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Los
diputados ultraoficialistas Carlos Kunkel y Diana Conti presentaron un proyecto
de ley para que se expropie un porcentaje de las acciones de Papel Prensa, los
suficientes para que el Estado nacional asuma el control del paquete accionario
y dirija a la compañía.
La expropiación por causa de utilidad pública es una
facultad del Congreso Nacional, siempre que el bien expropiado sea previamente
indemnizado. Pero no es razonable expropiar sólo una parte de las acciones de
una sociedad. Los dueños de una empresa deben decidir ellos con quién quieren
asociarse. La imposición de un socio forzoso, que asume el control de la
sociedad, es un disparate.
Tampoco se advierten cuáles son las razones de utilidad
pública. Si el Estado quiere crear una fábrica de papel, que lo haga, pero para
eso no necesita expropiar una existente. La fabricación de papel no es un
monopolio natural, que sólo pueda ser explotado por una empresa.
¿Para qué se hace? Para que el gobierno decida a
quiénes les da papel y a quiénes no. Algo similar ocurrió durante los primeros
gobiernos de Perón. Entonces el papel se importaba y el Estado determinaba su
distribución, con criterios de favoritismo político. Así, La Nación debía salir
en ediciones de muy pocas páginas.
Con este avance sobre una empresa privada, sumado a la
posibilidad de determinar si los diarios van a poder importar o no el papel, el
gobierno se propone cercenar a la prensa escrita.
Aún más grave sería la concreción de un insistente rumor:
la intervención de Clarín. Como el Estado es, a través del ANSES (y éste, por
sucesión de las tenencias accionarias de las AFJP), poseedor de un porcentaje
minoritario de acciones en esa empresa, y una modificación de la ley del
mercado de capitales introducida subrepticiamente el año pasado por el diputado
kirchnerista Roberto Feletti, permite a los accionistas minoritarios solicitar
a la Comisión Nacional de Valores la intervención de una sociedad en ciertos
casos por 180 días, no sería improbable que esto sucediera.
Recordemos que cuando se sancionó esa norma señalamos que
la ley tenía, como suele suceder con todas las que impulsa el kirchnerismo,
nombre y apellido. Es el del enemigo elegido en los últimos años, el
Grupo Clarín.
Entonces,
el presidente de la CNV, Alejandro Vanoli, se atajó de las críticas: el Estado
nunca es una amenaza. ¿Nadie le explicó que el Estado constitucional de Derecho
se basa en la idea opuesta? ¿No leyó jamás un libro de historia? ¿O para qué se
hacen las constituciones, si no para poner un dique a los posibles abusos del
poder?
Sí, Vanoli, el Estado puede ser una amenaza. Lo es,
sin duda alguna, cuando lo conducen personas como usted y sus mandantes,
que no creen que la Constitución y las leyes sean un límite a sus conductas. En
manos de ustedes, la atribución que establece la ley del mercado de capitales
(o la ley antiterrorista, por citar otro caso) es sumamente peligrosa para la
libertad de los ciudadanos.
Las consecuencias serían imprevisibles. Habrá que ver, en
tal caso, cómo reacciona la sociedad ante el apagón informativo. Sería el
traspaso de una frontera que puede desatar efectos tremendos.
¿Nos llevará la señora de Kirchner a ese escenario? ¿Será
tan demencial su conducta?
Pero sepan que el límite que no reconocen en las
normas se los vamos a imponer mediante la movilización de la ciudadanía, si se
atreven a convertir a la Argentina en Venezuela o en Cuba. Este no es el
país bananero que tanto anhelan: es el país de San Martín, de Belgrano, de
Sarmiento, de Alberdi, de Borges, de Houssay y de tantos otros argentinos de
bien que, con firmes e inclaudicables convicciones, soñaron con una República
pujante, inclusiva, tolerante y honesta. No pasarán.
