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La Guardia Civil se incautó el martes de documentación relacionada con el censo para el referéndum catalán de independencia del 1 de octubre, en la que según diversos medios sería la mayor incautación de este tipo para la consulta suspendida por la Justicia española.
El instituto armado confirmó a Reuters "diferentes actuaciones" en Cataluña, pero no hizo más comentarios sobre unos registros que, según los medios, han llevado al hallazgo de notificaciones para las mesas electorales del referéndum en una empresa de mensajería de Terrassa (Barcelona).
Una portavoz de Unipost confirmó los registros, pero no había nadie disponible para ofrecer detalles.
Posteriormente, un juzgado de instrucción comunicó que ha autorizado a la Guardia Civil a intervenir los sobres localizados en la sede de Unipost y a abrir uno de ellos para comprobar si se trata de tarjetas censales.
"De tener resultado positivo se solicita asimismo la intervención y apertura de la totalidad de la correspondencia identificada con las mismas características, la entrada y registro en las oficinas de la referida empresa", dijo en un auto un juez de instrucción en Terrassa.
Durante el día, furgonetas de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra permanecieron apostadas a las puertas de la empresa en la localidad barcelonesa, mientras docenas de manifestantes se congregaron para corear consignas como "fuera las fuerzas de ocupación" y depositar claveles en los vehículos policiales, según un fotógrafo de Reuters.
A última hora de la tarde, cuando una comitiva judicial salió del edificio en furgonetas de las fuerzas policiales, los manifestantes trataron de cerrarles el paso tirando vallas metálicas y sentándose en la calzada, ante lo cual la policía regional cargó para dispersarlos, según muestran imágenes de vídeo captadas por Reuters.
A continuación, un grupo de Mossos se refugió en un párking al verse perseguidos por los manifestantes.
El hallazgo se produce después de que el domingo las fuerzas policiales se incautaran de más de un millón de carteles y propaganda a favor del sí en una consulta que está paralizada por el Tribunal Constitucional español a instancias del Gobierno central.
El choque institucional, que ha llevado a la intervención de las cuentas de la región, ha cobrado fuerza en los últimos días, con numerosas iniciativas judiciales y policiales tendentes a paralizar un proceso que enfrenta también a la sociedad catalana.
El martes, en un aparente intento de fomentar la participación, aparecieron en Cataluña carteles falsos a favor del "no" firmados por PP, Ciudadanos y PSC, formaciones que no participan en la campaña y que han pedido a la población que no vote en un referéndum sin garantías legales y contrario a la Constitución.
En el frente judicial, tres alcaldes se negaron a declarar ante la Fiscalía, que la semana pasada ordenó citar a los más de 700 primeros ediles dispuestos a facilitar locales para consultar a la ciudadanía sobre su relación con España, según la Asociación de Municipios por la Independencia.
reuters
