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Guido Forcieri fue el jefe de gabinete de Amado Boudou en el Ministerio de Economía y cuando éste abandonó el cargo, lo nombró representante argentino ante el Banco Mundial. Vivía plácidamente en Washington DC hasta que estalló el caso Ciccone, en el cual fue citado a declarar y en varias oportunidades no se presentó, hasta que finalmente el juez federal Ariel Lijo lo procesó. Su mandato en el Banco Mundial vencía en noviembre pero el pacman Axel Kicillof lo destituyó, para designar a un amigo suyo, Daniel Kostzer. Éste coordinó actividades del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y se desempeñó en el Ministerio de Trabajo. En cumplimiento de su misión en la PNUD, vivió el último año y medio en Rangún, la ciudad más grande de Birmania, país del sudeste asiático que limita con China.
El caso es que Forcieri se quedó sin la relativa inmunidad que le daba ser funcionario ante la citación que le hizo el juez Griesa a pedido de los fondos buitres, con el objetivo de descubrir fondos que podrían ser del gobierno argentino, como los provenientes del lavado de dinero, que es un delito internacional.
Una fisura fatal
La torpeza cometida por Kicillof al dejar sin la protección de su cargo a Forcieri puede tener consecuencias graves. Éste se debe presentar en el juzgado de Griesa; si no, será declarado en desacato y después volvería a nuestro país sin ningún cargo público y a merced de lo que decida el juez Lijo en la causa Ciccone. Le esperaría así un calvario judicial hasta la entrega del poder en diciembre del 2015, lo que empeoraría en los meses posteriores, ya que es candidato a que se le dicte prisión preventiva. Amén de las serias dificultades de mostrarse en público por miedo a un escrache. Ante tal panorama, según nuestras fuentes Forcieri se habría reunido el sábado pasado con Paul Singer para negociar un intercambio: el ex funcionario podría revelar ante los estrados de la justicia de EEUU lo ocurrido en el caso Ciccone y los pormenores del canje del 2010. Forcieri conocería en detalle el papel de la consultora Arcadia y las comisiones cobradas, más las negociaciones non sanctas con el fondo Gramercy, un buitre “bueno” que ganó mucho dinero con el último canje y que antes de que la Corte Suprema en Washington no tomara el caso argentino intentó negociar con Paul Singer un arreglo entre los que entraron al canje y los holdouts. El mismo fracasó porque Singer consideró irrisoria la propuesta. A cambio de estos secretos de Estado, Forcieri podría conseguir que Singer y su abogado Robert Cohen influyan para convertirlo en testigo protegido. Su aporte a la causa de Singer sería importante, ya que alegaría que el gobierno argentino es una mafia y que podrían asesinarlo. Otra fuente señala que hay que recordar que Griesa tiene jurisdicción en el distrito sur de Manhattan, uno de cuyos barrios es Little Italy, la sede de las poderosas cinco familias de la mafia ítalo-norteamericana y donde se aplicó reiteradamente la ley RICO. Se trata de una norma ideada para encarcelar a jefes mafiosos, como el ex jefe del clan Gambino, John Gotti, que fue condenado a prisión perpetua en una cárcel de extrema seguridad, donde murió. Quien lo delató fue el “killer” mafioso Sam “el Toro” Gravano, que después de dos años recuperó su libertad. Si bien el carácter de testigo protegido sólo lo puede decidir el fiscal, no cabe duda de que Singer tiene influencia de sobra para conseguirle a Forcieri la residencia en los Estados Unidos como testigo y gestionando su asilo político, porque correría peligro de muerte. Si Forcieri avanza en este tipo de negociación, la suerte del cristinismo estaría prácticamente echada. Estallaría probablemente un escándalo internacional de proporciones, con severas consecuencias no sólo para el gobierno argentino sino en toda América Latina.
