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El 25 de abril
de 2013 quedará en los anales de la historia argentina como una fecha nefasta.
En la madrugada de ese día el Congreso Nacional avanzó de un modo inédito en
las últimas décadas sobre la independencia del Poder Judicial.
El
retroceso institucional que vivimos es el más profundo desde el advenimiento de
la democracia, a fines de 1983. Jamás se nos hubiera ocurrido, en medio del
fervor democrático y republicano de aquellos días, que la propia democracia
pudiera ir deteriorándose desde adentro como lo comprobamos en estas jornadas.
He
expuesto ya por qué considero que estas leyes de la impunidad –me refiero a las
tres que importan, ya que las otras no son más que el envoltorio amable de la
daga- son por su contenido inconstitucionales. Quiero detenerme ahora en el
procedimiento. En el Estado de Derecho las formas son tanto o más importantes
que el fondo. Quien habla despectivamente de la “democracia formal” es, sin
dudas, por lo menos un autoritario y muy probablemente un fascista.
Que un
paquete de leyes de tamaña importancia haya sido tratado con la celeridad que
puede esperarse de una declaración de interés de cierta fiesta provincial del
rabanito, nos indica con claridad qué rol y qué trascendencia le asigna la
presidente de la Nación al Poder Legislativo.
Ni los propios legisladores oficialistas sabían muy bien qué debían
votar. La orden era no tocarles ni una coma a los proyectos. Fueron en vano los
intentos de plantear las muy serias objeciones constitucionales que hicieron
los bloques opositores y la comunidad jurídica en general. Sólo se admitió una
leve modificación planteada por una ONG que consideran propia tropa, el CELS.
Pero aún en este caso el vocero de la entidad, Horacio Verbitzky, se trenzó en
un debate con el Secretario de Justicia, no tanto sobre las bondades de una u
otra opinión, sino más bien sobre cuál de ellas representaba mejor la visión de
la presidente de la Nación.
La
cereza del postre fue la escandalosa votación en la Cámara de Diputados. Como
el kirchnerismo dudaba de contar con los votos suficientes para todos los
artículos en particular respecto del proyecto sobre el Consejo de la
Magistratura, pretendió primero que se votara en general y en particular
simultáneamente, en una abierta violación reglamentaria. Más tarde, al aprobar
el artículo 2º, que se refiere a la integración del nuevo Consejo
“democratizado”, el tablero indicó que se habían obtenido 128 votos, es decir,
uno menos que los necesarios. Entonces, dos diputados señalaron que no habían
quedado registrados sus votos y se les permitió votar nuevamente, con lo que se
llegó a 130 voluntades. La oposición va a plantear la nulidad de la ley. Es
dudoso que la justicia acoja esa pretensión, porque tradicionalmente ha
considerado al procedimiento de formación y sanción de las leyes como una
cuestión política no justiciable, aunque esa doctrina comenzó a cambiar hace
unos 20 años y la Corte actual declaró la invalidez de una sesión del Senado en
2007.
A las groseras
inconstitucionalidades del contenido, se han sumado las irregularidades del
procedimiento. Muchos argentinos han de pensar, al ver tan pisoteada a la
República, lo mismo que el fantasmagórico ministro de Economía, Hernán
Lorenzino: “Me quiero ir”.
Sin embargo, no
es tiempo de perder la esperanza en alumbrar un prvenir venturoso, porque
mientras más oscura sea la noche, más cerca está el amanecer.
Como bien señaló
nuestro querido Papa Francisco a Cristina Fernandez en una carta que ésta
aviesamente ocultó, tengamos fe en “los hijos de esas queridas tierras argentinas,
que se esfuerzan cada día por dar lo mejor de si mismos a la patria que los vio
nacer y anhelan ser protagonistas de un presente sereno y constructores de un
futuro luminoso, en donde el amor recíproco sea la puerta que abra a la
esperanza y a la mutua confianza, al respeto recíproco y a la colaboración
generosa”.
