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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) prepara, en paralelo a la causa de los "Cuadernos de Centeno" que maneja el juez Claudio Bonadio, una denuncia contra los empresarios que hayan confesado el pago de coimas o "aportes", para los directorios de esas compañías y para las empresas de donde salieron los pagos. El organismo que maneja Leandro Cuccioli armó un flamante Grupo de Acción Fiscalizadora (GAF) que se concentrará exclusivamente en organizar, caso por caso, las presentaciones judiciales ante violaciones múltiples a las leyes impositivas, especialmente la Ley Penal Tributaria. Luego de varias semanas de evaluación interna, Cuccioli y sus principales asesores en delitos impositivos concluyeron que el organismo tendrá la obligación legal de realizar su propia investigación y posterior presentación judicial, ante la existencia de inevitables violaciones a las leyes tributarias. Y según los tiempos que maneja Cuccioli, lo más probable es que una vez que queden firmes las declaraciones de los empresarios y sus confesiones, y que Bonadio establezca el monto que estos aportaron a los funcionarios para acelerar obras públicas, campañas políticas, salvaciones en países latinoamericanos o cualquier otra opción; esa información será girada a la AFIP y la GAF comenzará a trabajar directamente sobre las compañías involucradas, sus directorios y la propia empresa.
Cuccioli acordó este mecanismo de acción con Bonadio el 8 de agosto pasado, cuando en el propio juzgado manifestó la voluntad colaboradora para los datos que pueda aportar la AFIP a la causa; pero además adelantó que se vendrá una etapa propia del organismo. Aclaró Cuccioli que es una obligación. Si no lo hiciere podría ser acusado de mal desempeño de las tareas de funcionario público. Los tiempos que ambos especularon son bastante rápidos para lo que en general marca la Justicia. Se habla incluso de concretar las primeras presentaciones serias antes de fin de año. Antes la GAF comenzará a trabajar sobre la actualización legal de los potenciales delitos y se preparará para diseñar los escenarios de posibles mecanismos de evasión.
La idea es que cuando desde el juzgado de Bonadio quede firme el monto y el tiempo en que los empresarios arrepentidos hayan concretado las maniobras de movimiento de dinero hacia los exfuncionarios kirchneristas, y sus declaraciones por ahora primarias queden en firme; sea el tiempo de abrir la causa. Esto puede ser aun antes de una resolución final del caso y sólo con la firma de los acusados de lo que hasta ahora confesaron como arrepentidos; aun antes que haya habido sentencia por parte de Bonadio. Sólo con el delito confesado en la parte de instrucción, aseguran en la AFIP, la causa ya podría estar abierta.
Los escenarios de acusación sobre los que se mueve la AFIP son tres. El primero, y más fácil de determinar, es sobre los propios empresarios que ya confesaron y los que lo harán en el futuro con los correspondientes delitos. Estos deben aclarar, además del monto exacto, de dónde salió el dinero, dónde figuraba en las cuentas de las empresas, cómo estaba declarado (si lo estaba), cómo fueron los movimientos contables dentro de los libros de las compañías, en qué entidades financieras estaba depositado (si es que circuló por alguna cuenta de algún banco) y, fundamentalmente, cuál fue el mecanismo de blanqueo interno dentro de las empresas. Pero además deberán explicar ante la AFIP, de qué manera fue la entrega del dinero, ya que el mecanismo también determina un delito.
La principal sospecha que siempre tiene la AFIP en estos casos es que los dineros que se utilizan para este tipo de pago en negro tienen dos tipos de movimientos internos. Y cada una es una opción de evasión y blanqueo. La primera, la más clásica, es la facturación de servicios inexistentes de consultoría o afines, con el objeto de generar gastos. El dinero de los honorarios de estos servicios se liquidan bajo el esquema de facturas truchas de sociedades creadas ad hoc, las que luego de recibir el dinero lo derivan a cuentas o directamente salen del circuito financiero. Fue el mecanismo utilizado en el caso Skanska de 2005, donde la multinacional usó como mecanismo para crear dinero para luego pagar sobornos, la emisión de unas 118 facturas apócrifas a unas 20 empresas fantasmas o irregulares (la más conocida fue la Infiniti Group). El delito fue reconocido por contadores y funcionarios de Skanska, pero por algún motivo judicial la causa quedó empantanada y bajo el paraguas de diferendos entre privados hasta noviembre de 2017 cuando el juez Sebastián Casanello la reabrió.
Otro mecanismo de blanqueo de dinero es la existencia previa de usinas de dinero en negro (muy común en la construcción), que directamente se van reservando en cajas paralelas y utilizadas para el momento de utilizar el efectivo. En este caso se trata de compañías con años de manejo de dineros ilegales, con la clave de no utilizar en ningún momento el sistema financiero (local o extranjero). El mecanismo sólo sirve para los gastos habituales y corrientes, y se complica cuando el requerimiento de fondos es inmediato y sin aviso previo.
