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LA SEMANA EN POCAS PALABRAS
Esta semana el gobierno anunció un ambicioso plan de viviendas financiado con fondos previsionales, el cual pone de manifiesto la preocupación oficial por la salud de la economía, más allá de lo que señalen las estadísticas oficiales.
Según la medición de Ferreres, el PIB, que hasta septiembre 2011 se encontraba en ascenso, cayó cerca de 2% entre octubre y abril (sin estacionalidad) y hoy se ubica prácticamente en los mismos niveles de un año atrás.
Otros datos apuntan, generalizadamente, en el mismo sentido. La inversión total cae un 16% anual, incluyendo un derrumbe de 35% en las compras de bienes de capital. La construcción cae un 8% anual y las escrituraciones un 25%. Las ventas minoristas se contraen de un 3% anual en shoppings a un 6% según CAME, a la vez que la industria opera 0,5% por debajo de los niveles de un año atrás. Incluso el agro tuvo un mal año (la cosecha es 13% menor a la campaña previa), mientras que las exportaciones caen un 6% anual, las importaciones un 14% y la demanda laboral un 36% según la medición de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Actualmente, lo único que crece son las ventas de 0km (11% en mayo), actuando los automotores como un refugio para parte de la población que no puede comprar dólares.
En este escenario recesivo, la AFIP informó que la recaudación creció nominalmente en mayo un 20,5% anual, por debajo de las mediciones privadas de inflación. Ello implica una caída de la recaudación en términos reales, la primera desde la crisis de 2009, dinámica que confirma el enfriamiento de la actividad agregada y presiona aún más sobre las golpeadas finanzas públicas.
Este pasaje de la desaceleración a la recesión económica, ¿responde a mala praxis o mala suerte? La respuesta parece contener un poco de las dos cosas, aunque posiblemente algo más de lo primero que de lo segundo. Si bien es evidente que la desaceleración en Brasil y la sequía impactaron negativamente en la industria y el agro, no es menos cierto que las restricciones cambiarias y comerciales, conjugadas con otras medidas y anuncios oficiales, en poco ayudaron a moderar sus efectos, generando –muy por el contrario- una profundización de la caída.
En el interín, la inflación sigue alta, abriendo las puertas al tan temido escenario estanflacionario. Según datos divulgados por el Congreso esta semana, la inflación habría trepado a un 24% anual en mayo. Si bien en el mes los precios minoristas crecieron 1,7%, por debajo del promedio del primer cuatrimestre (2%), ello implica un alza anualizada elevada, de 22,4%, pese al enfriamiento de la actividad agregada.
¿Es el plan de viviendas una respuesta adecuada para este escenario? Por diversos motivos, todo indica que se trata de una medida que si bien ayudaría, no aportaría una solución de fondo ni a la caída del nivel de actividad, ni al problema habitacional. Dejando de lado las dificultades operativas del proyecto, aún si se cumpliera la ambiciosa meta anunciada por el ANSES, de $10.000 millones por año, el flujo de fondos públicos no alcanzaría a compensar la caída de la inversión agregada, que hoy ronda los $18.000 millones en términos anualizados. Asimismo, de acuerdo a la EPH del INDEC, la población que no es dueña de su propiedad suma alrededor de 3 millones de hogares, de manera que el plan anunciado permitiría solucionar apenas el 3% de las actuales necesidades habitacionales.
