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Asegurar la paz social en el tramo final del año representará para las arcas del Estado un costo fiscal de $ 7500 millones. Esa cifra es la que el Gobierno destinará al pago de un suplemento de fin de año para jubilados y beneficiarios de la AUH y la excepción de una parte del aguinaldo de Ganancias, según acordó ayer con la conducción de la CGT. Además, el Ejecutivo definirá en los próximos días la posibilidad de otorgar un bono para los estatales de la administración nacional, en tanto que anunció que la semana próxima sentará en una mesa de diálogo tripartito a gremios y empresas para que consensuen la alternativa de una compensación salarial para los trabajadores del sector privado.
El paquete de beneficios descomprimió la tensión en la relación entre la administración macrista y la cúpula de la central obrera y puso en suspenso la amenaza sindical de concretar un paro nacional en los próximos días, pese a que los sectores cegetistas más combativos renovaron la presión por una medida de fuerza (Ver pagino 4). A la par, con la decisión de inyectar recursos en los sectores más vulnerables, el Ejecutivo busca alejar el temor de conflictos y protestas sociales generalizadas en el último mes de año.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el coordinador de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, fueron los encargados de oficializar las medidas en la Casa Rosada luego de un encuentro a puertas cerradas con el triunvirato cegetista, que integran Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, y otros referentes de la conducción sindical en la sede del gremio de Sanidad. "Hemos planteado respuestas y creemos que no debería haber un escenario para un paro", señaló Triaca y, tras remarcar "la posibilidad de diálogo y la búsqueda de soluciones de un Gobierno que escucha", señaló que el objetivo de las medidas anunciadas apunta a "contener a los sectores más vulnerables".
A su vez, desde la CGT, Daer y Schmid subrayaron los avances logrados en las negociaciones con los funcionarios, pero pidieron aguardar el resultado del diálogo con los empresarios por el bono del sector privado. "El paro no está descartado, pero se han encauzado parte de los reclamos. Falta ahora lo sustantivo que es este dialogo con privados", indicó Schmid.
Entre las medidas anunciadas ayer se estableció que los jubilados que cobran el haber mínimo recibirán en diciembre un bono por única vez de $ 1000. En tanto, quienes perciben haberes superiores a $ 5.661 recibirán una suma proporcional hasta un tope de $ 6.661. Ese beneficio, que se abonará con los haberes de diciembre, alcanzará a unos 4 millones de jubilados, alrededor del 80% de los pasivos.
A su vez, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán también en diciembre un suplemento por única vez de $ 1000 por grupo familiar. A ese plus se sumarán los beneficios de otros programas sociales, como los planes "Argentina Trabaja" y "Ellas", cuyos montos serán actualizados y se eliminará la incompatibilidad para el cobro de los programas, según confiaron fuentes gubernamentales y sindicales.
Por otra parte, en relación a Ganancias, se definió que quedarán exceptuados de tributar por el impuesto los medio aguinaldos netos de hasta $ 15.000 y hasta un tope de remuneración bruta de $ 55.000. Así, por ejemplo, los trabajadores con sueldos brutos de hasta $ 35.000 y que les corresponde un medio aguinaldo neto de $ 15.000 no sufrirán descuentos, en tanto que aquellos que perciban remuneraciones brutas de entre $ 35.000 y $ 55.000 solo tributarán Ganancias en forma proporcional por la parte de su aguinaldo que supere los $ 15.000 netos. De acuerdo con los cálculos oficiales, esa medida beneficiará a 1,2 millón de trabajadores y redundará en un ingreso adicional de bolsillo en diciembre de hasta $ 5000. En tanto, aquellos trabajadores que tienen sueldos superiores a los $ 55.000 brutos tributarán por Ganancias sin ningún beneficio.
Voceros gubernamentales indicaron a este diario que en conjunto, los beneficios para jubilados, beneficiarios de planes sociales y excepción de Ganancias representan para las cuentas públicas un costo fiscal de $ 7500 millones. Una parte de ese costo será solventado por las provincias, que dejarán de recaudar una fracción de los ingresos por la eximición impositiva del medio aguinaldo.
Ese cálculo no contempla un posible bono para los estatales nacionales, que el Ejecutivo comenzará a definir en los próximos días. Al respecto, las fuentes explicaron que el Ministerio de Modernización, que conduce Andrés Ibarra, realizará un relevamiento para determinar el pago de un bono de fin de año a los trabajadores de la administración pública nacional que no integran organismos descentralizados, que en la mayoría de los casos ya tiene acordado algún tipo de suplemento salarial.
El Gobierno quiere aguardar el resultado de las conversaciones entre empresarios y sindicalistas para definir el plus salarial que percibirán los trabajadores del sector privado, con el propósito de utilizar ese monto como referencia para la compensación a los agentes públicos. Ayer en la Casa Rosada no descartaron la posibilidad de que esa suma redondee los $ 2000, que es el piso del bono que los gremios reclamarán para los privados.
De cualquier manera la implementación de un suplemento a nivel del Estado nacional no será extensiva al ámbito de las provincias. La intención de la administración macrista es que cada jurisdicción evalúe la alternativa de conceder un beneficio a su personal según sus posibilidades financieras.
Al respecto, los funcionarios destacaron ayer que ya son varios los distritos que anunciaron que prevén otorgar un bono a sus trabajadores, como los casos de Córdoba, San Juan, San Luis, Chubut, Santiago del Estero y Salta, entre otras.
Las medidas anunciadas ayer fueron producto de una larga negociación de casi 4 horas que Triaca y Quintana mantuvieron con la conducción cegetistas, en la que no faltaron algunos momentos de tensión, según contaron dos participantes del encuentro a este diario. "Tuvimos momentos más y menos relajados", ironizó un sindicalista. Además del triunvirato, de la reunión participaron los dirigentes Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Francisco "Barba" Gutiérrez (UOM), Roberto Fernández (UTA) y Jorge Sola (Seguros).
Otro referente de la central obrera abundó: "Ellos (por los funcionarios) llegaron con una propuesta que estaba bastante lejos, hubo dos cuarto intermedio y nos fuimos acercando. Hay que esperar el diálogo con los empresarios, pero hubo avances muy importantes". También desde el Gobierno se mostraron satisfechos con el resultado de la reunión, a la que definieron como "positiva y fructífera".
En la CGT destacaron, además, que a pedido de la entidad el Gobierno revisó su oferta inicial de que la asistencia para los jubilados se extendiera –además– a los pasivos que cobran apenas un poco más de la mínima. Y celebraron que se haya aceptado abrir un espacio de diálogo social tripartito y que la convocatoria al primer encuentro, que se concretará el próximo miércoles, se establezca mediante un decreto presidencial (ver aparte). "Es muy positivo para avanzar en temas clave de mediano y largo plazo", remarcó un gremialista.
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