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La procuradora fiscal ante la Corte Suprema, Laura Monti, consideró que el diputado Felipe Solá (Red por Argentina) no está legitimado para reclamar judicialmente por el decreto que permite el blanqueo de capitales a familiares de funcionarios.
Solá había presentado un amparo sobre la inconstitucionalidad del decreto 1206/2016, que modificó la Ley 27.260 de Sinceramiento Fiscal, permitiendo a los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de los funcionarios poder acogerse en el régimen.
En un fallo de primera instancia, la jueza María Alejandra Biotti había fallado en contra de Solá. Pero tras la apelación del exgobernador bonaerense, la Cámara en lo Contencioso Administrativo revocó esa medida y le otorgó legitimidad. Ante ello, el Poder Ejecutivo recurrió por vía de la queja a la Corte Suprema y ésta le pidió opinión a la Procuración.
Es así que la procuradora se basó en una tradicional jurisprudencia que niega a los legisladores la posibilidad de cuestionar en los tribunales, dado que su órbita de acción sería exclusivamente el Congreso Nacional.
En ese sentido, Monti entendió que Solá no tiene una afectación individual que lo legitime para cuestionar el decreto y que no hay circunstancias excepcionales en este caso.
Al conocerse el dictamen, el diputado se expresó a través de Twitter. “El dictamen no es vinculante. Decidirá la Corte. Tampoco me sorprende. El Procurador recibe instrucciones del mismo Gobierno al que debería investigar”, dijo y agregó que “el blanqueo de familiares de funcionarios de Cambiemos es un acto de corrupción ilegal e ilegítimo”.
parlamentario
Solá había presentado un amparo sobre la inconstitucionalidad del decreto 1206/2016, que modificó la Ley 27.260 de Sinceramiento Fiscal, permitiendo a los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de los funcionarios poder acogerse en el régimen.
En un fallo de primera instancia, la jueza María Alejandra Biotti había fallado en contra de Solá. Pero tras la apelación del exgobernador bonaerense, la Cámara en lo Contencioso Administrativo revocó esa medida y le otorgó legitimidad. Ante ello, el Poder Ejecutivo recurrió por vía de la queja a la Corte Suprema y ésta le pidió opinión a la Procuración.
Es así que la procuradora se basó en una tradicional jurisprudencia que niega a los legisladores la posibilidad de cuestionar en los tribunales, dado que su órbita de acción sería exclusivamente el Congreso Nacional.
En ese sentido, Monti entendió que Solá no tiene una afectación individual que lo legitime para cuestionar el decreto y que no hay circunstancias excepcionales en este caso.
Al conocerse el dictamen, el diputado se expresó a través de Twitter. “El dictamen no es vinculante. Decidirá la Corte. Tampoco me sorprende. El Procurador recibe instrucciones del mismo Gobierno al que debería investigar”, dijo y agregó que “el blanqueo de familiares de funcionarios de Cambiemos es un acto de corrupción ilegal e ilegítimo”.
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