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Municipalidad de San Isidro. Gustavo Posse. Ex Subsecretario de Obras Públicas de la comuna sanisidrense. Arquitecto Fernando Romero. María Luciana Romero. Arquitecta María Sofía Bava. Organización criminal. Peculado. Lavado de dinero. Desvío irregular de fondos provenientes de plan federal de Vivienda y Urbanización Delitos de naturaleza federales como disparadores de la actividad criminal. La DEA sobre operaciones inmobiliarias en Uruguay y Bolivia. Defraudaciones a inversores. Composición mixta de la organización criminal. Símil con Sueños compartidos y hermanos Schoklender. Símil con el caso del arquitecto Walter Mosca en Nordelta y conexiones con el narcotráfico colombiano.
A más de nueve años de haber comenzado con el Plan Federal de Viviendas, el municipio de San Isidro no cumplió con el contrato. Recibió $ 410.852.650 para ejecutar 3.246 casas, aunque sólo construyó un tercio. Los vínculos del ex subsecretario de Obras Públicas con firmas encargadas de realizar las obras y un holding de empresas ubicadas en la misma dirección.
A comienzos del año 2005, el Gobierno Federal lanzó el subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios con el objetivo de erradicar los barrios de emergencia en el conurbano bonaerense. Fue así que San Isidro, con Gustavo Posse como jefe comunal, recibió $ 410.852.650 para construir 3.246 propiedades, de las cuales 1.882 se ubicaban en la popular villa La Cava. Allí, se edificaron sólo 309, representando un 16,41% del total estipulado.
Las obras tenían un plazo de finalización de cuatro años, por lo que la totalidad de las viviendas deberían haber culminado en 2009. Este mega proyecto que otorgó el Estado nacional al municipio de San Isidro constaba de edificaciones de residencias, mejoramientos de otras y desarrollo de infraestructura como asfalto, cloacas y agua corriente.
Lo relevante en este entramado delictual gira en rededor de la figura del arquitecto Fernando Romero, ex subsecretario de Obras Públicas del Municipio, quien se desempeñaba en el área que adjudicaba las licitaciones y al mismo tiempo, se relacionaba con las empresas constructoras del Plan Federal.
Nueve años después, sólo se construyó un tercio del total. Los fondos desaparecieron y las casas, también. En el medio de la aventura y de las promesas de Posse para urbanizar las villas miserias del distrito, se llevaron a cabo prácticas anómalas y suspicaces que derivaron en una investigación preliminar.
Desde el oficialismo apelaron a la justificación simple y fácil: los montos eran insuficientes. Sin embargo, existen dos argumentos que derriban los pretextos expuestos por la gestión Posse. El primero es que las partidas destinadas para la construcción de las viviendas dan un resultado elocuente: por cada casa, San Isidro tenía un presupuesto de $ 126.571, cifra nada reprochable para aquel año.
El segundo es aún más esclarecedor, ya que en el contrato firmado entre el Gobierno nacional, provincial y distrital, existe una cláusula, en la cual la municipalidad de San Isidro “se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por el Estado. A tal efecto, la comuna declara contar con los recursos municipales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas”.
Al gobierno bonaerense y nacional también les caben altos grados de culpabilidad. La Provincia, representada por la subsecretaría de Urbanismo y Vivienda y el Instituto de la Vivienda (IVBA), tenía que visar los certificados de avance de obra, orientar y supervisar los trabajos realizados en las construcciones. Luego de esto, los informes esgrimidos en ese entonces por la gestión de Felipe Solá eran transferidos a Nación, que posteriormente a través de la subsecretaría de Desarrollo Urbano se encargaba de trazar los avances físicos de la obra, en los cuales certificaron que las obras efectuadas tenían un cumplimiento de entre el 95 y el 100%.
