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Las casas funerarias son el nuevo objetivo de la ofensiva de “precios justos” que lleva adelante el gobierno venezolano de Nicolás Maduro.
Todo se originó tras una inspección de una casa fúnebre en Caracas, que fue acusada de “especular” con el “dolor ajeno”.
“Hemos tenido la necesidad de comenzar la inspecciones a las funerarias del país. Esta es un área muy sensible, verdaderamente delicada, pero era una necesidad del pueblo venezolano y con razón”, dijo el jefe del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, Hebert García Plaza, tras un allanamiento ayer en la funeraria Vallés.
García Plaza pidió a los dueños de funerarias “entrar en un profundo proceso de reflexión. Por favor, sinceren sus precios, en beneficio del pueblo”, según destaca el diario venezolano Noticias 24.
Según el funcionario, en la funeraria inspeccionada se cobra por el alquiler de una sala fúnebre de 10.200 (1.619 dólares) a 16.000 bolívares (2.539 dólares), precios que consideró “fuera de lugar”, aunque no anunció multas por esta situación, que el gobierno suele sancionar bajo el delito de “usura”.
Reiteró que los dueños de funerarias deben reflexionar en sus márgenes de ganancia “porque la prestación de este servicio tan sensible no puede convertirse en un negocio con un fin financiero”.
Todo se originó tras una inspección de una casa fúnebre en Caracas, que fue acusada de “especular” con el “dolor ajeno”.
“Hemos tenido la necesidad de comenzar la inspecciones a las funerarias del país. Esta es un área muy sensible, verdaderamente delicada, pero era una necesidad del pueblo venezolano y con razón”, dijo el jefe del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, Hebert García Plaza, tras un allanamiento ayer en la funeraria Vallés.
García Plaza pidió a los dueños de funerarias “entrar en un profundo proceso de reflexión. Por favor, sinceren sus precios, en beneficio del pueblo”, según destaca el diario venezolano Noticias 24.
Según el funcionario, en la funeraria inspeccionada se cobra por el alquiler de una sala fúnebre de 10.200 (1.619 dólares) a 16.000 bolívares (2.539 dólares), precios que consideró “fuera de lugar”, aunque no anunció multas por esta situación, que el gobierno suele sancionar bajo el delito de “usura”.
Reiteró que los dueños de funerarias deben reflexionar en sus márgenes de ganancia “porque la prestación de este servicio tan sensible no puede convertirse en un negocio con un fin financiero”.
