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(Reuters) - Siendo una joven marxista a principios de los años 70, Dilma Rousseff fue encarcelada, colgada boca abajo y torturada con descargas eléctricas en pies, cabeza y pechos por la dictadura militar brasileña.
Pero hoy, como presidenta, Rousseff se niega a dar pasos para obligar a que oficiales militares de aquella época sean juzgados por tales abusos, convencida de que la estabilidad democrática duramente lograda por Brasil importa más que sus creencias personales o su pasado.
Su postura ha decepcionado a algunos activistas que creen estar más cerca que nunca de llevar a juicio a los líderes de la dictadura de 1964-1985 y a los que les ayudaron.
A diferencia de otros países como Argentina o Chile, los soldados brasileños de tiempos de la Guerra Fría nunca han sido castigados por sus crímenes contra los derechos humanos.
Los abusos del pasado han vuelto al debate público por las acciones propias de Rousseff. Una "comisión de la verdad" que nombró en 2012 para aportar nueva luz sobre los crímenes de la dictadura entregará sus conclusiones el miércoles en Brasilia.
El informe incluirá nueva información sobre las más de 300 personas que fueron asesinadas por la dictadura, al igual que casos en que compañías privadas ayudaron a los militares a identificar a activistas de izquierdas, según Rosa Cardoso, una de los líderes de la comisión.
El grupo también recomendará derogar -o, al menos, sortear- una ley de 1979 que garantiza la amnistía a los soldados para la mayoría de los abusos, para que los procesos puedan avanzar.
"La verdad no es suficiente", dijo Cardoso. "Queremos justicia".
Los militares aprobaron la amnistía -que también cubrió crímenes cometidos por grupos izquierdistas- como parte de una larga y cuidadosamente negociada transición a la democracia.
Para evitarla, es probable que se necesite una decisión de la Corte Suprema o la aprobación de nuevas leyes, indicaron Cardoso y analistas legales. Un proyecto que modificaría la ley está atascado en el Congreso por falta de apoyo político.
A principios de año, Rousseff resistió la presión de varios miembros de su propio Partido de los Trabajadores para convertir el cambio a la ley de amnistía en parte de su plataforma de campaña para la reelección.
Pero incluso ahora, a punto de iniciar un nuevo mandato el 1 de enero, no apoyará la causa, señalan sus asesores.
"Lo ve como un caso exclusivamente judicial", dijo a Reuters uno de sus principales colaboradores.
Preguntado acerca de la opinión personal de la mandataria sobre la posibilidad de que los soldados respondan por sus crímenes, teniendo en cuenta su propio pasado, el asesor indicó que "ella no hablará de eso. Sus sentimientos no importan".
