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Subte. Hora pico. A punto de llegar a una estación, alguien grita y los pasajeros amontonados se agitan. Descubrieron a un “punga”. Cruzan golpes, insultos, empujones. El apuntado sale como puede, escapa entre el arrebato de manos. Las miradas se chocan, nadie está dispuesto a ceder. Lo han castigado.
La escena es apenas una muestra, entre tantas, de lo que los medios han dado ahora en llamar “linchamientos”. Una suerte de “justicia por mano propia” ante la comisión de un delito en la vía pública. El debate se disparó una vez que los medios pusieron el foco en una práctica que, en los hechos, no resulta del todo novedosa. Pero de ahí a la psicosis hubo un solo paso. Ese tipo de violencia se manifiesta casi como un acto reflejo. Aunque el caso fatal de Rosario obligó a adoptar otro tono.
El foco está puesto en la reacción de los sectores de clase media. La oposición política se apresuró en atribuirlo a la “ausencia del Estado”, una frase que se repite como mantra al igual que la adopción del término “linchamiento”. El oficialismo reconoció cierto hartazgo y no mucho más. La discusión parece agotarse en esa instancia, sin mayores propuestas, aunque resulta imperiosa una mirada crítica y abarcativa.
“Los linchamientos se producen porque hay un sector social que tiene miedo a los jóvenes pobres”, señala Roberto Samar, licenciado en Comunicación Social y profesor de la Universidad Nacional de Río Negro. “Porque lo importante no es si cometió o no un delito, ya que no le dan la posibilidad de defensa. Tampoco importan otros delitos más importantes que cometen otros sectores sociales”.
Consultado por NOVA, el docente universitario identificó esa práctica con una “criminología mediática” que “crea la idea de que la sociedad está dividida entre ‘ellos’, los malos y ‘nosotros’, los buenos. Ellos, los jóvenes pobres, ocupan el lugar de chivo expiatorio, sobre el cual se canalizan nuestros miedos y angustias”.
En tanto, el abogado y licenciado en Seguridad Luis Vicat, ex comisario de la Policía Bonaerense, subraya cierto “efecto contagio” en la reacción en la vía pública ante la irrupción de un delito. “La frustración genera agresión como forma de nivelar el estado de ansiedad de quien la padece. Los grupos tienden a reaccionar por simpatía, es decir por réplica, dejando de lado o minimizando posturas individuales”, analizó.
Para Vicat, “alguien que quizás individualmente no sea afectado por un hecho delictivo encuentra la manera de exorcizar sus fantasmas de situaciones previas traumáticas agrediendo a lo que encarna su displacer, esto es, el supuesto victimario”.
El ex comisario sostiene que era de esperarse que, luego del caso de Rosario, hubiera réplicas que, asegura ante este portal, “aumentarán si no hay acciones del Estado que las disuadan”.
Se apunta al Estado como garante de la seguridad pública, regulador y promotor del sistema de premios y castigos. Vicat asegura que se lo ataca “por la ausencia que ha significado el crecimiento del delito”. ”En la sinergia del fenómeno –aporta-, difícilmente haya un punto de retorno, la población en general se redescubre ya no peticionante ni mendicante de su derecho a la vida sino que es protestante activa y espera lograr un mayor involucramiento mas allá de lo discursivo del Estado”.
Roberto Samar tiene otra mirada. “Como comunicadores deberíamos desarticular los discursos que profundizan el miedo e instalan ideas que no son reales”, planteó, y citó el caso de la cobertura periodística del caso de linchamiento que evitó Gerardo Romano, “sin explicar que el detenido seguirá el proceso judicial, que tiene derecho a defenderse y que la prisión preventiva debería ser la excepción”.
Para el docente, el Estado “debería concentrar mayor energía en perseguir los delitos más complejos, que son muchas veces el telón de fondo de esta violencia”. Entre ellos propuso “continuar desarrollando una fuerte política de desarme, seguir persiguiendo las redes de narcotráfico, promover más políticas de gestión de la conflictividad y mantener las políticas de inclusión social de los sectores más vulnerables”.
