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En las próximas semanas se podría conocer el veredicto de la Corte de Apelaciones de Nueva York en la causa que enfrenta la Argentina con los fondos buitre, ante la proximidad de las vacaciones estivales en el ámbito judicial estadounidense, coinciden funcionarios, abogados, y expertos en el tema.
Los movimientos en la calle Foley 50, donde se ubican los despachos de los tres jueces de la Cámara que tiene a su cargo la causa- los demócratas Daniels Barrington Park y Rosemary Pooler, y la republicana Reena Raggi-, y la proximidad de la feria judicial son indicios fuertes de que el fallo puede llegar en cualquier momento.
Entre los escenarios posibles y más factibles, hay uno más favorable y otro menos favorable, y ambos tienen matices.
El primero, tiene que ver con que la Corte podría dictaminar que los holdouts tienen derecho a cobrar el 100% de su deuda y que la Argentina viola el `pari passu` (tratamiento igualitario), pero a la vez levantaría el método de pago propuesto por el juez Thomas Griesa de utilizar el dinero destinado a los acreedores del canje, por considerar que viola derechos de propiedad de terceros.
Esta sentencia, actualizada a la fecha a 1370 millones de dólares, dejaría su aplicación en abstracto, desde el punto de vista de que si los fondos buitre no encuentran ningún bien comercial de la Argentina en EEUU, como sucede hasta la actualidad.
En el escenario menos favorable se indicaría al país pagar el 100% con el método de pago propuesto por Griesa, donde serían penalizadas entidades financieras intermediarias de los pagos si no acatan la medida, lo que obligaría a la Argentina a cambiar de jurisdicción y hasta de intermediarios para el pago de los bonos, y desataría un camino de pago inexplorado pero no imposible, para pagar la deuda a los bonistas.
Esto sería una modificación del pago "técnico" porque hay voluntad y capacidad de pago del país a los bonistas, por lo que no puede denominarse "default", como pretenden las voces del mercado y los fondos buitre, que tienen interés en cobrar sus inversiones en los seguros de default (CDS, por sus siglas en inglés).
Si bien también es cierto que se alteran las condiciones de pago según lo estrictamente establecido en el contrato de los bonos.
No obstante el Gobierno, a través del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el vicepresidente Amado Boudou, garantizó el cumplimiento de los pagos a los bonistas ante una escenario desfavorable, aunque se reservó el cómo para cuando llegue la sentencia, porque también aquí hay un abanico de posibilidades.
Asimismo, a través de la defensa argentina en Nueva York, le hizo saber a la Cámara de Apelaciones que no podría cumplir un fallo que obligue al país a abonarle 100% a los fondos buitre, que en esta sentencia se circunscribe a dos de ellos, NML, del fondo Elliott, perteneciente al magnate Paul Singer, y a Aurelius.
El argumento argentino hace eje en cuestiones de caja, de equidad y de potenciales implicancias que podría tener a nivel internacional un fallo de este tipo respecto a procesos de reestructuración que puedan llevar adelante otros países, entre otras cuestiones.
Por un lado, porque se desataría un reclamo del resto de los holdouts (entre capital e intereses piden 15.000 millones de dólares) y de los acreedores que ingresaron al canje (para equiparar sus tenencias a la deuda nominal vieja el monto total a pagar se elevaría en más de 50.000 millones de dólares, lo que supera ampliamente el nivel de reservas).
Por otro lado, porque considera inequitativo pagarle más a los fondos buitre que a la mayoría de los tenedores que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.
En tercer lugar, porque podrían peligrar futuras restructuraciones de países con crisis de deuda, aún las operaciones promovidas por el FMI, si quedan afectados los pagos de los canjes y si a la larga los fondos buitre siempre ganan en el litigio.
Hay una remota posibilidad -no se puede descartar aún-, de que tras evaluar la propuesta de canje y argumentos de la Argentina explicados en la audiencia de febrero último y en documentos enviados a la Corte en marzo pasado, la Corte se decida revisar también el criterio del "pari passu" a los acreedores.
El fallo esperado es de segunda instancia, con lo que en cualquier caso resta la instancia final de la Corte Suprema.
Los analistas auguran pocas chances de que la misma acepte tratar el caso, desde el punto de vista estadístico, pero donde sin embargo aquí pesará más la opinión de Estados Unidos, que hasta ahora resultó favorable al país, y del FMI, que recientemente se pronunció con un documento en contra del fallo de Griesa.
