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Las arbitrariedades de un Estado que compra mal y paga peor

El escándalo por las compras directas que realizó el Ministerio de Desarrollo Social pone a la Argentina en un sendero donde manda el gris. Es ese terreno en el que la discrecionalidad de un funcionario se impone a la regla de la transparencia.

Pero es también el marco que gobierna a un país en crisis permanente, en el que la falta o escasez de recursos trastoca todos los compromisos que puede asumir un gobierno, cualquiera sea su color político. Entre el Estado que compra y el Estado que paga, hay un túnel insondable, cuyas distorsiones son similares a las que padecen los que pagan los impuestos y al mismo tiempo deben recibir reintegros. Es como una teoría de la relatividad que afecta al dinero público, en donde nada vale lo que dicen los papeles, y mucho menos lo que representa en el bolsillo de las personas.
Para evaluar el caso actual, hay que hacer entonces una primera aclaración: no es lo mismo un kilo de fideos puesto en la góndola de un autoservicio que en el depósito de una dependencia pública. Los supermercados no son los mejores pagadores, pero ni se acercan a los tiempos del Estado. Los proveedores actuales tienen mercancía vendida a mediados del año pasado que fue entregada en el último trimestre del 2019 por la que todavía no cobraron. Esas operaciones están facturadas y por ellas corresponde pagar IVA, entre otros impuestos. Ni hablar de la inflación de todo ese período.
Vale un paréntesis: a los acreedores les pasa algo parecido. Recibieron un título por 100 que hoy vale cerca de 30 y del que cobrarán una parte en tres o cuatro años. Esa pérdida es lo que captura el riesgo país, que no es nada más y nada menos que el sobreprecio que cobran los inversores por prestarle a la Argentina (algo que hoy no sucede, claro).
El precio al que se le vende al Estado incorpora esta realidad, a la que a veces se suman también las condiciones de entrega. No es lo mismo llevar los fideos a Tucumán que a La Matanza. Por eso no es 100% comparable los precios de las licitaciones que los precios máximos fijados para las góndolas.
Este dato explica por qué no hay grandes empresas que participen de este sistema de compras. A las compañías de consumo masivo no les interesa financiar al Estado más de lo que lo hacen con la enorme presión tributaria argentina. El otro es la discrecionalidad del funcionario de turno.
La utilización de una herramienta de compras online fue dejada de lado por la emergencia, que impone tiempos de respuesta rápidos. Hasta ahí es entendible. Pero cuando se opera solo con un puñado de proveedores todo queda bajo sospecha. La moraleja es que aún en tiempos de pandemia, la transparencia ya es un bien irrenunciable. El Estado es el padre de muchas de estas arbitrariedades, y no solo las de las compras.

Hernán de Goñi
Director periodístico