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La Comisión de Hidrocarburos de la Legislatura de Neuquén emitió dictamen en favor del decreto provincial que respalda el acuerdo de YPF con la estadounidense Chevron para trabajar en conjunto en el yacimiento Vaca Muerta.
El dictamen tuvo 9 votos a favor (de kirchneristas y sapagistas) y 4 en contra (UCR, Libres del Sur, el Frente de Izquierda de los Trabajadores y Nuevo Compromiso Neuquino). Sólo estuvo ausente Daniel Andersch, secretario de la comisión, quién forma parte del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y responde al sindicalista Guillermo Pereyra, ganador de las internas del último domingo, porque se retiró antes de votar.
El decreto será debatido ahora en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Hacienda, en las que el oficialismo tiene mayoría, con lo que el debate en el recinto sería el miércoles 28 de agosto.
El 15 de julio pasado, el Gobierno nacional aprobó por decreto un nuevo régimen de promoción de inversiones petroleras que abarca inclusive a las empresas que se asocien con los titulares de esos permisos. Un día después, YPF firmó el acuerdo con Chevron para explotar en conjunto una porción del yacimiento no convencional Loma Norte-Loma Campana de Vaca Muerta.
Pero ese acuerdo debe ser refrendado por la provincia de Neuquén porque las provincias tienen el dominio jurisdiccional del subsuelo desde la reforma constitucional de 1994. Además, en 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 546 con el que estableció que las nuevas concesiones de hidrocarburos deben ser fijadas por las provincias. Y en noviembre de 2006, el Congreso transfirió la totalidad de los yacimientos.
Por eso, una vez que se cerró el acuerdo entre YPF y Chevron, el gobernador neuquino Jorge Sapag adhirió al nuevo régimen de promoción de inversiones petroleras y firmó un decreto que respalda el acuerdo entre YPF y Chevron y extiende la concesión de YPF en el área por 22 años. Eso fue girado a la Legislatura, en donde el gobierno provincial tiene mayoría.
El debate en la Comisión se extendió por más de siete horas. El primero en exponer fue Guillermo Coco, ministro de Energía de la provincia, quién aseguró que cada pozo petrolero que se perfore requerirá un estudio de impacto ambiental, y destacó que esos estudios fueron presentados para los pozos ya realizados.
Por su parte, los legisladores de la oposición cuestionan el acuerdo YPF-Chevron porque contiene cláusulas de confidencialidad y consideraron que la extensión de la concesión por 22 años es inconstitucional.
"En la comisión dije que el artículo 35 de la Ley nacional 17.319 y el artículo 34 de la Ley provincial 24.053 establecen claramente que las concesiones tienen una vigencia de 25 años y pueden ser prorrogadas hasta por 10 años, pero en este caso la extensión es por 22 años", aseguró Jesús Escobar, legislador de Libres del Sur, uno de los cuatro que votaron en contra.
Mientras tanto, la jueza federal Liliana Heiland -quién reemplaza a la jueza María José Sarmiento, ausente por licencia- notificó ayer a la petrolera que conduce Miguel Galuccio y a la Secretaria de Energía de la ampliación de la demanda por daños y perjuicios que mantiene un grupo de accionistas españoles minoritarios de Repsol contra el Gobierno nacional por la expropiación de YPF, en la que solicitan una copia del contrato firmado con la multinacional de origen estadounidense.
El oficio exige "una copia del Acuerdo de Proyecto de Inversión celebrado entre YPF S,A, y las empresas subsidiarias de Chevron Corporation el día 16 de julio de 2013 con el objetivo de la explotación conjunta de hidrocarburos no convencionales en la Provincia del Neuquén, incluyendo en ello todos los y/o documentación complementaria", según consignó el diario El Cronista Comercial.
La magistrada les otorgó un plazo de 10 días hábiles para responder el pedido y en caso de que no cumplan, se activarían otras dos presentaciones legales que hay en su contra y que se encuentran en "suspenso": la solicitud a Caja de Valores y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) de una copia del registro de accionistas de la empresa YPF, entre otros datos; y que se consigne el litigio en los libros de YPF y en los registros de los dos organismos de contralor.
El decreto será debatido ahora en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Hacienda, en las que el oficialismo tiene mayoría, con lo que el debate en el recinto sería el miércoles 28 de agosto.
El 15 de julio pasado, el Gobierno nacional aprobó por decreto un nuevo régimen de promoción de inversiones petroleras que abarca inclusive a las empresas que se asocien con los titulares de esos permisos. Un día después, YPF firmó el acuerdo con Chevron para explotar en conjunto una porción del yacimiento no convencional Loma Norte-Loma Campana de Vaca Muerta.
Pero ese acuerdo debe ser refrendado por la provincia de Neuquén porque las provincias tienen el dominio jurisdiccional del subsuelo desde la reforma constitucional de 1994. Además, en 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 546 con el que estableció que las nuevas concesiones de hidrocarburos deben ser fijadas por las provincias. Y en noviembre de 2006, el Congreso transfirió la totalidad de los yacimientos.
Por eso, una vez que se cerró el acuerdo entre YPF y Chevron, el gobernador neuquino Jorge Sapag adhirió al nuevo régimen de promoción de inversiones petroleras y firmó un decreto que respalda el acuerdo entre YPF y Chevron y extiende la concesión de YPF en el área por 22 años. Eso fue girado a la Legislatura, en donde el gobierno provincial tiene mayoría.
El debate en la Comisión se extendió por más de siete horas. El primero en exponer fue Guillermo Coco, ministro de Energía de la provincia, quién aseguró que cada pozo petrolero que se perfore requerirá un estudio de impacto ambiental, y destacó que esos estudios fueron presentados para los pozos ya realizados.
Por su parte, los legisladores de la oposición cuestionan el acuerdo YPF-Chevron porque contiene cláusulas de confidencialidad y consideraron que la extensión de la concesión por 22 años es inconstitucional.
"En la comisión dije que el artículo 35 de la Ley nacional 17.319 y el artículo 34 de la Ley provincial 24.053 establecen claramente que las concesiones tienen una vigencia de 25 años y pueden ser prorrogadas hasta por 10 años, pero en este caso la extensión es por 22 años", aseguró Jesús Escobar, legislador de Libres del Sur, uno de los cuatro que votaron en contra.
Mientras tanto, la jueza federal Liliana Heiland -quién reemplaza a la jueza María José Sarmiento, ausente por licencia- notificó ayer a la petrolera que conduce Miguel Galuccio y a la Secretaria de Energía de la ampliación de la demanda por daños y perjuicios que mantiene un grupo de accionistas españoles minoritarios de Repsol contra el Gobierno nacional por la expropiación de YPF, en la que solicitan una copia del contrato firmado con la multinacional de origen estadounidense.
El oficio exige "una copia del Acuerdo de Proyecto de Inversión celebrado entre YPF S,A, y las empresas subsidiarias de Chevron Corporation el día 16 de julio de 2013 con el objetivo de la explotación conjunta de hidrocarburos no convencionales en la Provincia del Neuquén, incluyendo en ello todos los y/o documentación complementaria", según consignó el diario El Cronista Comercial.
La magistrada les otorgó un plazo de 10 días hábiles para responder el pedido y en caso de que no cumplan, se activarían otras dos presentaciones legales que hay en su contra y que se encuentran en "suspenso": la solicitud a Caja de Valores y a la Comisión Nacional de Valores (CNV) de una copia del registro de accionistas de la empresa YPF, entre otros datos; y que se consigne el litigio en los libros de YPF y en los registros de los dos organismos de contralor.
nosis