En cualquiera de los casos, además de empresarios o gerente que haya realizado el pago, los responsables son el directorio de la compañía (que también recibiría sanciones de aplicarse la ley penal tributaria), y la propia empresa que sería multada por haber manejado dinero en negro dentro de la compañía o haber realizado operaciones de compra de facturas truchas para generar gastos.
Puntualmente, el confesor será imputado impositivamente por haber pagado las coimas, mientras que la compañía sería imputada por la omisión del impuesto; aplicándose seguramente la ley penal tributaria agravada. Esta se aplica cuando el delito supera los 4 millones de pesos; que a la cotización del viernes representaría unos 130.000 dólares. Hasta lo que se conoce, todos los arrepentidos superarían este monto.
ambito
Cuccioli acordó este mecanismo de acción con Bonadio el 8 de agosto pasado, cuando en el propio juzgado manifestó la voluntad colaboradora para los datos que pueda aportar la AFIP a la causa; pero además adelantó que se vendrá una etapa propia del organismo. Aclaró Cuccioli que es una obligación. Si no lo hiciere podría ser acusado de mal desempeño de las tareas de funcionario público. Los tiempos que ambos especularon son bastante rápidos para lo que en general marca la Justicia. Se habla incluso de concretar las primeras presentaciones serias antes de fin de año. Antes la GAF comenzará a trabajar sobre la actualización legal de los potenciales delitos y se preparará para diseñar los escenarios de posibles mecanismos de evasión.
La idea es que cuando desde el juzgado de Bonadio quede firme el monto y el tiempo en que los empresarios arrepentidos hayan concretado las maniobras de movimiento de dinero hacia los exfuncionarios kirchneristas, y sus declaraciones por ahora primarias queden en firme; sea el tiempo de abrir la causa. Esto puede ser aun antes de una resolución final del caso y sólo con la firma de los acusados de lo que hasta ahora confesaron como arrepentidos; aun antes que haya habido sentencia por parte de Bonadio. Sólo con el delito confesado en la parte de instrucción, aseguran en la AFIP, la causa ya podría estar abierta.
Los escenarios de acusación sobre los que se mueve la AFIP son tres. El primero, y más fácil de determinar, es sobre los propios empresarios que ya confesaron y los que lo harán en el futuro con los correspondientes delitos. Estos deben aclarar, además del monto exacto, de dónde salió el dinero, dónde figuraba en las cuentas de las empresas, cómo estaba declarado (si lo estaba), cómo fueron los movimientos contables dentro de los libros de las compañías, en qué entidades financieras estaba depositado (si es que circuló por alguna cuenta de algún banco) y, fundamentalmente, cuál fue el mecanismo de blanqueo interno dentro de las empresas. Pero además deberán explicar ante la AFIP, de qué manera fue la entrega del dinero, ya que el mecanismo también determina un delito.
La principal sospecha que siempre tiene la AFIP en estos casos es que los dineros que se utilizan para este tipo de pago en negro tienen dos tipos de movimientos internos. Y cada una es una opción de evasión y blanqueo. La primera, la más clásica, es la facturación de servicios inexistentes de consultoría o afines, con el objeto de generar gastos. El dinero de los honorarios de estos servicios se liquidan bajo el esquema de facturas truchas de sociedades creadas ad hoc, las que luego de recibir el dinero lo derivan a cuentas o directamente salen del circuito financiero. Fue el mecanismo utilizado en el caso Skanska de 2005, donde la multinacional usó como mecanismo para crear dinero para luego pagar sobornos, la emisión de unas 118 facturas apócrifas a unas 20 empresas fantasmas o irregulares (la más conocida fue la Infiniti Group). El delito fue reconocido por contadores y funcionarios de Skanska, pero por algún motivo judicial la causa quedó empantanada y bajo el paraguas de diferendos entre privados hasta noviembre de 2017 cuando el juez Sebastián Casanello la reabrió.
Otro mecanismo de blanqueo de dinero es la existencia previa de usinas de dinero en negro (muy común en la construcción), que directamente se van reservando en cajas paralelas y utilizadas para el momento de utilizar el efectivo. En este caso se trata de compañías con años de manejo de dineros ilegales, con la clave de no utilizar en ningún momento el sistema financiero (local o extranjero). El mecanismo sólo sirve para los gastos habituales y corrientes, y se complica cuando el requerimiento de fondos es inmediato y sin aviso previo.
En cualquiera de los casos, además de empresarios o gerente que haya realizado el pago, los responsables son el directorio de la compañía (que también recibiría sanciones de aplicarse la ley penal tributaria), y la propia empresa que sería multada por haber manejado dinero en negro dentro de la compañía o haber realizado operaciones de compra de facturas truchas para generar gastos.
Puntualmente, el confesor será imputado impositivamente por haber pagado las coimas, mientras que la compañía sería imputada por la omisión del impuesto; aplicándose seguramente la ley penal tributaria agravada. Esta se aplica cuando el delito supera los 4 millones de pesos; que a la cotización del viernes representaría unos 130.000 dólares. Hasta lo que se conoce, todos los arrepentidos superarían este monto.
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