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Hoy
más que nunca debemos consolidar el cambio. Claro que hay enormes
resistencias y personajes del pasado que hacen mucho ruido, pero no
nos confundamos: como dijo Hipólito Yrigoyen, todo taller de fragua
parece un mundo que se derrumba. Lo que estamos fraguando, con el
liderazgo del presidente Mauricio Macri, es una verdadera República,
con división de poderes, con sujeción a la Constitución y las
leyes, con desarrollo económico y con equidad social. Solo así
habremos derrotado ese flagelo intolerable en un país como el
nuestro, que es que un tercio de los argentinos viva en la pobreza.
Por
cierto, es una tarea de todos los argentinos. En un país que tantos
problemas tiene con la cultura de la legalidad, es imperioso que con
nuestra conducta cotidiana y nuestro compromiso cívico le demos
carnadura a una arquitectura institucional sólida que sirva de marco
para el despegue económico y la igualdad de oportunidades. No
podemos aceptar que haya jueces y fiscales sospechados de corrupción,
ni subordinados a los intereses de una fracción política. Por eso,
es necesario que la doctora Alejandra Gils Carbó, que ha dado
sobradas muestras de no ser independiente, deje su cargo. No cumple
el mandato constitucional de promover la actuación de la justicia en
defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad,
sino que encarna la garantía de la impunidad. Ha perseguido a un
fiscal independiente como José María Campagnoli por investigar las
acciones de lavado de Lázaro Báez. Maniobra constantemente para
ubicar fiscales de una insólita agrupación que ha partidizado como
nunca se había visto a nuestra magistratura, “Justicia Legítima”.
La única Justicia legítima es la que aplica la ley. La que la
tuerce para alcanzar determinados fines políticos y para proteger a
los amigos es absolutamente ilegítima.
Del
mismo modo, es vergonzoso que el juez Eduardo Freiler no haya podido
ser todavía suspendido en sus funciones y sometido a juicio
político. Su enriquecimiento patrimonial está a la vista, es
escandaloso y no ha merecido hasta ahora ninguna explicación
razonable, pero el kirchnerismo lo protege, como antes protegió a
Norberto Oyarbide. Un magistrado de esas características ha perdido
toda autoridad moral y no puede despertar la más mínima confianza
de la sociedad.
Otro
que parece gozar de una extendida protección, en este caso judicial,
es Julio De Vido, quien manejó por doce años las obras públicas
con “retornos” y precios inflados. Es absurdo cortar la cadena de
responsabilidad en sus inferiores. Lo ha dicho con todas las letras
hace pocos días el presidente Macri: “Si
el señor
De
Vido, que es un emblema, tiene demasiados amigos en la Justicia
Federal,
los jueces tienen que saber que (…) los argentinos queremos saber
la verdad“.
La
República es asunto de todos, no solo de quienes circunstancialmente
cumplen funciones públicas. No podemos permanecer indiferentes ante
quienes siguen socavando el Estado de Derecho. Debemos hacer oír
nuestra voz en todos los ámbitos. Somos muchos más los que creemos
en los valores constitucionales, pero si no luchamos por ellos las
minorías activas pueden doblegarnos. Lo dijo hace más de dos siglos
Edmund Burke: “Para que triunfe el mal, solo es necesario que los
buenos no hagan nada”.
