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Si bien es evidente que la sociedad ha avanzado mucho en cuestiones de género, todavía quedan muchos aspectos relegados que colocan a la mujer en una posición de desigualdad frente a los hombres. Esta relación asimétrica se traduce en peores condiciones laborales para las mujeres, menos salario a igual trabajo, poco acceso a los cargos dirigenciales y, lo más grave, recurrentes femicidios.
Las evidencias de esta situación pueden verse en el día a día. Periódicamente se conocen casos de asesinatos de mujeres en distintos puntos del país. A pesar de contar con una legislación que castiga con más dureza los femicidios, queda aún mucho recorrido por delante para frenar la enorme cantidad de asesinatos. Otras señales tampoco son alentadoras.
El Poder Ejecutivo propuso dos hombres, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, para ocupar la Corte Suprema. No se contempló la equidad de género prevista por la Constitución Nacional y numerosos tratados internacionales. Con mujeres en el Superior Tribunal habrá una mejor comprensión y tutela para los temas de violencia de género.
En el ámbito privado, no es novedad la constante lucha que la mujer enfrenta para demostrar que merece las mismas oportunidades laborales. La mujer hoy no solo quiere trabajar sino que quiere formarse y proyectarse profesionalmente. Tampoco es novedad que si bien la mujer ha avanzado en esta lucha, alcanzando puestos gerenciales en grandes empresas, estadísticamente solo el 11% de esos puestos se encuentran cubiertos por mujeres en América Latina.
En ese sentido, el año pasado he presentado un proyecto de ley que promueve la equidad entre mujeres y varones, asegurando una mayor representatividad de género en los órganos de administración y representación en las sociedades comerciales.
El acceso de la mujer a puestos de toma de decisiones dentro de las organizaciones es una de las condiciones esenciales para el desarrollo de las prácticas de igualdad en el seno de las mismas. Sin embargo, este acceso de las mujeres a los cargos de dirección y/o toma de decisiones no representa una condición que pueda evidenciarse como una cuestión natural, dentro de las organizaciones de nuestro país.
Una legislación acorde como la que proponemos apunta a garantizar la igualdad entre mujeres y varones en el acceso al empleo, en la formación y promoción de profesionales, y en las condiciones de trabajo.
A su vez, la integración de la mujer en el mundo laboral plantea diferentes desafíos que deben ser considerados para que puedan alcanzar su máximo potencial sin encontrar obstáculos inherentes a su condición de género.
Un claro ejemplo de ello es la maternidad, que muchas veces puede llegar hasta plantear el problema de tener que elegir entre la carrera o la opción de una familia, si el tema no es abordado correctamente.
La mujer profesional también enfrenta otros dos desafíos: las brechas salariales y la segregación ocupacional. No nos cansaremos de pregonar que el acceso a un puesto de trabajo debe basarse en la capacidad y el talento de las personas. No descansaremos hasta que sea una realidad, cuando hablemos de inclusión social de la mujer en el mercado laboral.
Nuestro país en el año 1994, con la reforma de su Carta Magna, incluyó con categoría constitucional la Convención Internacional sobre todo tipo de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW), a través de su artículo 75 inc. 22. Al respecto cabe recordar que estos derechos son plenamente operativos.
Creo fervientemente que todo esfuerzo serio de un Estado y de la Comunidad Internacional por los Derechos Humanos requiere una atención específica y constante a los derechos humanos de las mujeres, porque en este mundo entramos todos: mayorías y minorías, hombres y mujeres, niños y adultos. Utilicemos esta fecha conmemorativa para reflexionar al respecto.
