La demora de la Legislatura en tratar la aprobación del Fideicomiso Austral -creado por el gobierno nacional hace siete meses- le impidió a Tierra del Fuego disponer de 150 millones de pesos para obras de infraestructura, lamentó el Ejecutivo provincial.El ministro de Obras y Servicios Públicos de Tierra del Fuego, Manuel Benegas, explicó que "al momento de constituirse el Fideicomiso Austral, la Nación debía integrar al mismo 35 millones de dólares, a lo que se deben sumar más de 10 millones de pesos mensuales".Este fideicomiso fue anunciado por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en marzo pasado en Ushuaia, y una vez aprobado por la Legislatura estará constituído por fondos públicos nacionales y de regalías hidrocarburíferas que pagan los privados.Benegas sostuvo que "de haberse aprobado en tiempo y forma el Fideicomiso Austral, hoy estaríamos en etapas de adjudicación de obras que se iniciarían durante la presente temporada".Advirtió que "muchas veces representantes de la UOCRA expresaron su preocupación por el nivel de ocupación de los trabajadores del sector" y agregó que "no existen dudas de que con la puesta en marcha de esta herramienta, serían cientos los puestos de trabajo generados en forma directa"."Esta demora pone en riesgo la generación de energía eléctrica en los próximos años, ya que una de las cuestiones prioritarias a solucionar con estos recursos es la repontenciación de las turbinas de las ciudades de Río Grande y Ushuaia", agregó Benegas en un comunicado oficial.A su vez el ministro de Economía, Rubén Bahntje, rechazó el argumento expuesto por el Movimiento Popular Fueguino (MPF), basado en que se beneficiará con una exención impositiva a las empresas que realicen obras en el marco de este acuerdo.Bahntje sugirió a los legisladores del MPF que "repasen la normativa vigente" ya que "es legal realizar rebajas e incluso dar exenciones impositivas, tal como lo ha realizado la misma Legislatura en los casos BGH y tasa cero a la construcción".En ese sentido, Bahntje indicó a los legisladores la vigencia de la Ley 487, que establece "claramente" que el Poder Ejecutivo podrá otorgar beneficios fiscales por medio de la exención o disminución de gravámenes tributarios.El ministro consideró que "sólo es necesario que el Poder Legislativo se decida a aprobar el convenio, o directamente a rechazarlo y hacerse cargo de la responsabilidad que significa negarle a la provincia miles de millones de pesos para obras de infraestructura".Recordó también que "el MPF recibió una provincia con deuda cero y 160 millones de dólares en bonos, y la entregó con una deuda con la Nación de casi 200 millones de dólares y un Banco provincial al borde de la quiebra"."Quizá este fuerte contraste con una gestión que comenzó por cancelar las deudas de las otras gestiones, y en lugar de endeudarse avanza en la firma de convenios que garantizan fondos para tres gobiernos, les impida levantar la mano, pero deberán explicar a la sociedad por qué levantan tan fácilmente la mano cuando se trata de endeudar a Río Grande y les pesa tanto cuando se trata de conseguir recursos con costo cero", afirmó.
Télam
Demora legislativa con fideicomiso hizo perder 150 millones a tierra
octubre 04, 2010