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El Poder Ejecutivo presentó el martes 15 el Presupuesto 2016, como impone la Constitución. La ley de leyes, que empezará a tratarse en la Cámara Baja en los próximos días, contiene los siguientes presupuestos macroeconómicos para el siguiente año: un crecimiento del PIB de 3%, un dólar a $ 10,6 (promedio) y $ 11,2 a fin de año, un saldo comercial superavitario de U$S 4.040 millones, una tasa de inflación de 14,5% y un saldo fiscal primario de $4.000 millones.
“La lógica vuelve a ser voluntarista”, dicen desde Ecolatina. Hace tiempo que los presupuestos macroeconómicos de la ley de leyes dicen poco sobre el futuro y más aún la actual pues será ejecutada por un equipo económico distinto (muy distinto, en el caso de que se imponga Cambiemos y no tanto, quizás, si continúa el FpV en el poder) al que lo ideó. Nace, pues, con una debilidad de origen. “El resultado final va a ser muy distinto a lo que acaba de presentarse y, por lo tanto, hay que tomar estos números con pinzas. En primer lugar, porque está diseñado por un equipo económico que no lo va a ejecutar”, dice Rafael Flores, presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). “No hay que prestarle mucha atención al Presupuesto”, dice Maximiliano Castillo Carrillo, director de la consultora ACM. “Una vez que sepamos el resultado de la elección vamos a poder delinear un escenario macroeconómico con más probabilidades de ocurrencia”, añade.
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“Lo más relevante del Presupuesto es lo que nos dice sobre el 2015 más que lo que dice sobre el 2016”, dice Castillo Carrillo y señala que “para que se cumplan las pautas del Presupuesto sobre el cierre fiscal del 2015, el gasto debería crecer 20% en el segundo semestre” pero, advierte, “viene creciendo al 40%”. Es decir, es probable que el agujero fiscal de 2015 termine siendo mayor a los $ 138.730 millones estipulados en el actual proyecto. “Va a ser mucho más grande”, dice Castillo Carrillo.
Eso podría complicar al próximo Gobierno. “Las transiciones nunca son fáciles”, anticipa Nicolás Gadano, flamante director de la maestría en políticas públicas de la UTDT, y conocedor del otro lado del mostrador: fue subsecretario de Presupuesto durante la Alianza. “Muchas obligaciones del Estado pueden quedar colgadas y, el funcionario que llegue, antes que ponerse a usar el Presupuesto, tenga que dar espacio para cancelar esas obligaciones que no fueron devengadas correctamente”, explica Gadano. Emitir bonos puede ser una opción.
Pero lo que más preocupa a aquellos que deberán hacerse cargo de la economía a partir del 10-D es que no se incluyó la prórroga de la Ley de Emergencia Económica ni del Impuesto a los Débitos y Créditos (más conocido como Impuesto al Cheque), ni otros seis tributos, que vencen el 31 de diciembre. “Si bien el Presupuesto no prórroga la Ley de Emergencia Económica, los ‘superpoderes’ del Ejecutivo o el Impuesto al Cheque (que vencen el 31 de diciembre de 2015), no está dicha la última palabra: existe margen de maniobra hasta diciembre para que sea tratado en el Congreso, antes de que asuma el próximo presidente y haya recambio en el Parlamento”, explican desde Ecolatina. ¿Estará esperando el FpV los resultados de los comicios para tomar, o no, esa decisión? Si eso no ocurre, ¿qué margen de acción tendrán las nuevas autoridades, en el marco de un Congreso sin mayorías automáticas, para prorrogarlas?
“Proyecto de presupuesto 2016: ¿un fuerte ajuste fiscal para el próximo gobierno?”, se intitula el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). El motivo es que la ley estipula un crecimiento de los gastos totales de “apenas” 16,4% para el año que viene. “Si las autoridades se atienen al libreto reseñado en el Presupuesto será un año con fuerte ajuste del gasto, o bien deberá volver a primar la discrecionalidad en la asignación de mayores recursos si se impone la realidad fiscal de la última década”, explican. “Es un Presupuesto restrictivo”, acota Castillo Carrillo, y coinciden desde Ecolatina: “En política fiscal, lo que el presupuesto trasluce es un ajuste”.
Sin embargo, lo más probable es que el nuevo Gobierno vaya ampliando su capacidad de gasto. Así lo permite la reforma de la Ley de Administración Financiera sancionada en marzo de 2006. ¿Cómo? A través de DNU’s que luego deberán pasar por el Congreso. Por caso, según el diputado nacional Claudio Lozano, “el kirchnerismo gastó, entre 2003 y 2015, $ 2 billones por fuera del Presupuesto”. El próximo Gobierno quizás no tenga otra opción que usar el recetario que tanto criticó. El debate recién comienza.
Por
Alejandro Radonjic