En un documento, de manera inédita, el FMI reconoció errores y dio pistas de que podría desencadenarse un nuevo canje griego a dos años de haber efectuado la operación más grande de la historia, si la economía helena no consigue dejar pronto la recesión.
telam
Los movimientos en la calle Foley 50, donde se ubican los despachos de los tres jueces de la Cámara que tiene a su cargo la causa- los demócratas Daniels Barrington Park y Rosemary Pooler, y la republicana Reena Raggi-, y la proximidad de la feria judicial son indicios fuertes de que el fallo puede llegar en cualquier momento.
Entre los escenarios posibles y más factibles, hay uno más favorable y otro menos favorable, y ambos tienen matices.
El primero, tiene que ver con que la Corte podría dictaminar que los holdouts tienen derecho a cobrar el 100% de su deuda y que la Argentina viola el `pari passu` (tratamiento igualitario), pero a la vez levantaría el método de pago propuesto por el juez Thomas Griesa de utilizar el dinero destinado a los acreedores del canje, por considerar que viola derechos de propiedad de terceros.
Esta sentencia, actualizada a la fecha a 1370 millones de dólares, dejaría su aplicación en abstracto, desde el punto de vista de que si los fondos buitre no encuentran ningún bien comercial de la Argentina en EEUU, como sucede hasta la actualidad.
En el escenario menos favorable se indicaría al país pagar el 100% con el método de pago propuesto por Griesa, donde serían penalizadas entidades financieras intermediarias de los pagos si no acatan la medida, lo que obligaría a la Argentina a cambiar de jurisdicción y hasta de intermediarios para el pago de los bonos, y desataría un camino de pago inexplorado pero no imposible, para pagar la deuda a los bonistas.
Esto sería una modificación del pago "técnico" porque hay voluntad y capacidad de pago del país a los bonistas, por lo que no puede denominarse "default", como pretenden las voces del mercado y los fondos buitre, que tienen interés en cobrar sus inversiones en los seguros de default (CDS, por sus siglas en inglés).
Si bien también es cierto que se alteran las condiciones de pago según lo estrictamente establecido en el contrato de los bonos.
No obstante el Gobierno, a través del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el vicepresidente Amado Boudou, garantizó el cumplimiento de los pagos a los bonistas ante una escenario desfavorable, aunque se reservó el cómo para cuando llegue la sentencia, porque también aquí hay un abanico de posibilidades.
Asimismo, a través de la defensa argentina en Nueva York, le hizo saber a la Cámara de Apelaciones que no podría cumplir un fallo que obligue al país a abonarle 100% a los fondos buitre, que en esta sentencia se circunscribe a dos de ellos, NML, del fondo Elliott, perteneciente al magnate Paul Singer, y a Aurelius.
El argumento argentino hace eje en cuestiones de caja, de equidad y de potenciales implicancias que podría tener a nivel internacional un fallo de este tipo respecto a procesos de reestructuración que puedan llevar adelante otros países, entre otras cuestiones.
Por un lado, porque se desataría un reclamo del resto de los holdouts (entre capital e intereses piden 15.000 millones de dólares) y de los acreedores que ingresaron al canje (para equiparar sus tenencias a la deuda nominal vieja el monto total a pagar se elevaría en más de 50.000 millones de dólares, lo que supera ampliamente el nivel de reservas).
Por otro lado, porque considera inequitativo pagarle más a los fondos buitre que a la mayoría de los tenedores que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.
En tercer lugar, porque podrían peligrar futuras restructuraciones de países con crisis de deuda, aún las operaciones promovidas por el FMI, si quedan afectados los pagos de los canjes y si a la larga los fondos buitre siempre ganan en el litigio.
Hay una remota posibilidad -no se puede descartar aún-, de que tras evaluar la propuesta de canje y argumentos de la Argentina explicados en la audiencia de febrero último y en documentos enviados a la Corte en marzo pasado, la Corte se decida revisar también el criterio del "pari passu" a los acreedores.
El fallo esperado es de segunda instancia, con lo que en cualquier caso resta la instancia final de la Corte Suprema.
Los analistas auguran pocas chances de que la misma acepte tratar el caso, desde el punto de vista estadístico, pero donde sin embargo aquí pesará más la opinión de Estados Unidos, que hasta ahora resultó favorable al país, y del FMI, que recientemente se pronunció con un documento en contra del fallo de Griesa.
En un documento, de manera inédita, el FMI reconoció errores y dio pistas de que podría desencadenarse un nuevo canje griego a dos años de haber efectuado la operación más grande de la historia, si la economía helena no consigue dejar pronto la recesión.
telam
