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Sin lograr el respaldo suficiente, el Gobierno deberá esperar hastadespués de las pascuas para avanzar en su denominado plan de"blanqueo laboral".
El tratamiento del proyecto oficial que debía retomar hoy lacomisión del Trabajo del Senado quedó bloqueado por el previsiblefaltazo de la CGT y las dudas en sectores claves del empresariado, en donde hasta anoche mantenían un prudente silencio sobre losúltimos cambios a la iniciativa.
Esta situación convenció a los legisladores de aplazar hasta nuevoaviso la convocatoria a la comisión. Por este motivo, el ministro deProducción y Trabajo, Dante Sica, retomará las negociaciones enlos próximos días para reflotar la reforma del mercado de trabajo yobtener su foto en el Congreso, un requisito exigido por el FMI ensus recomendaciones.
"No hay condiciones para que el Senado trate un proyecto que nodiscutimos en la CGT", confirmó ayer a iProfesional el abogado dela central obrera, Federico West Ocampo.
El asesor de Héctor Daer, cotitular de la entidad sindical, aseguraque nunca recibió la versión oficial de las modificaciones queintentó presentar sobre tablas el martes pasado el senador deCambiemos, Roberto Basualdo. Finalmente, el plenario decomisiones convocado para ese día fue suspendido ante la decisiónde los representantes sindicales de retirarse del Congreso, lo queprovocó que Sica tampoco asistiera y se pasara a un cuartointermedio hasta este martes.
El distanciamiento del sector gremial obedece -dicen en eloficialismo- a los agregados de último momento sugeridos por Sicaa la normativa, que en lo central prevé la eliminación de multas yla eximición del pago de contribuciones a los empleadores porregularizar o contratar nuevos trabajadores, junto con unareducción de la indemnización y los fondos destinados a laseguridad social. Con mensajes y llamados, el equipo del ministro reventó desde elfin de semana los teléfonos de la cúpula sindical en la búsquedainfructuosa de una señal de apoyo. Las dificultades paraencaminar un acuerdo con la central obrera y loscuestionamientos internos al acuerdo de precios a cargo del propiofuncionario alimentaron la semana pasada la versión de surenuncia. En las últimas horas surgió otro conflicto: una asambleaen rechazo a 37 posibles despidos en el área de sistemas de lasecretaría de Trabajo.
Por lo pronto, el proyecto ya cosechó en el ámbito privado laadhesión de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara de Comercio y Servicios (CAC) y el foro empresarioIDEA. La entidad presidida por Javier Goñi se refirió al mismocomo una iniciativa "auspiciosa" que "tiene como objetivo lapromoción del empleo genuino y formal".
Con todo, el Gobierno no pudo aún capitalizar el espaldarazo de laUnión Industrial Argentina (UIA), que delegó el análisis de losúltimos cambios al vicepresidente Daniel Funes de Rioja en mediode un fuerte hermetismo. "Lo estamos evaluando y hay muchoenojo porque dieron por hecho que íbamos a estar de acuerdo", explicó a este medio un miembro del consejo directivo de la centralfabril.
La comisión de Trabajo del Senado encabezada por el senador porLa Pampa y sindicalista mercantil, Daniel Lovera, elaboró uncuadro comparativo al que accedió este medio sobre las principalescorrecciones hechas por Basualdo, entre ellas la restricción delalcance del artículo 11 por el que los empleadores que contratennuevos trabajadores serán eximidos de las contribucionespatronales a la jubilación por el plazo de dos años desde suregistración.
La nueva versión especifica que "el empleador gozará de estebeneficio siempre que este trabajador produzca un incremento enla nómina de personal" y "se dejará de percibir si registra unareducción de la nómina".
De ese modo, se busca proteger a las empresas de sanciones frenteal posible uso del monotributo o las pasantías y de eventualesirregularidades cometidas por las firmas contratistas otercerizadas.El nuevo artículo 17, además, establece que las multas yagravamientos indemnizatorios previstos en casos deincumplimiento de la registración "no serán de aplicación cuandose trate de casos en los que se cuestione la naturalezaremuneratoria de un determinado concepto, la registración deencuentre realizada por un empleador solidario o directo, o se tratede programas de entrenamiento para el trabajo o inserciónlaboral".
La oposición en el Senado, sin embargo, mantiene sus dudas sobrela viabilidad del proyecto oficial por entender que no puede salir"entre gallos y medianoche" y que algunos de sus artículos"vulneran derechos" de los trabajadores.
Los asesores de Lovera apuntan contra el artículo 13 que fija unaindemnización del 25% del Salario Mínimo Vital y Móvil por faltade registración o incorrecta registración de la fecha de ingreso o dela remuneración, en lugar de calcularla sobre el sueldo devengado, como ocurre hoy.
Cuestionan el inciso "d" del artículo 3 que reconoce aportejubilatorios a los trabajadores solo por los últimos 60 meses (cincoaños) de servicios irregulares, sin computar aquellos por unacantidad mayor de años de trabajo. Y advierten que el nuevoartículo 17 no impide a los empresarios utilizar los beneficiosfiscales para "canjear" empleados viejos por nuevos.
Por otra parte, el "blanqueo" sumó duros cuestionamientos de laAsociación de Abogados Laboralistas (AAL) en un documentopublicado hace 10 días, en el que aseguran que la nueva versión, sibien modifica o elimina contenidos "regresivos" de los proyectospresentados en 2017 y 2018, mantiene "falencias estructurales" enun contexto de crisis económica "con crecimiento de los despidos".
Sindicalistas, entre dos presiones"Su verdadera finalidad es rebajar en forma definitiva los importesindemnizatorios por trabajo no registrado o incorrectamenteregistrado, desfinanciar el régimen de la seguridad social y hacerrecargar en los trabajadores y las trabajadoras los efectos de unacrisis económica que ellos no generaron", advierte la entidad queagrupa a los letrados del derecho laboral, en su escrito de 12páginas.
"Esas son las cosas que el sindicalismo le va a enrostrar a la CGT siapoya la propuesta oficial", reconoció un senador peronista conbuena llegada a la jerarquía sindical.
Por estas horas, los cotitulares de la entidad, Héctor Daer y CarlosAcuña, enfrentan las presiones del Gobierno por destrabar lainiciativa laboral, por un lado, y el reclamo de una mayorconfrontación, por otro, impulsado por los gremios durosenrolados en la central obrera y sus regionales disidentes.
Este sector encabezado por Hugo Moyano anunció el jueves pasadojunto a las dos CTA y los movimientos sociales un paro para el 30de abril en reclamo de paritarias libres, un aumento de emergenciadel salario mínimo y en rechazo a "todo intento de reformalaboral".
Lejos por ahora de esa postura, Daer asistió el lunes de la semanapasada junto a Andres Rodríguez (Estatales), Gerardo Martínez(Construcción) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) a la cena lacena anual del centro de estudios Cippec, donde Macri pidió unvoto de confianza ante más de mil dirigentes empresarios ypolíticos.
El descontento del ala dialoguista, al frente de la central obrera, trasciende la discusión sobre la formalización del empleo. También hay malhumor por la reasignación de fondos a las obrassociales. Luego de estudiar la letra chica del decreto, aseguran quees una mera "redistribución" para cubrir expedientes atrasados delSistema Unico de Reintegros (SUR). "Es una ingeniería de ungobierno de ingenieros, nada nuevo", disparó un hombre deAzopardo.
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