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En los últimos 45 días, una serie de hechos convergieron en colocar la corrupción del gobierno en el centro de la escena política. El disparador fue la escalada de investigaciones impulsada por Paul Singer desde Nueva York, sobre las ramificaciones de la ruta del dinero K, centrándose en 130 sociedades de Lázaro Báez con sede en Nevada. La ofensiva de Singer parece haber influido en la determinación de varios jueces federales locales para activar denuncias de alto impacto mediático. Encabezaron la lista María Servini de Cubría, con su allanamiento a una serie de clubes de fútbol indagando el destino de buena parte de las partidas destinadas a Fútbol para Todos, y Claudio Bonadío, que hirió directamente la imagen de CFK al allanar la semana pasada la sede de Hotesur, una sociedad propiedad de la familia presidencial y en situación totalmente irregular ante la Inspección General de Justicia. La evaluación política de éstos y otros hechos en preparación es que, probablemente con el aval del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, un sector de la Justicia Federal está decidido a que en el año electoral el Poder Judicial no aparezca como complaciente con la Casa Rosada.
Sin embargo, pese a que la corrupción alcanzó una centralidad inédita, la reacción opositora no sólo es leve sino que va muy por detrás de los hechos. El ejemplo más claro es la reforma del Código Procesal Penal -ya con media sanción del Senado- que, salvo en el caso de Ernesto Sanz, no mereció mayores comentarios por parte de ningún precandidato presidencial. Entre otros muchos artículos encaminados a manipular las investigaciones contra la corrupción, sobresale el artículo 5° del proyecto, que dice “Nadie puede ser perseguido penalmente ni condenado más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir los procedimientos fenecidos, salvo la revisión de las sentencias en favor del condenado”. O sea, una cláusula expresa para cerrarle el camino a la aplicación del instituto de la cosa juzgada írrita o fraudulenta, que podría derivar, por ejemplo, en la anulación de la sentencia del juez Norberto Oyarbide que en diciembre del 2009 sobreseyó apresuradamente al matrimonio Kirchner de los cargos por enriquecimiento ilícito, esto entre otros muchos casos más.
Una agenda electoral incompleta
Sin duda lo más significativo del nuevo escenario es que, mientras la corrupción va ocupando el centro de la escena política, las campañas de los dos precandidatos opositores mejor ubicados en las encuestas, Sergio Massa y Mauricio Macri, prácticamente eluden el tema o lo tienen como una prioridad tan baja que apenas se advierte. En el caso del PRO, apenas una sola legisladora, la diputada Laura Alonso, lleva adelante las denuncias contra la corrupción. No es un secreto que Mauricio Macri y su gurú Jaime Durán Barba estarían convencidos de que una revisión judicial de la década K generaría un clima de tensión política que le complicaría la gobernabilidad al futuro presidente. En la doctrina de Macri, la prioridad pasa por la agenda positiva, es decir, los temas de gestión y elude todo lo que signifique confrontación. Por supuesto que la decisión del PRO de no incorporar la lucha contra la corrupción como eje de campaña también tiene que ver con otros dos factores. Entre la presidente y el jefe de gobierno seguiría vigente un consenso que comenzó en vida de Néstor Kirchner, pero que tiene plena vigencia: el Frente para la Victoria y el PRO consideran como probable para el futuro una convivencia negociada entre ambos como oposición y oficialismo. Semejante proyecto de coexistencia sería inviable si se desatara un mani pulite con cientos de procesamientos a funcionarios y ex funcionarios a partir del 2003, empezando por la presidente. El segundo factor es que el principal asesor de Macri, su amigo Nicolás Caputo, mantiene lazos empresarios muy intensos con Julio de Vido y su equipo, lo que se hace extensible a su primo de aquél, Angelo Calcaterra, cuya constructora IECSA es beneficiaria de grandes obras públicas nacionales.
Pero el relegamiento de la corrupción de la agenda electoral alcanza con la misma intensidad a Sergio Massa. Sobre el tema, éste mantiene un discurso genérico, apoyándose en un proyecto de ley para declarar imprescriptibles los delitos de corrupción, que le preparó Adrián Pérez. Pero sobre los escándalos que surgen a diario Massa mantiene un estricto silencio y, sobre todo, no se le escuchó mención alguna a las responsabilidades de CFK en este proceso. El massismo está diseñando una campaña que gira en torno a la economía, la inseguridad y los temas sociales. Una agenda que quedaría descolocada si en Comodoro Py se sigue activando un núcleo de jueces y fiscales que impondrían los escándalos de corrupción en la primera plana de los medios. Obviamente, pesa en Massa el hecho de haber sido primero director de la ANSES y luego Jefe de Gabinete de CFK y que la mayor parte de su entorno, empezando por Felipe Solá, tuvo altos cargos durante el kirchnerismo. Pero hay una razón más para tanta moderación y es de naturaleza electoral. En el hipotético caso de que haya una segunda vuelta entre el PRO y el Frente Renovador, para ganar, Massa dependería de ganarse el voto de los sectores kirchneristas, que tendrían un peso decisivo. De ahí que el massismo mire hacia el futuro y prefiera sumir en el olvido el vaciamiento programado de las finanzas públicas llevado adelante por el kirchnerismo.
Así las cosas, el hecho de que Macri y Massa avancen hacia campañas lightcuando la justicia lo hace en sentido contrario, o sea, exhumando los delitos cometidos desde el poder a lo largo de doce años, puede generar consecuencias graves. Basta con preguntarse qué harán Massa y Macri si durante la campaña electoral son procesados miembros del gabinete nacional o, sin ir más lejos, elevada a juicio oral la causa Ciccone.
Sin duda que las vacilaciones de los dos candidatos opositores más fuertes le abren espacio a la tercera fuerza, UNEN, a la que pertenecen los principales impulsores de denuncias, como Gerardo Morales, Manuel Garrido, Gerardo Milman y obviamente Elisa Carrió. El problema, hoy por hoy, es que la crisis de UNEN y en particular de la UCR es tan profunda que es difícil predecir su resultado. Las alianzas que a nivel local están tejiendo los caudillos provinciales de la UCR con el macrismo y el massismo pueden atenuar el discurso anticorrupción de UNEN. Además, en este punto, la distancia que va desde el discurso critico más que moderado de Hermes Binner hasta las denuncias explosivas de Carrió, pasando por el juego de equilibrios de Julio Cobos, son sencillamente enormes.