Estos hechos podrían ser caratulados como asociación ilícita, peculado, fraude en perjuicio e la administración pública, lavado de dinero, insolvencia fraudulenta.”, y falsedad de documento público especialmente en la adulteración de la certificación de avance de obra. Asimismo, se materializaron otras prácticas inusuales, en donde el Municipio debía derribar las casas de las villas debido a la falta de espacio y allí mismo construir las propiedades del Plan Federal. Mientras tanto, los vecinos recibían “viviendas provisorias” hasta que se culmine con las obras.
La concejal del Frente Renovador, Marcela Durrieu, sintetizó que aún hay muchos vecinos que siguen viviendo en las casas provisorias; los techos son de chapa, tienen letrinas que no son baños, hay cloacas al aire libre. Es vergonzoso, dijo.. Estas no fueron las únicas irregularidades. La cancha se embarró más con el proceso adjudicatario de empresas en las cuales están involucrados el entonces subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Fernando Romero, y su hermana, María Luciana Romero.
El arquitecto Fernando Romero fue subsecretario de Obras Públicas en la gestión de Posse hasta el 16 de enero de 2009. En el decreto N° 93/2009 de su renuncia manifiesta que deja el cargo “a los fines de poder desempeñarse como presidente de la Fundación Weitz Center Internacional en Argentina, organización no gubernamental, de carácter empresarial”. La DEA tiene puesto los ojos sobre la actividad de dicha fundación supuesto vehículo por donde se produjo el desvío de fondos federales para ser aplicados al plan federal de vivienda y urbanización.
Sin embargo, los rumores que corrían eran que Romero se alejó porque su labor en la Secretaría estaba hackeada por las suspicacias en las adjudicaciones de las empresas en el Plan Federal de Viviendas. El presidente del Centro de Orientación, Defensa y Educación al Consumidor de San Isidro (CODEC), Pablo Chamatrópulos, confirmó este trascendido y dijo a Desafío que “Romero tuvo una salida muy traumática de la Municipalidad a raíz de todo este tema, esta situación fue muy conflictiva por la falta de respuesta de Posse”.
El 22 de diciembre de 2003, aparecen en el directorio de Construcciones del Pilar SRL Fernando Romero, María Luciana Romero (hermana) y una arquitecta nacida en Francia, María Sofía Bava. Recién el 22 de enero de 2007 (el Plan de Viviendas ya estaba en plena vigencia), Romero cede sus acciones en la empresa y las distribuye entre su hermana y Bava.
El 15 de abril de 2008, cambia el nombre de la compañía y pasa a denominarse “Syrah Global SA”. Esta administración está bajo el mando de María Romero, aunque el ex subsecretario de Obras Públicas de San Isidro es quien controla la empresa. Una muestra fiel de esto es que en el Congreso Real Estate Uruguay 2013 (se lleva a cabo en el país vecino) Romero realizó una exposición y fue presentado como “presidente de Syrah”.
El caso particular de Syrah es emblemático. El crecimiento económico de la empresa en tiempo récord llama la atención. Un reflejo de este despegue financiero de la administración de los hermanos Romero es su desembarco fuera del país. Pocas compañías tienen la posibilidad de traspasar las fronteras nacionales, aunque Syrah no lo pudo hacer y actualmente lleva adelante operaciones y emprendimientos de lujo en Uruguay, precisamente en Punta del Este y en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La DEA ha puesto sobre la lupa estos emprendimientos, y en breve el tridente Romero, Romero,. Bava, junto con otros partícipes apostados en Bolivia y Uruguay podrían recibir órdenes de captura por lavado de dinero y por vinculación con carteles del narcotráfico proveedores de los fondos para encarar esas inversiones.
