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El Interventor de la CPA tiene demandas laborales, civiles y penales iniciadas. El descontento del Gobierno Nacional por la nueva documentación
La negativa del Interventor de la Caja Popular de Ahorros, Armando Cortalezzi, a acatar la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la Nación provocó primero una intimación al funcionario, y luego una multa a la institución.
De manera paralela, la reinvestigación de una causa por destrucción de delito público, que acarrea una pena de hasta seis años de prisión, continúa su curso en Comodoro Py, según informaron fuentes judiciales, con algunos elementos nuevos.
La investigación del pasaporte de Cortalezzi habría detectado que las entradas y salidas del funcionario al país muestran irregularidades, como salidas sin ingresos y un conflicto de domicilios. Ocurre que cuando el funcionario tucumano solicitó su pasaporte en el año 2009 habría dado un número de teléfono para ser contactado que resultó ser falso (ver foto)
El teléfono de contacto que Cortalezzi declaró pertenece a una directiva de la empresa estadounidense Hewlett-Packard, Roxana López Galelo, quien negó conocer al funcionario y desconoce por qué su teléfono fue puesto como contacto para el trámite de obtención del pasaporte (Legajo tipo CTL N° 13146665. Ver foto).
La investigación del pasaporte del funcionario se origina en el hecho de que se encontraron fotocopias del mismo en su prontuario, medida que en la práctica policial se toma generalmente con personas que poseen antecedentes penales, especialmente condenas.
De hecho, según se desprende de la documentación aportada, Cortalezzi registraría un ingreso en 1990 a la Comisaría 8va de Balvanera, en Buenos Aires. Un año más tarde, el 22 de mayo de 1991, se retiró parte del prontuario por una denuncia de robo de un auto que dio lugar a acciones por robo a mano armada, privación ilegítima de la libertad, atentado y resistencia a la autoridad, según el documento firmado por el Sargento 1° Segundo R. Fernández ( LP 52049. Ver foto 1, foto 2, foto 3).
Lo llamativo es que en ese prontuario todavía no se puede determinar los delitos por los cuales Cortalezzi habría sido detenido, ya que varias fojas del cuerpo fueron extraviadas o robadas.
Antecedentes penales
Más allá de los antecedentes en Buenos Aires, la investigación determinó que el Interventor de la Caja Popular tiene antecedentes penales más recientes, por lo cual resulta incomprensible la manera en la que obtuvo elcertificado de buena conducta que presentó para asumir su cargo, según confiaron fuentes judiciales. De hecho, Cortalezzi registra desde el año 1996 hasta el 2012 catorce causas penales iniciadas por delitos que van desde amenazas de muerte, daño intencional y lesiones hasta estafa (Ver foto 1, foto 2, foto 3,).
Por ello, la Fiscalía de Instrucción de la III° Nominación investiga al funcionario por presunta falsedad ideológica, a raíz del otorgamiento del certificado de buena conducta obtenido a pesar de las numerosas denuncias penales en su contra. (Prontuario N° 903350, ver foto)
Antecedentes laborales
El Interventor de la Caja Popular de Ahorros no sólo tiene denuncias penales, sino también laborales. Las denuncias son contra Cortalezzi, su esposa, Mabel Adriana Stojanovich, el Hotel Plaza Alberdi y el Colegio Las Colinas, propiedades del matrimonio. La mayoría de las causas son por cobro de pesos e indemnización laboral (Ver foto 1, foto 2, .
La conducta como empleador de Cortalezzi previa a asumir como Interventor en la Caja Popular de Ahorros habría sido determinante para incurrir en el despido masivo de más de treinta empleados. El Ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, lo intimó a la inmediata reincorporación de los cesanteados mientras durara el período de conciliación obligatoria. La negativa a cumplir la orden provocó que desde la Nación se decidiera multar a la institución por el incumplimiento.
Antecedentes civiles
Sobre la conducta de pago del funcionario también pesan serias dudas, según se desprende de sus antecedentes en el fuero Civil. Cortalezzi fue denunciado ante la Justicia en por lo menos nueve oportunidades por deudas (Ver foto 1, foto 2, foto 3, foto 4), foto 5, . foto 6, foto 7)
La Justicia también investiga al secretario de Cortalezzi, Jorge Daniel Garnica, presuntamente testaferro del funcionario. Se investiga el origen de una flota de aproximadamente 50 taxis que estarían a su nombre y cuyo verdadero titular sería el funcionario. Garnica también fue denunciado en numerosas oportunidades en la Justicia por deudas, incluso en una oportunidad por el padre del Gobernador, Don León Alperovich, por una ejecución prendaria. Según se sabe, Garnica ya no se encuentra en la provincia.
Dos abogados controvertidos
Por su complicada situación judicial, el Interventor de la Caja Popular tiene dos abogados que no son bien vistos a nivel Nación, ya que se trata de reconocidos letrados actuantes en causas de Lesa Humanidad defendiendo a acusados de genocidio y crímenes durante la Dictadura.
