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La nueva escalada antimercado del gobierno para intentar contener la corrida cambiaria se concentra en la plaza financiera. Hasta ahora, el ejemplo elegido para intimidar a los operadores del contado con liqui y el dólar blue fue la suspensión de la Financiera Mariva, aunque están en carpeta sanciones contra el Banco Macro. De concretarse estas últimas, la presidente estaría enviando un claro mensaje: ni siquiera Jorge Brito, el banquero emblemático del poder, escaparía a las represalias oficiales, hecho que podría aumentar aún más el miedo en las filas empresarias. Por lo pronto, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso instruir sumario al Banco Macro y a los titulares de su directorio por “posible infracción” a la ley de Sociedades Comerciales, tras la investigación realizada luego de una denuncia que formuló la asociación de consumidores Proconsumer. El principal operador de la Casa Rosada en la C.N.V., ahora que su ex presidente Alejandro Vanoli fue elegido por CFK para suceder a Juan Carlos Fábrega en el BCRA, es el actual vicepresidente de aquel organismo, Hernán Pablo Fardi. Éste se encuentra salpicado a raíz de una denuncia del diputado Claudio Lozano contra Amado Boudou. La misma señala que, cuando estaba al frente de la ANSES, realizó compras ilegales de préstamos garantizados, que después canjeó con el Ministerio de Economía, en perjuicio del sistema previsional. También compró acciones de la empresa Mirgor, de Nicolás Caputo, el socio de Mauricio Macri, beneficiando a Fardi, que era accionista de la compañía y también funcionario de esa administración nacional.
Una short list
El caso es que la ofensiva oficial para frenar al dólar podría extenderse en las próximas semanas en otros avances intimidatorios. Por ejemplo, sancionar con la suspensión de la matrícula y denunciar penalmente a una short list de escribanías de la city porteña que operan intensamente con la bolsa y en particular con el contado con liqui. Como se sabe, esta operación consta de tres pasos: el comprador se presenta en un agente de Bolsa o banco con sus pesos. Compra un bono que se pueda vender en el exterior (se lo tiene que quedar por al menos 72 horas). Luego pide que le transfieran esos bonos a una cuenta suya en el exterior. Finalmente, vende esos bonos y pide que los dólares que recibió por la operación se depositen en el extranjero. Así es que la C.N.V. y la Inspección General de Justicia, junto con fiscales de la PROSELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos Justicia) habrían elaborado una short list de escribanías que estarían siendo investigadas por eventuales maniobras dolosas en el mercado cambiario, relacionadas con el lavado de dinero. Una de las notarias bajo la lupa oficial sería María Mónica Aguerregaray, con oficinas en Perú 359. De concretarse, la ofensiva del gobierno contra ciertas escribanías apuntaría exactamente al mismo objetivo que la suspensión de Mariva. Esto es, reducir la cantidad de operaciones de contado con liqui y que esto influya para evitar otra escalada del blue.