Syrah Global tiene entre sus domicilios alternativos Avenida Libertador 17232. Esa dirección parece ser muy requerida, ya que la Fundación Weitz Center Internacional Centro De Estudios Rural Urbano y Regional (presidida por Romero) está situada casualmente en Avenida Libertador 17232. Hay otras sociedades que tienen idéntica ubicación: Baunnion SA, CESA Comercial SA (antes llamada CPI Obras Civiles SA, bajo la órbita de María Romero y María Bava), CESA SACICyA (Sociedad Anónima, Constructora Industrial, Comercial y Agropecuaria) y Construcciones Ecológicas SA (luego pasó a ser CESA). Sobre estos formatos la DEA tiene ajustada la lupa, y se sabe que la Justicia uruguaya es más rápida que la argentina, y si no que lo diga Alejandro Vandenbroele
Pero cabrá preguntarse qué vinculación tienen dichas sociedades con el entramado en cuestión. Todo este conglomerado de empresas ganó sugestivamente licitaciones en el Plan Federal de Viviendas en San Isidro. En algunos casos, para construir residencias, en otros, para mejorar las ya existentes, mientras que algunas estuvieron al frente de la ejecución de infraestructura para las propiedades.
Entre los años 2005 y 2006, se llevaron a cabo por el Plan Federal de Viviendas en San Isidro, licitaciones por un monto total de $ 410.852.650. Una porción de esta partida, fue destinada a varias empresas que se domicilian en Av. Libertador 17232.
La firma Baunnion SRL -después pasó a SA y luego, si quedaban dudas, el 28 de junio de 2012, mutó el nombre para denominarse Syrah Constructora e Inmobiliaria SA-, percibió entre 2005 y 2006, $ 16.154.555,58 por trabajos vinculados al Plan Federal. El dinero fue adquirido en cinco licitaciones: la primera el 3 de marzo de 2005 por $ 3.800.489, la segunda fue en abril de 2005 por un valor de $ 1.097.175 (decreto 434/05), la tercera se dio en marzo de 2006 por $ 3.724.924,80, la cuarta fue en junio de 2006 por un monto de $ 3.778.644,78 y la última fue en julio de 2006 por una cifra de $ 3.753.318.
La firma CESA registró ingresos por $ 11.945.803, lográndolos en cuatro adjudicaciones: $ 2.601.567, luego $ 4.688.156, después $ 2.296.580 y, por último, $ 2.359.500. Por otro lado, Construcciones Ecológicas SRL, ganó cinco adjudicaciones por un global de $ 17.026.869.
En total, entre Baunnion, CESA y Construcciones Ecológicas, se adjudicaron obras del Plan Federal por un monto final de $ 45.127.227. En cuanto a las empresas que fueron beneficiadas en 2007, no hay datos oficiales, sólo figuran los montos que se ejecutaron, aunque no quién los recibió. Casualmente en 2007, en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente Posse anunciaba con bombos y platillos que “San Isidro se convertiría en el primer municipio de la provincia de Buenos Aires sin villas”.
La afirmación tendría cierto grado de verosimilitud si las partidas enviadas por Nación para el subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios se hubiesen implementado con el fin correcto y específico para el cual debían ser destinadas.. Sin embargo, nada se sabe de las casas fantasmas; tampoco de la financiación y menos del holding empresarial que estaba bajo el núcleo de los hermanos Romero y que fueron favorecidos con reiteradas adjudicaciones. Romero es asombrosamente multimillonario Y de allí que la DEA, igual que sucedió con el arquitecto Walter Mosca (ODDA S.A.), haya puesto la Lupa sobre Romero, Romero y Bava. El juez federal de Lomas de Zamora -Alberto Patricio Santamarina- ya efectuó tantísimos allanamientos en la zona de Nordelta investigando la vinculación de Walter Moca con los carteles colombianos del narcotráfico, y todo indica que ese es el mismo destino que le espera al tridente, Romero, Romero, Bava y sus demás cómplices. La Justicia Federal de Lomas de Zamora tiene -a su vez- bajo la lupa a la empresas de Walter Mosca y las licitaciones de sus empresas con la comuna de Tigre (Sergio Massa).
Una cláusula abre las puertas para que la Justicia proceda a investigar el caso reside en un artículo del contrato expediente firmado por Nación, Provincia y San Isidro reza que “el Municipio se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos órganos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran”.
