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Se aplicó una ley de 1992 que determina que las diferencias de precios deben trasladarse a los usuarios en semestres futuros. Sin embargo, esta ley fue creada en la convertibilidad, cuando no había riesgos devaluatorios, y no estuvo vigente entre 2002 y 2017 por la Ley de Emergencia Económica, que protegía a los usuarios de los aumentos del dólar.
Luego de la controversia que generó la resolución de la Secretaría de Energía de la Nación que agregó a las facturas de gas un pago en 24 cuotas a partir de 2019, el secretario de Energía, Javier Iguacel, sostuvo en una entrevista con Mitre que se está aplicando una ley vigente desde 1992 y añadió: “No es una compensación por la devaluación. Eso es desinformación”. ¿Es así?
¿Cómo funciona actualmente el sistema del gas en la Argentina? Las distribuidoras (por ejemplo, Metrogas) le compran el gas a las productoras (por ejemplo, YPF). Al mismo tiempo, el precio en pesos que deben cobrar las distribuidoras a los usuarios se modifica dos veces por año -abril y octubre- con la realización de audiencias públicas. El problema es cuando el precio que pagan las distribuidoras a las productoras es distinto al que pagan los usuarios por el gas porque se acumula una deuda que alguien debe pagar.
Según se estipuló luego de la última audiencia pública de marzo, las distribuidoras le pagarían entre abril y octubre a las productoras un precio cercano a US$4,7 por el millón de BTU. Como en ese momento la cotización del dólar era cercana a los $20, las tarifas en pesos para el período abril-octubre se calcularon con ese valor de la divisa norteamericana.
“Hasta octubre las distribuidoras pagaron el gas como si el dólar siguiese a $20, a pesar de las devaluaciones de mayo y agosto. Como el precio del gas de las productoras está en dólares, a las distribuidoras se les fue acumulando una deuda con las productoras que se generó por la diferencia entre ese dólar pactado en marzo y el dólar actual (cerca de $40)”, explicó a Chequeado Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys) y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Por esta diferencia entre el dólar estimado en la audiencia pública y el dólar actual, es que las distribuidoras tienen ahora una deuda de $20 mil millones con las productoras de gas, según informaron desde el sector de Prensa de la Secretaría de Energía a Chequeado. Esta es la deuda a la que hace alusión la resolución oficial publicada el jueves último. Según el Gobierno, de estos $20 mil millones, la mitad (o sea, $10 mil millones) será pagada por los usuarios en 24 cuotas con intereses. Sin embargo, la resolución de la Secretaría de Energía nada dice de que los usuarios pagarán el 50%, sino que habla del recupero de “las diferencias” para todo el período.
Al ser consultados por este medio, desde la Secretaría de Energía de la Nación respondieron que “no se compensa ni beneficia a los productores por ninguna variación del tipo de cambio” sino que “se está cumpliendo con el marco regulatorio vigente desde 1992”.
La reglamentación de la ley promulgada en 1992 -que permitió la privatización de Gas del Estado Sociedad del Estado y estableció el marco regulatorio del sector- aseguraba que esta diferencia de precios se debería sumar a la tarifa “del período estacional siguiente”. “Como alternativa, en lugar de que fuera en seis meses, lo que propusimos es que sea en 24 cuotas, en lugar de seis”, sostuvo Iguacel.
“Este sistema regulatorio se implantó en la convertibilidad, cuando el dólar estaba uno a uno por ley y no había riesgo de devaluaciones”, sostuvo Bronstein, quien añadió que la resolución de Energía “es una compensación por la devaluación, aunque es lo que marca la ley”.
La resolución que firmó Iguacel ya fue judicializada. Según aclaró el propio Iguacel, será la Justicia quien defina si es correcta esta aplicación de la ley y las reglamentaciones, y si, por ende, corresponde que se pague este arancel.
¿Cómo se hizo en los últimos años? Esta ley de 1992 no estuvo vigente desde 2002 cuando se declaró la emergencia económica. En los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se prorrogó esta emergencia. “El precio del gas estaba dolarizado, pero si aumentaba el dólar también aumentaban los subsidios para que no aumente tanto la factura”, explicó a este medio Alejandro Einstoss, director académico del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (CERES) y especialista en temas energéticos del radicalismo.
Finalmente, a comienzos de 2018, el gobierno de Mauricio Macri no renovó la emergencia económica por lo cual la ley de 1992 volvió a ser el marco normativo, según explicó Iguacel en conferencia de prensa. Así es como, tras la primera fuerte devaluación, se aplicó este artículo de la vieja ley.
“Una vez que se altera la paridad de tipo de cambio, debería modificarse la posibilidad de traspasar todo a precios”, opinó Einstoss, quien aseguró que con el modelo actual -implementado inicialmente bajo la convertibilidad- las productoras y distribuidoras están blindadas por ley ante variaciones del dólar, que recaen completamente en los usuarios.
“Hay cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, tenemos que resolver que, si las diferencias son por tipo de cambio, ya no tenga que pagarlo el usuario. Pero eso nadie lo vio antes, la ley tiene 25 años y nadie se puso a estudiarla para cambiarla”, sostuvo ayer el propio Iguacel.
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