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Sin el acompañamiento de Cambiemos, la diputada Elisa Carrió presentó este martes, pasadas las 17, el pedido de juicio político contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, por “mal desempeño y eventuales delitos en el cumplimiento de sus funciones”.
El proyecto de resolución ingresó formalmente al Congreso en el primer día hábil de la semana, luego que la líder de la Coalición Cívica anunciara el sábado pasado por televisión que no esperaría para avanzar con la embestida, aunque había prometido posponerlo por “unos días”.
El pedido fue firmado por legisladores de su bloque, pero nadie del radicalismo ni el macrismo suscribió. Incluso en las últimas horas referentes del Pro lo criticaron.
En su presentación, la aliada oficialista denuncia la “intromisión” del funcionario en las competencias del Poder Judicial y el Poder Legislativo, a raíz de sus declaraciones sobre las detenciones de expresidentes, las cuales considera van contra “los principios rectores” de su fuerza política.
Carrió y los diputados de la CC no sólo mencionan que los dichos de Garavano están hechos con “imprudencia”, sino que son utilizados como el “punto de partida de nuestra fundamentación” por su “gravedad e implicancias”.
En este sentido, señalaron que el mismo día que el ministro dijo en declaraciones radiales que “nunca es bueno para un país que un presidente esté detenido o se pida su detención”, transcendió que la Cámara Nacional de Casación Penal iba a absolver al senador Carlos Menem por contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Algo que finalmente sucedió el día después.
También recordaron que, consultado sobre la situación de la expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner, el titular de la cartera de justicia expresó que en ese caso “no parece bueno el desafuero y la detención”.
Además, entre las causales, apuntaron por la decisión del Estado de desistir en la acusación contra los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, algo que calificaron como “protección política”; le atribuyeron la “manipulación” en los concursos para la designación de jueces y cuestionaron la contratación como asesora del Ministerio de la exprocuradora bonaerense María del Carmen Falbo, pese a “la gravedad de las acusaciones que pesan” sobre ella.
parlamentario
El proyecto de resolución ingresó formalmente al Congreso en el primer día hábil de la semana, luego que la líder de la Coalición Cívica anunciara el sábado pasado por televisión que no esperaría para avanzar con la embestida, aunque había prometido posponerlo por “unos días”.
El pedido fue firmado por legisladores de su bloque, pero nadie del radicalismo ni el macrismo suscribió. Incluso en las últimas horas referentes del Pro lo criticaron.
En su presentación, la aliada oficialista denuncia la “intromisión” del funcionario en las competencias del Poder Judicial y el Poder Legislativo, a raíz de sus declaraciones sobre las detenciones de expresidentes, las cuales considera van contra “los principios rectores” de su fuerza política.
Carrió y los diputados de la CC no sólo mencionan que los dichos de Garavano están hechos con “imprudencia”, sino que son utilizados como el “punto de partida de nuestra fundamentación” por su “gravedad e implicancias”.
En este sentido, señalaron que el mismo día que el ministro dijo en declaraciones radiales que “nunca es bueno para un país que un presidente esté detenido o se pida su detención”, transcendió que la Cámara Nacional de Casación Penal iba a absolver al senador Carlos Menem por contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Algo que finalmente sucedió el día después.
También recordaron que, consultado sobre la situación de la expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner, el titular de la cartera de justicia expresó que en ese caso “no parece bueno el desafuero y la detención”.
Además, entre las causales, apuntaron por la decisión del Estado de desistir en la acusación contra los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, algo que calificaron como “protección política”; le atribuyeron la “manipulación” en los concursos para la designación de jueces y cuestionaron la contratación como asesora del Ministerio de la exprocuradora bonaerense María del Carmen Falbo, pese a “la gravedad de las acusaciones que pesan” sobre ella.
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