Entradas
El Gobierno nacional intentará sumar el mayor número posible de amicus curiae para presentar ante la Corte Suprema de Estados Unidos, con el objetivo de revertir la sentencia que obliga al país a pagar 1.500 millones de dólares a los fondos especulativos NML Capital y otros "holdouts".
El fallo de primera instancia del juez neoyorquino Thomas Griesa fue confirmado por la Corte de Apelaciones de ese distrito y obliga al país a pagar capital e intereses reclamados por los fondos buitres de una sola vez. Sin embargo, el cumplimiento de esa sentencia está suspendido hasta tanto se completen las apelaciones, entre ellas ante el máximo tribunal estadounidense.
En ese marco, la estrategia oficial será intentar demostrar que una sentencia adversa conlleva un "riesgo sistémico" y provocará "daño a terceros". Para el primer punto, la Casa Rosada presentaría la mayor cantidad posible de escritos de amigos de la causa que apoyen su postura. Para eso, funcionarios del Ministerio de Economía se contactaron con representantes de fondos de inversión como el Exchange Bonholder Group (EBG) que ya presentó amicus curiae en instancias anteriores.
Con eso se reforzaría el pedido del grupo de bonistas con deuda reestructurada que lidera Gramercy, que advirtió que en caso de que se confirme la sentencia de primera instancia se vería afectado su derecho de propiedad, porque obliga a los bancos que participan de la operación a retener el dinero que les corresponde por los pagos a futuro, para saldar la sentencia si el país no la paga.
Al mismo tiempo, el Gobierno buscaría sumar los amicus de más países y organismos para reforzar el argumento de que al obligar a Argentina a pagar a los fondos buitre el 100 por ciento de su reclamo en efectivo, se pone en peligro futuras reestructuraciones.
En ese sentido, al Casa Rosada considera que para dar un tratamiento igualitario a todos sus tenedores de bonos, debería pagar a los fondos buitres la oferta del canje y no el 100 por ciento como reclaman los "holdouts". Si no lo hacen, quienes ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 iniciarían juicios contra el país para recibir lo mismo que los fondos buitres.
Esa postura cuenta con el apoyo de Francia, que ya presentó un amicus curiae en la primera apelación a la Corte Suprema. Y Christine Lagarde, directora gerente del FMI y ex ministra de Finanzas gala, promovió una moción para que el organismo multilateral hiciera lo mismo, aunque no prosperó porque Estados Unidos se negó a acompañarla.
De todos modos, según el diario El Cronista Comercial, el Gobierno realiza intensas gestiones para conseguir el apoyo de Estados Unidos, aunque por el momento las fuentes oficiales no arriesgan un resultado.
La fuente consultada por el matutino indicó que la Corte Suprema estadounidense podría pedir la opinión del Gobierno de Barack Obama, pero Argentina no quiere llegar a eso. "Hay que mostrarle a la Corte que todos quieren que esto se arregle", resumió el informante.
La Corte de Apelaciones de Nueva York ya rechazó los argumentos del país y ratificó sin cambios el fallo de Griesa. En ese momento, los magistrados consideraron que ni Argentina ni los tenedores de bonos reestructurados probaron el riesgo sistémico ni la afectación al derecho de propiedad.
Esa sentencia espera ahora un dictamen en banc, del plenario de trece miembros de la Corte, pero en el Gobierno dan por descontado que ratificará el fallo. A pesar de eso, la revisión permite demorar tres meses más la segunda apelación a la Corte Suprema. En esos 90 días no sólo seguirá frenada la ejecución de la sentencia sino que permitirá al Gobierno continuar con la búsqueda de apoyos.
En ese marco, la estrategia oficial será intentar demostrar que una sentencia adversa conlleva un "riesgo sistémico" y provocará "daño a terceros". Para el primer punto, la Casa Rosada presentaría la mayor cantidad posible de escritos de amigos de la causa que apoyen su postura. Para eso, funcionarios del Ministerio de Economía se contactaron con representantes de fondos de inversión como el Exchange Bonholder Group (EBG) que ya presentó amicus curiae en instancias anteriores.
Con eso se reforzaría el pedido del grupo de bonistas con deuda reestructurada que lidera Gramercy, que advirtió que en caso de que se confirme la sentencia de primera instancia se vería afectado su derecho de propiedad, porque obliga a los bancos que participan de la operación a retener el dinero que les corresponde por los pagos a futuro, para saldar la sentencia si el país no la paga.
Al mismo tiempo, el Gobierno buscaría sumar los amicus de más países y organismos para reforzar el argumento de que al obligar a Argentina a pagar a los fondos buitre el 100 por ciento de su reclamo en efectivo, se pone en peligro futuras reestructuraciones.
En ese sentido, al Casa Rosada considera que para dar un tratamiento igualitario a todos sus tenedores de bonos, debería pagar a los fondos buitres la oferta del canje y no el 100 por ciento como reclaman los "holdouts". Si no lo hacen, quienes ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 iniciarían juicios contra el país para recibir lo mismo que los fondos buitres.
Esa postura cuenta con el apoyo de Francia, que ya presentó un amicus curiae en la primera apelación a la Corte Suprema. Y Christine Lagarde, directora gerente del FMI y ex ministra de Finanzas gala, promovió una moción para que el organismo multilateral hiciera lo mismo, aunque no prosperó porque Estados Unidos se negó a acompañarla.
De todos modos, según el diario El Cronista Comercial, el Gobierno realiza intensas gestiones para conseguir el apoyo de Estados Unidos, aunque por el momento las fuentes oficiales no arriesgan un resultado.
La fuente consultada por el matutino indicó que la Corte Suprema estadounidense podría pedir la opinión del Gobierno de Barack Obama, pero Argentina no quiere llegar a eso. "Hay que mostrarle a la Corte que todos quieren que esto se arregle", resumió el informante.
La Corte de Apelaciones de Nueva York ya rechazó los argumentos del país y ratificó sin cambios el fallo de Griesa. En ese momento, los magistrados consideraron que ni Argentina ni los tenedores de bonos reestructurados probaron el riesgo sistémico ni la afectación al derecho de propiedad.
Esa sentencia espera ahora un dictamen en banc, del plenario de trece miembros de la Corte, pero en el Gobierno dan por descontado que ratificará el fallo. A pesar de eso, la revisión permite demorar tres meses más la segunda apelación a la Corte Suprema. En esos 90 días no sólo seguirá frenada la ejecución de la sentencia sino que permitirá al Gobierno continuar con la búsqueda de apoyos.
nosis