La mirada judicial
En la Justicia la discusión está latente, aunque el rechazo a los “linchamientos” es, en promedio, indeleble. “No se deben permitir, porque la venganza por mano propia nos va a llevar al Lejano Oeste”, aclara, antes que nada, el fiscal platense Rubén Sarlo.
Crítico de las últimas medidas adoptadas en materia de seguridad, Sarlo trazó anteNOVA el mapa de situación. “A esto se llega por la falta de profesionalidad en materia de seguridad”. Ejemplos le sobran, dice: la exclusión del público visitante en las canchas y, ahora, la intención del ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, de impedir que dos personas circulen en moto. “Estamos evadiendo y siempre cedemos ante el delito. Dentro de poco dos personas no van a poder ir en un auto”, ironizó.
El fiscal de juicio cuestiona a la policía de calle porque “no sirve para nada”. “No va a buscar a la delincuencia, por las razones que sean: cobran poco, tienen miedo a actuar o hay zonas liberadas. Que cada uno saque sus propias conclusiones”.
Sarlo atribuye la escalada de violencia a la destrucción del tejido social. Responsabiliza a las distintas administraciones, incluso anteriores al kirchnerismo, “por haber hecho marketing durante muchos años”. Y puntualiza: “El Estado debe reconocer que combatir la delincuencia no es violar los derechos humanos de nadie”.
También apunta que los incidentes que más atención motivaron se registraron “en Palermo, no en Villa Ortúzar”. Y tiene algo para acotar sobre la cobertura del caso Romano. “Fue muy hábil el Poder Ejecutivo en aprovechar la excarcelación del detenido para tirarle solamente la culpa al Poder Judicial. Pero lo que pasa es que no tenemos penas, está mal es la escala penal”.
Larga data
Los abogados penalistas, por su parte, saben que este tipo de reacciones violentas no componen un fenómeno actual. Ahora lograron repercusión en los medios porque hubo cierto encadenamiento de casos, aclaran. En el rubro están más que acostumbrados a lidiar con los “linchamientos”.
Darío Saldaño volcó su experiencia ante la consulta de este portal. “En los últimos cuatro ó cinco años, en el Departamento Judicial de La Plata, se daba la situación de que, luego de un delito cometido en un barrio, generalmente robo u homicidio, había represalias, con quema de casas y posterior usurpación”.
El letrado recuerda que, antes, esas reacciones sólo estaban atadas a casos de abusos. Ahora se han extendido a este tipo de delitos, completa, y agrega que vio situaciones similares en otros distritos del Gran Buenos Aires como La Matanza o San Isidro.
Coincide su colega Marcelo Peña. “Esto ocurre hace muchos años, en asentamientos que sufren la inacción de algún organismo social y la gente ejerce su propia defensa”. Ante una consulta de NOVA para esta nota, el abogado del fuero penal cuestionó que “porque haya salido una cuestión mediática se cree que es algo nuevo”. Y amplió: “He asistido víctimas que han sufrido agresiones que revestían más gravedad que el delito que habían cometido”.
En la mirada de Saldaño, además, estas reacciones son “espontáneas”. “Nadie lo hace por sí mismo, sino que es fruto de la incapacidad del Estado de dar respuesta al resto de la gente”.
¿Cuáles deben ser las acciones estatales según la mirada de estos abogados? “Una presencia delimitada y un mensaje claro en cuanto a la legalidad e ilegalidad -respondió Saldaño-. Estas son reacciones espontáneas ante el miedo, la ira y la inseguridad”. Marcelo Peña, en tanto, propuso “utilizar el sentido común en las normas penales más que hacer reformas”.
Esas críticas apuntan a la intentona del kirchnerismo con la llamada “democratización” de la Justicia y el anteproyecto de modificación del Código Penal. “Si siguen reformando cuestiones procesales y descuidando la materia preventiva y delictual, el ciudadano va a seguir tomando represalias”, advirtió Peña. “La gente explota y apela a la mecánica más sencilla, que es reducir al potencial delincuente”.
Por Nicolás Poggi
