica y transparencia, factores imprescindibles para que la iniciativa privada contribuya al desarrollo y concrete nuevas inversiones necesarias con el objetivo de dinamizar la economía de nuestro país y asegurar un crecimiento sustentable", concluyó.
Por su parte, el IAE General Mosconi afirmó que la expropiación de la empresa Vicentin es "una decisión inconveniente e inoportuna que debe ser revertida" y advirtió puntualmente sobre la inclusión en la operación a YPF, "agobiada por un pesado endeudamiento" y que "nada tiene que ver con la exportación de cereales".
Además, consideró que "una erogación estatal importante para adquirir la Compañía pueda agrandar un déficit fiscal que se ve agudizado por los requerimientos de la pandemia y la protección de sectores vulnerables".
Finalmente, señaló que la Argentina "está inmersa en un proceso de renegociación de su deuda que podría verse impactado negativamente por este tipo de decisiones".
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