Facundo Maggio es abogado de José Eloy Mijalchik en la Megacausa Arsenales II Jefatura II que actualmente se realiza en nuestra provincia. Mijalchik está acusado de complicidad con la Dictadura Militar y de presionar detenidos en el centro clandestino del ex arsenal Miguel de Azcuénaga (ver foto 1, foto 2).
Por su parte, Tomás Horacio Robert es también defensor de Miguel Ángel Chuchuy Linares ( ver foto), también imputado de crímenes de Lesa Humanidad contra decenas de víctimas en la Megacausa (Ver foto 1, foto 2)
Descontento nacional
Consultar los antecedentes que acredita Cortalezzi para ser merecedor del cargo que ocupa es una tarea difícil ya que su propio Curriculum Vitae está escrito en latín en su página web.
Los antecedentes del funcionario Alperovichista y la desobediencia manifiesta de una orden emanada de la Nación, además de las denuncias por amenazas y agresiones que se sumaron desde que asumió como interventor de la Caja Popular (incluso gente que decía responder a él golpeó a una concejal hace dos semanas) serían los factores que tendrían en jaque a Armando Cortalezzi.
Su negativa a reincorporar a los más de 30 trabajadores despedidos tal como ordenó el Ministerio de Trabajo ya generó un paro nacional de empleados bancarios y una multa que, se estima, deberá pagar la Caja Popular. Ladocumentación hallada sería decisiva delinear los próximos pasos que deberá tomar la Nación en relación al funcionario problemático.
Por otro lado, el hecho de que Cortalezzi sea representado por abogados defensores de acusados por crímenes de Lesa Humanidad toca una fibra sensible de la imagen que proyecta el Gobierno Nacional sobre los Derechos Humanos.
La gestión de Cortalezzi en términos generales ha ocasionado hasta ahora más dolores de cabeza que soluciones, dado que en su misión de garantizar la extracción de dinero de la Caja Popular por parte del Gobierno provincial ha incurrido en numerosos escándalos que, incluso, ya provocan fisuras dentro del oficialismo. El mismo Intendente de San Miguel de Tucumán, Domingo Amaya, quebró la imagen de unidad que proyecta el Frente Para la Victoria, al mandarlo públicamente a “trabajar” en lugar de “pelear en la calle”.
El gesto que el Gobierno nacional espera del funcionario –acatar las órdenes del Ministro de Trabajo Carlos Tomada- hasta ahora se hace esperar, y podría ser determinante en el futuro del “hombre fuerte” de Alperovich que, en el último tiempo, parece debilitar aún más la imagen del Gobernador.
De manera paralela, la reinvestigación de una causa por destrucción de delito público, que acarrea una pena de hasta seis años de prisión, continúa su curso en Comodoro Py, según informaron fuentes judiciales, con algunos elementos nuevos.
La investigación del pasaporte de Cortalezzi habría detectado que las entradas y salidas del funcionario al país muestran irregularidades, como salidas sin ingresos y un conflicto de domicilios. Ocurre que cuando el funcionario tucumano solicitó su pasaporte en el año 2009 habría dado un número de teléfono para ser contactado que resultó ser falso (ver foto)
El teléfono de contacto que Cortalezzi declaró pertenece a una directiva de la empresa estadounidense Hewlett-Packard, Roxana López Galelo, quien negó conocer al funcionario y desconoce por qué su teléfono fue puesto como contacto para el trámite de obtención del pasaporte (Legajo tipo CTL N° 13146665. Ver foto).
La investigación del pasaporte del funcionario se origina en el hecho de que se encontraron fotocopias del mismo en su prontuario, medida que en la práctica policial se toma generalmente con personas que poseen antecedentes penales, especialmente condenas.
De hecho, según se desprende de la documentación aportada, Cortalezzi registraría un ingreso en 1990 a la Comisaría 8va de Balvanera, en Buenos Aires. Un año más tarde, el 22 de mayo de 1991, se retiró parte del prontuario por una denuncia de robo de un auto que dio lugar a acciones por robo a mano armada, privación ilegítima de la libertad, atentado y resistencia a la autoridad, según el documento firmado por el Sargento 1° Segundo R. Fernández ( LP 52049. Ver foto 1, foto 2, foto 3).
Lo llamativo es que en ese prontuario todavía no se puede determinar los delitos por los cuales Cortalezzi habría sido detenido, ya que varias fojas del cuerpo fueron extraviadas o robadas.
Antecedentes penales
Más allá de los antecedentes en Buenos Aires, la investigación determinó que el Interventor de la Caja Popular tiene antecedentes penales más recientes, por lo cual resulta incomprensible la manera en la que obtuvo elcertificado de buena conducta que presentó para asumir su cargo, según confiaron fuentes judiciales. De hecho, Cortalezzi registra desde el año 1996 hasta el 2012 catorce causas penales iniciadas por delitos que van desde amenazas de muerte, daño intencional y lesiones hasta estafa (Ver foto 1, foto 2, foto 3,).
