Tras fallo de la Corte, Edenor asegura que no habrá “facturas desproporcionadas”



El presidente de Edenor, Ricardo Torres, advirtió hoy que tras el fallo de la Corte Suprema que habilita el aumento de luz en la provincia de Buenos Aires van a “refacturar lo pendiente desde el 11 julio”, que fue cuando se frenó el incremento, y afirmó que el monto de las boletas no será “desproporcionado”.
Torres puntualizó que la decisión del máximo tribunal de rechazar la medida cautelar contra el aumento en la tarifa de energía no afecta a los usuarios de Capital Federal ni a los de los municipios de La Matanza y Pilar, a quienes “les rigen cautelares anteriores que todavía no llegaron a la Corte”.
En diálogo con radio Continental, Torres aseguró que luego del fallo que habilitó el incremento “se refacturará el consumo desde el 11 de julio, que es la fecha de la cautelar que lo frenó”, y reflexionó que “no es mucho el periodo que quedó afectado”, por lo queesperan que “a ningún consumidor, cliente, le llegue una factura desproporcionada”.
“Capital Federal sigue igual, con el aumento dispuesto el 1 de febrero y el pago mensual. A La Matanza y a Pilar les rigen cautelares anteriores que no llegaron a la Corte. Siguen sin que se les aplique el aumento y se les ha acreditado lo que pagaron de más desde el 1 de febrero”, agregó.
Consultado sobre la estimación de cortes de servicio para el verano próximo, admitió que “siempre va a haber cortes” porque “nadie planea una red para climas de 40 grados”.
“Edenor es una compañía que tenía hace 10 años, 10 a 12 horas de cortes por año por cliente. Hoy estamos en 25 horas promedio, por cliente por año. La promesa es en 5 años volver a la mitad”, aseguró Torres.
“Edenor invirtió como nunca en su existencia. Los cortes son un tema de inversión, sí, es el principal tema la inversión, no. El aumento extraordinario de la demanda, como es el 45% en una década, es algo que no se puede cubrir”, juzgó.
Además, afirmó que la empresa “tiene 25 años, pero subsidios recibió únicamente durante 12 meses, de febrero de 2015 al 31 de enero de 2016”, cuando el gobierno anterior “autorizó un aumento de las tarifas, pero las facturas se las mandó al Estado” y aseguró que el resto de los años “ayudó con préstamos para realizar las inversiones”.