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El gobierno nacional dejó hoy sin efecto los beneficios impositivos y aduaneros previstos en el Régimen Especial Fiscal de la Ley 19.640 y sus normas complementarias, para las actividades relacionadas con la producción de gas y petróleo.
La medida busca revertir el carácter de país importador y lograr el autoabastecimiento, de modo de garantizar la demanda interna sustentable y con precios adecuados.
El decreto 751/2012 publicado en el Boletín Oficial, alcanza a las actividades de extracción de petróleo crudo y gas natural; y a los servicios relacionados, incluidos los geológicos, excepto los de prospección.
El decreto lleva las firmas de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; y de los ministros de Economía, Hernán Lorenzino, y de Industria, Débora Giorgi.
La medida tiene vigencia a partir de hoy, y producirá efectos para los hechos imponibles que se generen y las ganancias que se devenguen a partir de mañana.
En sus considerandos, el decreto señala que corresponde profundizar las acciones destinadas a concretar los objetivos perseguidos con la ley 26.741, que declaró de interés público nacional y como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización.
Dichas acciones, así como las políticas que se están implementando en la materia, permitirán "afianzar el proceso de reindustrialización, de manera de alcanzar una sensible mejora de las condiciones de vida de la población", agrega la norma.
Destaca luego que "para asegurar la continuidad en el largo plazo del acelerado crecimiento económico con perfil industrial que se verificó desde 2003", es necesario garantizar la disponibilidad de los recursos estratégicos, como el petróleo y el gas.
De ese modo se podrá "sostener la expansión de la producción en condiciones económicamente razonables y previsibles en el tiempo".
Los hidrocarburos, dice la norma, "no pueden ser tomados simplemente como un `commodity´ de exportación, como fue el oro en la época de la colonia, cuando en Sudamérica la actividad industrial, productiva y comercial era mínima".
"Entonces se trataba de venir a explotar los recursos naturales de nuestros países como si fueran simplemente materia de exportación, para llevárselos a los países centrales", agrega.
Justifica de ese modo la necesidad de otorgarle al recurso "un tratamiento acorde al crecimiento del país, con cada vez mejor distribución del ingreso, con participación de los trabajadores y con cada vez mejores estándares de vida para toda la población".
"Una cosa es considerar que se trata simplemente de bienes a extraer y a exportar al exterior, como lo hizo la ideología imperante en la década de los noventa —cuando la actividad doméstica no existía o estaba en vías de desaparición—, y otra muy distinta es pensarlos como un instrumento estratégico, porque se transforman en un resorte y un elemento central del crecimiento y del bienestar de la población argentina", añade el decreto 751.
Explica luego que "si uno tiene una economía que quiere orientar hacia los servicios, no queda más que venderlos ligeramente a otros que producen"; en cambio, "si estamos industrializando a tasas inéditas en la historia de la economía nacional, el lugar que ocupa la energía o el petróleo es completamente distinto".
Por tal motivo, indica el decreto, deviene "imperativo revertir el carácter de país importador de recursos naturales, como el petróleo y el gas, y lograr el autoabastecimiento".
Se generarán así las condiciones "para asegurar la satisfacción de la demanda interna de una manera sustentable y con precios adecuados, para el presente y para el futuro", dice la norma.
Asimismo, añade, es "deber del Estado" garantizar que el precio de venta en el mercado interno no quede sujeto a las fluctuaciones e inestabilidad que caracterizan al mercado internacional.
Los beneficios impositivos y aduaneros previstos en el Régimen Especial Fiscal y Aduanero de la ley 19.640, apuntaban a fomentar la actividad económica, asegurar el desarrollo regional austral y el establecimiento permanente de población argentina, atendiendo a su peculiar situación geográfica, recuerda el decreto.
La política económica actual, concluye, privilegia el logro de saldos exportables, destinados a mejorar la balanza de pagos y alienta la "explotación racional" de los recursos no renovables con el fin de garantizar también "su disponibilidad para las futuras generaciones".- (Télam)
