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Un nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia relativo a la cuestión jubilatoria volvió a centrar el debate sobre las múltiples problemáticas que enfrenta el sistema previsional argentino. Cuando el gobierno nacional pensaba que con la Ley de Reparación Histórica había logrado encaminar un conflicto que llevaba más de 10 años abierto, un nuevo recurso de un privado ante el máximo tribunal de Justicia indicó lo contrario.
Con la ley de Reparación Histórica de 2016 el Congreso intentó solucionar los dos factores que habían generado la subestimación de los haberes de millones de jubilados: la actualización de los salarios que dan lugar al cálculo del haber inicial, por un lado, y la movilidad posterior del haber jubilatorio, por el otro.
Sin embargo, la aceptación del acuerdo ofrecido por la Ley de Reparación Histórica, aunque fue muy importante, no fue total. Numerosos casos que ya tenían un proceso judicial en marcha decidieron continuar con el mismo en busca de un ajuste en sus haberes mayor al ofrecido por la Ley. La diferencia surge del índice utilizado por parte de la ANSES al momento de reglamentar la Ley de Reparación y el índice que los juzgados de la Seguridad Social habían aplicado en fallos previos, principalmente en el famoso fallo Elliff. Entre uno y otro índice en el período 1995-2009 (que es el que está en debate) se llegó a acumular una diferencia del 300% aproximadamente. Esta diferencia generaría un aumento en los haberes percibidos por los pasivos, que en el caso Blanco se calcula en torno al 30% pero podría ser mayor en otros casos particulares.
Más allá de los detalles de este fallo, el debate que vuelve a estar en boga es el de la sostenibilidad del sistema previsional argentino. De un lado de la sociedad se esgrime que los haberes percibidos por los pasivos no llegan a cubrir sus necesidades o no son justos en relación a lo aportado. Del otro, se hace hincapié en lo caro que ya es el sistema previsional en nuestro país, en la insuficiencia de los recursos provenientes de la clase activa y en la dinámica preocupante que muestra desde hace ya 10 años.
En el gráfico se puede observar con claridad el aumento del peso del sistema sobre el total de los recursos tributarios de la Nación. Mientras que en el año 2007 se destinaba el 33% de la recaudación tributaria nacional para pagar jubilaciones y pensiones (contributivas y no contributivas), diez años más tarde esa cifra llegó al 55% y proyectamos que alcanzará el 57% en año próximo. Es decir que, en una década, el gasto para sostener a la clase pasiva pasó de representar un tercio del total de los recursos tributarios nacionales a estar cerca de llegar al 60%. La contrapartida es obvia, mientras mayor sea la porción de impuestos destinados a este fin, menos dinero queda disponible para todo el resto del gasto público: infraestructura, educación, salud, etc.
En estos más de 10 años en que el sistema jubilatorio ha crecido de manera tan significativa podemos identificar tres etapas. La primera iniciada en los años 2006/2007 hasta 2013, que representó un crecimiento de 10 puntos porcentuales sobre el total de los ingresos tributarios del 33% al 43%. En esta primera etapa tuvo lugar la primera moratoria que implementó el gobierno kirchnerista y que significó el ingreso al sistema de millones de personas con menos años de aportes que los 30 exigidos por la ley o incluso con ningún registro de aportes. A su vez, a partir del año 2009, comenzó a ejercer presión sobre el sistema la fórmula de movilidad previsional que fuera modificada recién en diciembre del año pasado. Esto significó un incremento sustancial de los gastos pero que fueron parcialmente compensados por la expropiación de las AFJP y por una presión tributaria que venía en aumento por estos años. El segundo salto, de 43% a 47% en 2015 se explica por la segunda moratoria previsional. Se calcula que por las moratorias implementadas durante todo el período accedieron a una pensión o jubilación unas 3,4 millones de personas, llevando así al ratio de cobertura previsional al nivel más alto de todo Latinoamérica.
Por último, el tercer escalón, de 47% a 57% del año próximo responde a la implementación de la Reparación Histórica (es decir, al reconocimiento de deudas previsionales acumuladas desde el 2002) así como también a menores ingresos tributarios por parte de la Nación como consecuencia de la devolución del 15% de precoparticipación a las provincias y a que una economía estancada en términos de crecimiento de mediano plazo no permitió un mayor despegue de los ingresos.
En términos agregados, en una década el peso de las jubilaciones sobre la espalda de la recaudación nacional aumentó en más de 20 puntos porcentuales. A la luz de este preocupante horizonte cobra mayor relevancia la incipiente reforma previsional que pudo conseguir el gobierno en el Congreso en diciembre del año pasado. Aquella modificación de la movilidad intentó que la dinámica sea algo más suave y menos explosiva de lo que hubiera sido. Sin embargo, caben pocas dudas sobre la necesidad imperiosa de avanzar en una reforma mucho más consistente, que incluya fundamentalmente la eliminación de varios regímenes especiales, el aumento de la edad jubilatoria general tanto para hombres como para mujeres y un plan de largo plazo que logre reducir el trabajo en negro para poder contar con un mayor número de aportantes. De no hacerlo, una próxima crisis fiscal aparecerá a la vuelta de la esquina.
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