Entradas
No es un dato novedoso que el Fondo Monetario Internacional (FMI) tenga una imagen mayoritariamente negativa en la sociedad argentina. Y nadie habrá de escandalizarse por el hecho de que Alberto Fernández haya anunciado que su gobierno no piensa solicitarle al organismo financiero los desembolsos pendientes por unos 12 mil millones de dólares, previstos en el crédito stand by firmado con la administración de Mauricio Macri en 2018, porque "la solución no es seguir endeudándose".
El FMI ha perdido incluso credibilidad entre algunos de los economistas más ortodoxos de la Argentina. No pocos de estos analistas económicos cercanos a posiciones liberales advierten que el organismo crediticio internacional ha tenido una buena cuota de responsabilidad en el proceso de estanflación que hoy vive el país. En esos círculos se admite que el FMI es en parte culpable de lo que nos pasa, por haber apoyado un programa sustentado en una enorme bicicleta de deuda cuasifiscal y haber promovido un equilibrio de las cuentas públicas basado en una fuerte presión impositiva y en elevadísimas tasas de interés, que resultaron destructivas para la producción y el consumo.
"Lo que quiero es dejar de pedir y que me dejen pagar. No me presten más plata y déjenme desarrollarme para poder pagarles. No se puede calmar la borrachera tomando más vino." Las resonantes declaraciones del presidente electo durante una entrevista concedida a Radio con Vos probablemente hayan caído bien en sus votantes y hasta en quienes, ni desde la izquierda ni desde la derecha, comulgan con el FMI. Pero tal vez le faltó decir que la verdadera borrachera argentina no pasa por la deuda, sino por el afán del Estado por gastar mucho más de lo que puede, alimentando un déficit crónico, cuyas consecuencias son la inflación y el endeudamiento también crónicos.
El flanco que dejan abierto esas afirmaciones es que prescindir de los desembolsos pendientes del FMI plantea el interrogante sobre cómo cubriría la Argentina los abultados vencimientos de deuda de 2020. Las únicas alternativas son un más fuerte ajuste del gasto público, que Fernández descarta totalmente, o bien encarar una rápida renegociación de la deuda con los acreedores privados con una generosa extensión de los plazos de pago, para no caer en default. Y es sabido que, sin recursos adicionales del Fondo, es probable que la renegociación de la deuda con los bonistas tenga que ser encarada por el próximo gobierno con mayor dureza.
Otro problema que plantea la posición expuesta por el futuro jefe del Estado respecto del FMI es que se estaría dejando de lado la ventanilla a través de la cual se puede conseguir crédito a la tasa más reducida del mercado: alrededor del 4% anual.
La postura de Fernández recuerda a la decisión que tomó Néstor Kirchner a fines de 2005, cuando resolvió cancelar el total de la deuda que por entonces tenía el Estado argentino con el FMI, por 9810 millones de dólares que fueron pagados con reservas del Banco Central. Ese monto representaba el 9% de la deuda pública y alrededor del 36% de las reservas internacionales del país. Aquella medida fue justificada por la necesidad de ganar "libertad" frente a los condicionamientos del Fondo, pero tuvieron una complicada contrapartida: en adelante, la Argentina tomó deuda, tanto interna como externa, a tasas bastante mayores a las que imponía el FMI.
Algunos economistas estiman que el futuro gobierno no debería rechazar la posibilidad de acceder a los créditos pendientes del Fondo y desechar la alternativa de tomar deuda a la tasa más razonable de un mercado financiero del que la Argentina ha quedado afuera.
Para el economista de FIEL Daniel Artana, Fernández podría haber planteado el inicio de una negociación con el FMI. Lo cierto es que esa negociación tendrá que darse en algún momento necesariamente, puesto que la Argentina requerirá un mayor plazo para sus vencimientos de deuda con el Fondo. De acuerdo con un trabajo de la Fundación Embajada Abierta, el año próximo, la Argentina solo debería pagarle al organismo internacional 1597 millones de dólares en concepto de intereses, en tanto que en 2021 debería abonarle 5336 millones de dólares por capital e intereses. Sin embargo, en 2022, esa cifra saltará a 18.088 millones de la moneda norteamericana y, en 2023, se ubicará en 16.306 millones.
Según los especialistas, no hay posibilidad alguna de quitas de intereses o de capital en una deuda con el FMI. Sí sería factible una extensión de los plazos de pago, aunque difícilmente el Fondo deje de exigir a cambio el cumplimiento de determinadas metas fiscales.
Con su decisión de no reclamar los aproximadamente 12.000 millones de dólares pendientes del crédito stand by acordado con el FMI, Fernández nos está diciendo que no está dispuesto a someterse al programa fiscal del Fondo. Aunque muchos pueden imaginar que se anticipó a una decisión que el Fondo ya tenía tomada: no hacer más desembolsos a la Argentina, al menos por ahora o hasta que el plan económico del próximo gobierno, aún desconocido, dé muestras de ser consistente.
Existe coincidencia entre distintos analistas en que el tamaño de la deuda pública argentina con el sector privado y los organismos multilaterales respecto del PBI no es mayor que la de muchos otros países. Lo que sí debería inquietarnos es haber quedado al margen de cualquier acceso a un financiamiento razonable, hecho que debe asociarse a una grave crisis de confianza, que se profundizó con el resultado electoral.
Fernando Laborda
