Hizo su aparición ayer en sociedad el "Grupo Ad Hoc" que integra, entre otros, a BlackRock y Fidelity. Dice representar a más del 25% de los bonistas, con lo que su negativa abierta entorpecería la negociación.
El Gobierno presentó ayer ante la Securities and Exchange Commission (SEC) la oferta formal para la reestructuración de la deuda argentina y comenzó ya a correr el tiempo de descuento para que el país no caiga en default. Esto ocurrirá si para el 22 de mayo no hay acuerdo con, al menos, el 75% de los tenedores de deuda, algunos de los cuales ayer respondieron negativamente a la llamada. Sin embargo desde las dos partes se sabe que lo que comenzó es el período de negociación y que, como todo proceso de este tipo, empieza con las partes mostrando los dientes y asegurando que nada tiene sentido y que cualquier acuerdo está lejos. Hasta que las discusiones se tornen en diálogo y las partes sepan seriamente qué tanto se puede negociar. Y, eventualmente, desmantelar las posiciones extremas y terminar en un apretón de manos simbólico.dLo que comenzará hoy es el proceso donde el HSBC y el Bank of América deban justificar sus contratos y hacer su trabajo. Las dos entidades internacionales se comprometieron a acercar las partes y estudiar algún tipo de mecanismo de negociación y diálogo para luego acercar posiciones, si es que éstas aceptan. El raid terminará indefectiblemente el 22 de mayo, cuando se cumpla un mes de no haber realizado la liquidación del 22 de abril del Global 21, 26 y 46 por unos u$s503 millones, pago que, por orden ya dada del presidente Alberto Fernández, no se concretará. Como todo título, tiene unos 30 días más de plazo luego de su vencimiento para ser cubierto. La Argentina tendrá entonces hasta el 21 de mayo para cubrir ese dinero. Un día después, el país entrará en default. La intención oficial es que antes de esa fecha la negociación esté cubierta, que se haya logrado el porcentaje del 75% de aceptación y que, finalmente, el país no entre en default. Y que, en consecuencia, no haya ya que liquidar los tres pagos del Global. Si no, la suerte estará echada y será decisión del Gobierno si en situación de default mantiene o no la oferta para que, con el tiempo, quien quiera la acepte.
Ayer, luego de la presentación formal, todo comenzó con ladridos desde alguno de los grupos que representan a fondos de inversión internacionales. En este sentido hizo su presentación en sociedad el Grupo Ad Hoc de bonistas, que afirma contener a más del 25% de los propietarios de los bonos a ser renegociados, entre otros, a los poderosos Fidelity (que ya arruinó un proceso de reperfilamiento de vencimientos en la provincia de Buenos Aires) y el BlackRock, uno de los fondos que más dialogo tuvo con Martín Guzmán, hasta que decidió romper lanzas y asegurar que si no hay precisiones sobre el plan de ajuste fiscal del Gobierno no habrá aceptación de la oferta. Ante el pedido, el ministro de Economía rompió el diálogo y nunca más tuvo novedades de BlackRock, hasta el comunicado emitido ayer donde, en forma conjunta con otros varios fondos de inversión, afirma que “lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del Grupo y otras partes interesadas, las propuestas contenidas en el comunicado de prensa recientemente publicado no son propuestas que el Grupo pueda o vaya a apoyar”. Afirma también que “el Grupo considera que todas las partes interesadas en la Argentina deberán contribuir a una solución que ponga al país en el camino hacia el crecimiento sostenible y la estabilidad financiera.
Sin embargo, las propuestas incluidas en el comunicado de prensa no satisfacen ese objetivo y buscan colocar una parte desproporcionada do los esfuerzos de la Argentina para el ajuste a largo plazo sobre los hombros de los tenedores de bonos internacionales”. Todo indicaría que BlackRock y Fidelity ingresaron en zona de conflicto sin retorno. Sin embargo, en el último párrafo llama al dialogo afirmando que “el l Grupo está preparado para continuar el proceso de negociación en un esfuerzo por acordar mutuamente un camino hacia el futuro. En conjunto con las autoridades argentinas, el FMI y otros acreedores del sector privado y público del país, el Grupo confía en que se puede lograr una solución constructiva y pragmática a los desafíos actuales de la deuda argentina, que también se adhiera a las mejores prácticas internacionales para la reestructuración de deuda soberana”.
Con prudencia, pero en el mismo sentido, el último informe de Consultatio habla de la posibilidad de una línea de negociación abierta. Según el trabajo publicado ayer por la consultora financiera, “el Gobierno presentó al mercado una versión muy mejorada que aún sin resultar viable, alcanza para sentar a los acreedores a la mesa de negociación en un plazo breve”. Menciona sin embargo que “ la propuesta tiene dos problemas centrales: uno de valor (descontada al 12% de exit yield la propuesta vale u$s32, un déjà vu del valor de la oferta que realizó mismo Gobierno en el canje de 2005). Sin embargo, las diferencias con esa experiencia hoy son notables: i) la composición de los acreedores es completamente distinta; ii) están agrupados ya en comités de créditos coordinados, y; iii) la discusión es como evitar el default, y no como salir de él como en aquel momento.”
En general en lo que se coincide es en que si bien la oferta no sería aceptable para los acreedores, en general se destaca que da margen para la negociación, según un criterio que, tal como lo definió ayer este diario, se trata de un “poker de mentirosos”. El primer mentiroso son los bonistas, que aseguran que de ninguna manera aceptarán la oferta. El segundo es el propio Estado, que afirma que la propuesta es inmejorable. Los lineamientos generales, y ya oficiales, según la presentación de ayer ante la SEC, son los siguientes.:
Período de gracia de tres años. No se pagaría nada en 2020, 2021 y 2022.
Se pagaría un cupón promedio del 0,5% en 2023 y esas tasas irían creciendo hasta niveles que son sostenibles.
El interés promedio que pagaría la Argentina es del 2,33%.
La propuesta conlleva mayor reducción de intereses que de capital.
Se ofrece una reducción de capital de u$s3.600 millones, es decir una quita del 5,4% sobre el stock de deuda.
Se propone una reducción del pago de intereses de 37.900 millones, que equivale a una quita del 62%.
Bonos a reestructurar: 21 títulos elegibles (17 de ellos emitidos en los últimos 4 años), nominados en dólares estadounidenses, euros, y francos, con legislación extranjera.
Stock de deuda a reestructurar u$s66.238 millones (u$s41.548 millones emitidos en los últimos 4 años).
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