Al margen de las más que probable cadenas de culpabilidades y complicidades entre funcionarios del su Ejecutivo Federal, provincial y comuna, y en lo que toca a la gestación de ilicitudes de competencia federal, esto es, asociación ilícita, peculado, negociaciones incompatibles con la función pública, fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos, posible ulterior blanqueo ilegal de activos, enriquecimiento ilícito, etc. se verifica también una simultánea actividad criminal respecto de todo el entramado de las empresas contratistas; y en este mismo contexto sobre todas y cada una de las actividades criminales llevadas a cabo por el tridente Romero (ambos hermanos) en connivencia delictiva de la Arquitecta Bava (sumada a la indisimulable cadena de directores y autoridades societarias interpuestas) a partir del año 2009 (en que el Arquitecto Fernando Romero abandonó sus funciones públicas en la comuna de San Isidro), consistentes en actos de defraudación hacia inversores inducidos a error y ulterior insolvencia fraudulenta.
Resulta imposible dividir la investigación de los dos tramos de ilicitudes, esto es, las primeras gestadas a partir del año 2005 con Romero en su condición de Subsecretario de Obras Públicas y el propio intendente Gustavo Posse y aquellas otras orquestadas a partir del año 2009 en que el Arquitecto Romero abandonó su cargo público en la comuna de San Isidro ya que el entramado delictivo muestra una clara unidad designio o plan criminal común
Una situación similar atraviesan organismos provinciales y nacionales. Por todas estas irregularidades, están examinando posibles delitos en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
La urbanización de las villas en San Isidro dejó de ser un plan para los vecinos para transformarse en un plan de negocios que sólo beneficia a particulares y a empresas privadas. Ahora será la Justicia la que determinará las responsabilidades del Intendente y funcionarios de su Gabinete.
San Isidro no es el único distrito de la provincia de Buenos Aires donde el arquitecto Fernando Romero fue á observado por participar con varias empresas de distintas licitaciones. La oposición de Zárate, tierra de Osvaldo Cáffaro, puso el ojo en las contrataciones de las empresas Syrah Global Developer y Construcciones Ecológicas SA, firmas que ganaron distintos concursos públicos en la localidad. Con la primera, Romero vio a la Costanera como un lugar para desarrollar inversiones y a partir de allí hizo público su apoyo al Master Plan. Con la segunda, en 2009, ganó la licitación del Centro Cultural de calle Brown y la Nueva Terminal en la rotonda. Según los ediles opositores, desde que el Intendente zarateño se acercó al kirchnerismo, más específicamente, al ministro De Vido, el nexo con Romero se acrecentó y estrechó, al punto que el arquitecto acompañó a Cáffaro a distintas presentaciones de obras e inversiones. En 2010, durante la presentación del Master Plan en el Hotel Hilton de Puerto Madero, el Jefe comunal y Romero compartieron la Expo Real Estate 2010 en donde se presentó el proyecto de la Costanera de Zárate. Casualidades del destino, o no, al igual que las casas en La Cava, la nueva terminal en la rotonda con 2.000 metros cuadrados de pavimento, 14 dársenas, cinco boleterías, ocho locales comerciales, un restaurante, una cocina y un sector de espera para taxis, sigue en veremos a cinco años de haberse aprobado la obra.
