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Los supervisores bancarios europeos y nacionales decidieron anoche poner fin a la agonía de Banco Popular (MC:POP) y adjudicárselo al mayor grupo financiero de la eurozona, Santander, por el precio simbólico de un euro tras constatar un alto riesgo de inviabilidad.
Ante la imposibilidad de ampliar capital o encontrar un comprador que permitiese aliviar su balance y con su cotización noqueada por la persistencia de rumores e informaciones sobre la salud de sus cuentas, la entidad ha sufrido en las últimas semanas una retirada masiva de depósitos que algunas fuentes cifran en unos 18.000 millones de euros.
En una operación de urgencia realizada en la madrugada del miércoles, el Banco Central Europeo (BCE) ordenó a las autoridades españolas ejecutar un plan de resolución sin inyecciones públicas y en el que los accionistas y los titulares de bonos convertibles y subordinados perderán su inversión.
"Un banco, si no tiene liquidez, no puede abrir al día siguiente", dijo el ministro de Economía español, Luis de Guindos, que en las últimas semanas defendía la solvencia del banco acosado por las preguntas de periodistas.
En un proceso "competitivo" que duró unas horas e instrumentado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Santander presentó la "única (oferta) que cumplía los requisitos de admisión": un euro a cambio de absorber Popular y asumir su saneamiento.
La oferta fue aceptada después de que el FROB recibiese una valoración independiente, realizada por el asesor financiero español Arcano, en la que se estimaban pérdidas de 2.000 millones de euros en un escenario central y de 8.000 millones de euros en uno estresado.
Para lidiar con este negro escenario y con una cartera de activos inmobiliarios y créditos problemáticos de 36.800 millones de euros, Santander realizará una ampliación de capital (coordinada por UBS (SIX:UBSG) y Citi) por valor de 7.000 millones de euros que no modificará sus ratios de solvencia.
De manera inmediata, provisionará 7.900 millones de euros para aumentar la cobertura de unos activos dudosos a los que será más sencillo sacar rentabilidad tras su saneamiento y en un contexto de precios al alza y aumento de compras en el mercado inmobiliario.
Aunque negó tajantemente presiones políticas para acudir a la llamada de emergencia en Popular, la presidenta de Santander, Ana Patricia Botín, dijo el miércoles que la operación muestra el compromiso de la entidad con el sistema y la nación.
"Esta intervención va a contribuir al crecimiento económico de nuestro país", dijo en una declaración pública. "(...) da certidumbre y estabilidad al sistema financiero español, que será aún más sólido tras esta operación, muestra el compromiso, una vez más, del Banco Santander (MC:SAN) con el sistema y con España".
SANTANDER SE ESTRENA EN LA CONSOLIDACIÓN NACIONAL
Botín dijo que la compra de Popular - la primera participación de Santander en el proceso de consolidación español - encaja con sus ambiciones de crecimiento y le permitirá convertirse en líder del negocio bancario en España, con una cuota de alrededor del 20 por ciento.
La entidad cántabra ha designado presidente de Popular a su director financiero y espera que la compra haga crecer su negocio bancario a partir de 2019 y genere sinergias de costes de 500 millones de euros al año a partir de 2020.
Otros bancos que supuestamente estaban estudiando pujar por Popular, particularmente la nacionalizada Bankia (MC:BKIA), "celebraban" la absorción por parte de Santander con un repunte del seis por ciento en bolsa.
EL ACCIONISTA ABSORBE EL DAÑO
España, que supuestamente había cerrado el proceso de reestructuración de su sector bancario con una inyección de dinero público de más de 53.000 millones de euros, no recurrirá en esta ocasión a "ningún tipo de ayuda ni apoyo público".
La operación es la primera de salvamento bancario orquestada bajo la Junta Única de Resolución, el mecanismo de rescate instaurado por la UE tras la crisis financiera y cuya voluntad es romper el molde del recurso a los fondos públicos.
Por esto, los accionistas del banco soportarán, junto con los titulares de bonos convertibles y subordinados (alrededor de 2.000 millones de euros), todo el peso de las pérdidas al ver amortizados sus valores sin ninguna compensación.
La entidad, fundada en 1926, ha tenido históricos vínculos con el grupo católico conservador Opus Dei, entre cuyos miembros figuran algunos accionistas relevantes.
Desde que Popular lanzase su última ampliación de capital en junio del año pasado a 1,25 euros, su valor se había desplomado un 75 por ciento, para marcar la víspera la última cotización de su historia a 31,7 céntimos, con una valoración bursátil de 1.300 millones de euros que hoy se queda a cero.
Dicha ampliación, por valor de 2.500 millones de euros, ha sido objeto de una serie de acciones colectivas de accionistas que podrían materializarse en demandas en los próximos meses y que, según diversas fuentes, también contribuyeron a la falta de ofertas competitivas ante la dificultad de asumir ese riesgo.
reuters
