Por
Jorge R. Enríquez
Para que se
rechace una denuncia en una etapa tan temprana de la causa, debe ser
manifiesto que la conducta imputada, aun cuando se pruebe, no
constituye delito. Pero en este caso esa aseveración no puede
realizarse sin que se produzcan las pruebas ofrecidas por el fiscal.
Por lo demás,
algunos de los argumentos de Rafecas son insólitos. Alega que no se
puede sostener que Cristina Kirchner buscara encubrir a los imputados
por el atentado de la AMIA, cuando durante tantos años persiguió la
verdad en esa causa. Parece un argumento de un defensor, no de un
juez. Se trata de un razonamiento "ad hominem", del todo
improcedente. Así como se critica (y la Constitución de la Ciudad
de Buenos Aires lo prohíbe expresamente) el derecho penal de autor,
es decir, la condena a una persona no por los actos cometidos sino
por sus condiciones personales, tampoco se puede usar esa figura para
desestimar una denuncia.
No olvidemos que
Rafecas ha sido siempre permeable a las necesidades del
kirchnerismo. La Cámara que absolvió a De la Rúa por las presuntas
coimas del Senado tuvo consideraciones durísimas respecto de la
actuación de dicho juez. Hay que recordar también que Rafecas, en
un juicio en el que intervenía como juez, le envió mensajes al
defensor de un imputado (socio de Amado Boudou en la causa de
Ciccone) haciéndole recomendaciones sobre cómo actuar. Esa falta
gravísima debería ser motivo de su remoción. Ignora el magistrado
que un juez debe ser neutral e imparcial.
El fiscal
Pollicita apeló con argumentos muy sólidos. Esperemos que la Cámara
haga lugar a su recurso y revoque una resolución que la sociedad,
aun sin saber derecho, interpreta como lo que es: un manto de
impunidad para el poder.
Esa pretensión
de obtener un “bill” de indemnidad alcanza un punto alto de
preocupación, a partir de haber trascendido en las últimas horas la
existencia de una negociación entre el gobierno nacional y algunos
jueces federales. Hemos criticado duramente durante mucho tiempo la
afectación al principio de división de poderes por parte del Poder
Ejecutivo. Es la más evidente. Pero ese principio republicano se
puede violar también desde el Poder Judicial.
Que los
presidentes y los legisladores negocien entre ellos es normal. Más
aún, es deseable. Uno de los serios problemas que tenemos es la
dificultad del oficialismo en reconocer la existencia de otras
fuerzas políticas y acordar con ellas las grandes políticas de
Estado. La intransigencia, tan cara a los orígenes del radicalismo,
debe limitarse a los principios fundamentales y a las cuestiones
éticas. Todo lo demás puede y debe ser motivo de transacción. Eso
es la democracia.
Pero los jueces,
que no son electos popularmente y que no renuevan periódicamente sus
mandatos, sino que están designados en virtud de sus conocimientos y
sus valores, no deben "negociar" sus fallos. Su obligación
es dictar sus resoluciones de acuerdo a la Constitución, las leyes y
la jurisprudencia aplicable, sin otras consideraciones.
Por fortuna ese
fenómeno no es la regla en nuestra justicia, pero esas escasas
excepciones constituyen una realidad dolorosa, que debe ser conocida
en toda su dimensión por los argentinos.
Hay, desde
luego, muchísimos fiscales federales muy valiosos, como el doctor
Germán Moldes, a quien se ha intentado “apretar” de todas
formas, hasta sacándole el auto oficial, como si ello fuera a
hacerlo traicionar su deber.
Por eso, no me
canso de repetir que sin una justicia honesta, independiente,
confiable, no tendremos República. Y, sin República no hay
libertad.