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(Columna de Matías Carugati, economista jefe de Management & Fit)
Las cuentas del Estado Nacional muestran un desbalance insostenible a mediano plazo. Asumiendo para el último bimestre una dinámica de ingresos y gastos similar a la del resto del 2015, el desequilibrio financiero de las cuentas públicas habría sido superior al 6% del PIB (y 4% en la medición primaria), aunque estimaciones informales del equipo económico lo ubican en un rango del 7-8% del PIB. En términos comparativos, Argentina habría terminado el año entre el tercio de economías con mayor déficit del mundo, grupo que no incluye a ningún desarrollado y apenas a un puñado de países comparables como el nuestro. A nivel regional, el rojo fiscal local sólo habría sido superado por Brasil y Venezuela.
La sostenibilidad de las finanzas públicas exige una mejora del resultado fiscal. No hace falta aclarar que la persistente monetización del déficit deriva en un espiral inflacionario difícil de controlar mientras que, por otro lado, aún cuando el país se encuentra relativamente desendeudado, la posibilidad de financiarse con el mercado tampoco es ilimitada.
El problema es que no hay demasiada tela para cortar. Con una de las presiones tributarias más altas a nivel mundial, la posibilidad de aumentar los impuestos es baja. Por el contrario, las recientes medidas del Gobierno (retenciones, impuestos internos y Ganancias) apuntan a una relajación para ciertos sectores.
Actuar sobre el gasto se convierte en una opción obligada para intentar cerrar la brecha fiscal en el corto plazo, aunque la rigidez del gasto público complica cualquier intento de rebalanceo. De cada $3 que gasta el Gobierno Nacional, casi $2 se destinan a jubilaciones, salarios, planes sociales o subsidios económicos. Los primeros tres conceptos se mueven prácticamente en línea con la inflación (y deberían seguir haciéndolo), dejando poco espacio de maniobra para reasignar partidas. Tampoco hay mucho margen por el lado de los gastos de capital. La inversión pública apenas supera el 10% de las erogaciones totales y, por otra parte, la economía precisa más dinero destinado a este rubro para mejorar la productividad. En efecto, el Presidente desea poner en marcha un ambicioso programa de infraestructura.
El sinceramiento de las tarifas de servicios públicos constituye un paso lógico aunque costoso en términos políticos y sociales. Según CIPPEC, la reducción de estos subsidios aportaría un beneficio fiscal de entre 0,6-1% del PIB, es decir, 10- 17% del déficit financiero estimado para este año (15-25% del primario). En un segundo plano, se revisarán los contratos públicos y se buscará una mayor eficiencia en todas las áreas del Estado.
La clave para mejorar el resultado fiscal pasará por reactivar la economía. Teniendo en cuenta que las ganancias derivadas de recortar subsidios son moderadas, la presión tributaria no puede elevarse, la devaluación real no ayudará demasiado y las commodities no vendrán al rescate, del déficit se tendrá que salir creciendo. Precisamente, habrá que seguir al pie de la letra una de las máximas de John M. Keynes, que planteaba que el momento apropiado para la austeridad fiscal es el auge, y no la crisis. Fuera de la teoría, la historia reciente en la región también demuestra que el camino para lograr una mejora fiscal es trabajar sobre ingresos y gas tos pero en un contexto de crecimiento económico, ya que ello incrementa los recursos del Estado automáticamente (además de reducir el denominador del cociente déficit-PIB). Reactivar la economía tras cuatro años de estancamiento no es fácil ni será inmediato, sobre todo debido al impacto de la devaluación, pero es imperativo para torcer la dinámica fiscal.
En la transición hacia un resultado sostenible el Gobierno también deberá encontrar formas alternativas al financiamiento monetario. En 2015, el Banco Central habrá girado al Tesoro no menos de $180.000 millones (vía adelantos o utilidades), convirtiéndose en el principal factor de expansión de la base monetaria. Teniendo en cuenta que la política monetaria opera con rezagos, el sesgo expansivo de la gestión de Alejandro Vanoli continuará presionando sobre los precios y, ya liberado el cepo, el tipo de cambio oficial. A partir del recambio de autoridades y normalizada la situación cambiaria, el BCRA enfatizará la lucha contra la inflación, pero un programa monetario creíble requiere reducir la asistencia al Tesoro. De lo contrario será muy difícil moderar el ritmo de expansión del dinero. El anuncio de un programa fiscal no debería demorarse mucho más.
