Entradas
LA SEMANA EN POCAS PALABRAS
Esta semana volvió a mantenerse en el centro de la escena la puja fiscal (y política) entre los gobiernos nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Más allá de la interna partidaria, esta discusión tiene como telón de fondo el actual escenario estanflacionario, el cual impulsa una desaceleración de los ingresos fiscales que, combinada con la inercia en las principales partidas del gasto (especialmente en salarios), comienza a golpear crudamente a las finanzas públicas nacionales y provinciales.
Ahora bien, el problema fiscal bonaerense no es nuevo y comenzó a gestarse en 2011. El año pasado, la Provincia de Buenos Aires presentó un déficit primario cercano a $10.000 millones y financiero (después del pago de intereses de la deuda) de $13.700 millones, que implicó un importante deterioro, el cual explicó prácticamente la totalidad del déficit consolidado provincial (el resto de los de los distritos presentaron ligeros déficits y superávits que en el agregado tendieron a netearse).
Este deterioro de la situación fiscal bonaerense responde al festival del gasto que tuvo lugar durante el año electoral, encabezado por los gastos en personal, que aumentaron un impactante 39% en 2011. En el corriente año, con la recaudación provincial golpeada por la recesión, menores giros de la Nación por cuestiones políticas e inercia inflacionaria en las partidas de gasto en personal (que se anotan el 60% del gasto primario provincial), la dinámica fiscal se tornó insostenible.
En este sentido, un alza más moderada del gasto en personal por parte de la Provincia de Buenos Aires en 2011 hubiera permitido evitar las tensiones financieras registradas por ese distrito en 2012. Un ejercicio simple, aunque estático, indica que si el gasto en personal del gobierno bonaerense se hubiera incrementado 25% en 2011 y 2012 (en línea con la inflación), el fisco provincial se habría ahorrado este año unos $6.400 millones en pagos de remuneraciones, un monto similar al que la administración provincial admitió que requiere para cumplir con los pagos de salarios y el medio aguinaldo de los empleados estatales.
Con las cartas ya echadas, las alternativas que ahora enfrenta la administración bonaerense requerirán de una compleja estrategia financiera y política. Mientras continúa esperando la asistencia del Tesoro Nacional, la gobernación deberá recostarse en el financiamiento del Banco Provincia (incluyendo la posible venta de títulos públicos en su poder), el estiramiento del pago a proveedores, la sub-ejecución del gasto en obra pública y la reducción de transferencias a municipios. Todo ello en un contexto en el que la emisión de nueva deuda provincial resulta poco probable, dada las elevadas tasas de interés que exigirían los potenciales inversores.
Parte de estas acciones requerirían de aprobación legislativa, para lo cual la administración bonaerense encuentra rechazos, tanto en la oposición, como en el seno del oficialismo más cercano a la Casa Rosada. Asimismo, este “corte” en la cadena de pagos provincial configura un ajuste fiscal que terminará afectando el bolsillo de los bonaerenses y que resentirá la actividad económica provincial.
En este sentido, y desde una perspectiva más amplia, el aspecto más preocupante de la compleja situación por la que atraviesa la Provincia de Buenos Aires es que representa la “punta del iceberg” de un ajuste procíclico en el cual se están embarcando los principales gobiernos provinciales. La transferencia del ajuste fiscal de la Nación a las provincias (con Buenos Aires como punta de lanza), tiende a profundizar la recesión que comienzan a transitar las economías regionales, afectadas por la apreciación cambiaria, la retaliación de las trabas comerciales y, ahora, un ajuste del gasto público, en distritos donde el empleo y gasto provincial resulta determinante en la vida económica diaria.
