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La Argentina ofreció ante el juez neoyorquino Thomas Griesa iniciar la próxima semana las negociaciones con los fondos buitre para alcanzar un acuerdo que haga efectiva la sentencia que obliga al país a cancelar alrededor de u$s 1.330 millones. En tanto, el magistrado reiteró la advertencia que si el Gobierno nacional insiste en trasladar el lugar de pago de Nueva York a Buenos Aires será considerado una "violación" a su fallo.
A dos días de la divulgación del rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos a la apelación de la Argentina, Griesa retomó el caso y encabezó una audiencia de más de una hora y media con las partes involucradas. Voceros del tribunal federal para el Distrito Sur de Nueva York, informaron aámbito.com que la reunión comenzó a las 15 en las oficinas judiciales. La convocatoria reunió a los abogados representantes de los fondos demandantes y a los letrados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), contratado por la Argentina.
Según reveló la agencia Reuters, el letrado de CGS&H Carmine Boccuzzi le trasmitió a Griesa que "el plan (de la Casa Rosada) es estar acá (por Nueva York) la semana próxima para negociar con los holdouts para resolver esta situación", aunque aclaró que "en estos momentos no hay una oferta de intercambio" entre las partes.
Asimismo, Boccuzzi reveló que durante la audiencia el juez expresó que "quiere un mecanismo legal para evitar otra situación en la que la República (Argentina) pueda desconocer otro juicio, para evitar que se pueda tomar en broma" otro fallo.
Además, durante la audiencia el magistrado disparó duros cuestionamientos contra la Presidente por acusar a los buitres de "extorsionadores" en su último mensaje trasmitido por cadena nacional, que fue aportado en formato audio por abogados de los bonistas. "El discurso de Cristina Kirchner realmente no me da confianza de un compromiso de buena fe para pagar todas las obligaciones de la República", dijo Griesa.
En términos muy duros contra el país y más gentil en favor de los buitres, el juez recordó que la posibilidad de reglamentar un canje de la deuda con vencimiento en Nueva York, para pagar en Buenos Aires, ya fue rechazada y no será aceptada. "En dos oportunidades (Griesa) reitera que es desacato o violación a la orden judicial cambiar el lugar de pago de bonos", remarcó el abogado.
A dos días de la divulgación del rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos a la apelación de la Argentina, Griesa retomó el caso y encabezó una audiencia de más de una hora y media con las partes involucradas. Voceros del tribunal federal para el Distrito Sur de Nueva York, informaron aámbito.com que la reunión comenzó a las 15 en las oficinas judiciales. La convocatoria reunió a los abogados representantes de los fondos demandantes y a los letrados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), contratado por la Argentina.
Según reveló la agencia Reuters, el letrado de CGS&H Carmine Boccuzzi le trasmitió a Griesa que "el plan (de la Casa Rosada) es estar acá (por Nueva York) la semana próxima para negociar con los holdouts para resolver esta situación", aunque aclaró que "en estos momentos no hay una oferta de intercambio" entre las partes.
Asimismo, Boccuzzi reveló que durante la audiencia el juez expresó que "quiere un mecanismo legal para evitar otra situación en la que la República (Argentina) pueda desconocer otro juicio, para evitar que se pueda tomar en broma" otro fallo.
Además, durante la audiencia el magistrado disparó duros cuestionamientos contra la Presidente por acusar a los buitres de "extorsionadores" en su último mensaje trasmitido por cadena nacional, que fue aportado en formato audio por abogados de los bonistas. "El discurso de Cristina Kirchner realmente no me da confianza de un compromiso de buena fe para pagar todas las obligaciones de la República", dijo Griesa.
En términos muy duros contra el país y más gentil en favor de los buitres, el juez recordó que la posibilidad de reglamentar un canje de la deuda con vencimiento en Nueva York, para pagar en Buenos Aires, ya fue rechazada y no será aceptada. "En dos oportunidades (Griesa) reitera que es desacato o violación a la orden judicial cambiar el lugar de pago de bonos", remarcó el abogado.
Griesa tomó una decisión sobre el futuro de la causa, donde ya sentenció al país a pagar la totalidad de lo adeudado a los holdouts, estimado en u$s 1.330 millones. Todo indica que si los fondos aceptan negociar se extenderá la medida cautelar (stay) que frena el pago de inmediato en efectivo de la deuda, aunque la Corte de Apelaciones de Nueva York ya la haya levantado horas antes. "Saben dónde encontrarnos", replicaron los abogados de los holdouts en la audiencia.
Ámbito Financiero reveló que la estrategia de los defensores de Argentina sería la de estirar todo lo posible las discusiones con los abogados de los fondos buitre hasta llegar a enero de 2015, cuando la cláusula RUFO no esté vigente. Con la disposición Rights Upon Future Offers el país le garantiza a los que ingresaron a los canjes de 2006 y 2010 que se les pagaría lo mismo que se les liquide de más a quienes no hayan aceptado entrar en esos llamados.
Para llegar a enero sin pagar, obviamente debería haber un acuerdo previo entre las partes, llamado "Settlement" (acuerdo judicial o extrajudicial). Para esto, los abogados de los fondos buitre deberían estar de acuerdo con la idea de estirar el tiempo todo lo posible para que no se aplique la cláusula. Luego, en 2015, la Argentina podría ofrecerles a los fondos buitre un convenio mejor a la quita de 2010.
El fondo Aurelius, que litiga en conjunto con NML, reclamó a Griesa horas después de conocer la decisión de la Corte Suprema que levante rápidamente la medida cautelar (stay) que protege a la Argentina. Esa medida, que sí fue levantada por la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, suspende la ejecución de los fallos de primera y segunda instancia, que ordenan pagar en efectivo el 100% de la deuda. En el Gobierno nacional daban por descontado esta acción desde el fallo del lunes pasado.
Sin acuerdo, el próximo 30 de junio vence un pago de u$s 228 millones del bono Discount, emitido bajo legislación estadounidense, y los buitres podrían exigir que se embargue. Los demandantes que se beneficiarían son NML Capital, Ltd., Aurelius Capital Master, Ltd., ACP Master, Ltd., Blue Angel Capital I LLC, Aurelius Opportunities Fund II, y 13 ahorristas minoristas en su mayoría argentinos. Pablo Alberto Varela, Mirta Susana Dieguez, María Evangelina Carballo, Lila Inés Burgueño, María Elena Corral, Leandro Daniel Pomilio, Teresa Muñoz de Corral, Norma Elsa Lavorato, Carmen Irma Lavorato, Susana Aquerreta, César Rubén Vázquez, Norma Haydee Gines y María Azucena Vázquez.