Por ello, la Fiscalía de Instrucción de la III° Nominación investiga al funcionario por presunta falsedad ideológica, a raíz del otorgamiento del certificado de buena conducta obtenido a pesar de las numerosas denuncias penales en su contra. (Prontuario N° 903350, ver foto)
Antecedentes laborales
El Interventor de la Caja Popular de Ahorros no sólo tiene denuncias penales, sino también laborales. Las denuncias son contra Cortalezzi, su esposa, Mabel Adriana Stojanovich, el Hotel Plaza Alberdi y el Colegio Las Colinas, propiedades del matrimonio. La mayoría de las causas son por cobro de pesos e indemnización laboral (Ver foto 1, foto 2, .
La conducta como empleador de Cortalezzi previa a asumir como Interventor en la Caja Popular de Ahorros habría sido determinante para incurrir en el despido masivo de más de treinta empleados. El Ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, lo intimó a la inmediata reincorporación de los cesanteados mientras durara el período de conciliación obligatoria. La negativa a cumplir la orden provocó que desde la Nación se decidiera multar a la institución por el incumplimiento.
Antecedentes civiles
Sobre la conducta de pago del funcionario también pesan serias dudas, según se desprende de sus antecedentes en el fuero Civil. Cortalezzi fue denunciado ante la Justicia en por lo menos nueve oportunidades por deudas (Ver foto 1, foto 2, foto 3, foto 4), foto 5, . foto 6, foto 7)
La Justicia también investiga al secretario de Cortalezzi, Jorge Daniel Garnica, presuntamente testaferro del funcionario. Se investiga el origen de una flota de aproximadamente 50 taxis que estarían a su nombre y cuyo verdadero titular sería el funcionario. Garnica también fue denunciado en numerosas oportunidades en la Justicia por deudas, incluso en una oportunidad por el padre del Gobernador, Don León Alperovich, por una ejecución prendaria. Según se sabe, Garnica ya no se encuentra en la provincia.
Dos abogados controvertidos
Por su complicada situación judicial, el Interventor de la Caja Popular tiene dos abogados que no son bien vistos a nivel Nación, ya que se trata de reconocidos letrados actuantes en causas de Lesa Humanidad defendiendo a acusados de genocidio y crímenes durante la Dictadura.
Facundo Maggio es abogado de José Eloy Mijalchik en la Megacausa Arsenales II Jefatura II que actualmente se realiza en nuestra provincia. Mijalchik está acusado de complicidad con la Dictadura Militar y de presionar detenidos en el centro clandestino del ex arsenal Miguel de Azcuénaga (ver foto 1, foto 2).
Por su parte, Tomás Horacio Robert es también defensor de Miguel Ángel Chuchuy Linares ( ver foto), también imputado de crímenes de Lesa Humanidad contra decenas de víctimas en la Megacausa (Ver foto 1, foto 2)
Descontento nacional
Consultar los antecedentes que acredita Cortalezzi para ser merecedor del cargo que ocupa es una tarea difícil ya que su propio Curriculum Vitae está escrito en latín en su página web.
Los antecedentes del funcionario Alperovichista y la desobediencia manifiesta de una orden emanada de la Nación, además de las denuncias por amenazas y agresiones que se sumaron desde que asumió como interventor de la Caja Popular (incluso gente que decía responder a él golpeó a una concejal hace dos semanas) serían los factores que tendrían en jaque a Armando Cortalezzi.
Su negativa a reincorporar a los más de 30 trabajadores despedidos tal como ordenó el Ministerio de Trabajo ya generó un paro nacional de empleados bancarios y una multa que, se estima, deberá pagar la Caja Popular. Ladocumentación hallada sería decisiva delinear los próximos pasos que deberá tomar la Nación en relación al funcionario problemático.
Por otro lado, el hecho de que Cortalezzi sea representado por abogados defensores de acusados por crímenes de Lesa Humanidad toca una fibra sensible de la imagen que proyecta el Gobierno Nacional sobre los Derechos Humanos.
La gestión de Cortalezzi en términos generales ha ocasionado hasta ahora más dolores de cabeza que soluciones, dado que en su misión de garantizar la extracción de dinero de la Caja Popular por parte del Gobierno provincial ha incurrido en numerosos escándalos que, incluso, ya provocan fisuras dentro del oficialismo. El mismo Intendente de San Miguel de Tucumán, Domingo Amaya, quebró la imagen de unidad que proyecta el Frente Para la Victoria, al mandarlo públicamente a “trabajar” en lugar de “pelear en la calle”.
El gesto que el Gobierno nacional espera del funcionario –acatar las órdenes del Ministro de Trabajo Carlos Tomada- hasta ahora se hace esperar, y podría ser determinante en el futuro del “hombre fuerte” de Alperovich que, en el último tiempo, parece debilitar aún más la imagen del Gobernador.