El arquitecto Fernando Romero no toma respiro y en los últimos cuatro meses apareció en el directorio de al menos tres empresas. El 15 de septiembre de 2014, la empresa “Syrah Constructora e Inmobiliaria SA” acepta la renuncia de los directores Marcelo Nayem y José Adolfo Ávila y nombra como presidente a Fernando Adrián Romero. Como directora suplente queda María Sofía Bava. Esta firma no es la misma que Syrah Global SA, en la cual ejerce el control María Luciana Romero y Diego José Muiños. Simplemente no son las mismas sociedades porque tienen nombres diferentes, aunque es una forma de acaparar las licitaciones con varias empresas que terminan formando una “comunión”. El mismo 15 de septiembre de 2014, la compañía Construcciones Ecológicas SACICYA, modifica la cúpula, dejando el cargo de presidente a Cecilia Paula Adoue y tomando el puesto Fernando Romero. Por último, el 27 de junio de 2014, por vencimiento de mandatos, se renovaron las autoridades de la administración Urroz Hermanos SA, quedando como presidente Fernando Romero y como directora suplente, María Bava. Todos estos datos no hacen más que confirmar el crecimiento económico de Romero, explicando el porqué de su apertura empresarial de emprendimientos de lujo en otros países como Uruguay (Punta Ballena y Punta del Este) y Bolivia (Santa Cruz de la Sierra).
El arquitecto Fernando Romero, su hermana María Luciana Romero y la Arquitecta María Sofía Bava se han pegado una extensa ducha con el Código Penal Argentina; y probablemente el intendente san isidrense también; el plan criminal los posiciona a todos ellos en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito (art. 268 C. Penal), blanqueo ilegal de activos (arts. 277 y 278 C. Pernal); posible evasión tributaria; ya que la conformación de los formatos societarios en rededor del tridente Fernando Romero, María Luciana Romero y Sofía María Bava, es un claro indicador en cuanto a que un gran volumen de la masa de dinero que el gobierno federal destinó para el comentado plan federal de Viviendas haya sido fraudulentamente desviado a la Fundación Weitz Center International y demás formatos societarios supra identificados.
Y desde luego el crecimiento económico exponencial de los hermanos Romero y probablemente de la Arquitecta Bava los pone en claro estado de sospecha de haber orquestado a partir del año 2009 múltiples maniobras estafatorias en perjuicio de inversores que -inducidos a error- a partir de apariencia de empresa solvente, calidad simulada- suscribieron tantísimos contratos de fideicomisos (de inversión) y boletos de compraventa a partir de lo cual fueron calculadamente estafados; y la pesquisa deberá determinar si esa masa de dinero fue a dar a cuentas abiertas por este tridente en paraísos fiscales.
Uruguay y Bolivia -a pedido de la DEA- ya están averiguando la participación accionaria del tridente Romero, Romero y Bava y sus cómplices en sociedades comerciales constituidas en tales países; ídem si los formatos societarios supra detallados y el mismo tridente registran cuentas bancarias (o inversiones financieras en la Argentina., Bolivia y Uruguay). Al igual que el multimillonario Arquitecto Walter Mosca en Nordelta, la DEA ya tiene en foco al tridente sanisidrense.
Para muestra basta un pequeño botón: “FIDEICOMISO CALLE DON BOSCO 412/417 SAN ISIDRO” SYRAH GLOBAL S.A. CUIT N° 30-69529454-5; la metodología criminal incluía asimismo dinero captado a inversores estafados, desvío de esos fondos a paraísos fiscales; constitución de otros formatos societarios fuera de la jurisdicción territorial de la República Argentina, constitución de cuentas bancarias o aplicación de inversiones de dinero en plazas extranjeras, y la participación de personas interpuestas Marcelo Nayem, José Adolfo Ávila, Diego José Muiños y Cecilia Paula Adoue.
Y bajo un prisma propiamente jurídico el concierto delictivo llevado a cabo -de modo calculado y premeditado- por la organización criminal de composición mixta (funcionarios públicos y personas particulares) merece encuadre normativo dentro de la Convención Interamericana sobre la lucha contra la Corrupción a la cual hubo adherido -por propia decisión soberana- la República Argentina (Ley 24.759; y dentro de los tipos penales previstos por los arts.172, 174, inc. 5; 210, 248, 256, 260, 261, 265, 266, 268 (1, 2, 3), 277, 278 del Código Penal; Leyes 26.268 (25.246) y Ley 26.735.
