El Gobierno desreguló la actividad de los "warrants" con el
objetivo de impulsar el crédito en el sector privado, a través del Decreto 640/2024.
A partir de esta decisión, los warrants pasan a ser de libre emisión a través de intermediarios,
mientras que anteriormente solo podían ser emitidos por alguna de las diez empresas autorizadas.
Los "warrants" son documentos que certifican la posesión de un determinado bien por parte del
poseedor, generalmente un productor, como garantía para obtener financiamiento.
También es un instrumento clave para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder al
crédito y asegurar la liquidez de sus inventarios y activos financieros.
Además, se liberó su emisión para cualquier tipo de producto, ampliando las posibilidades de
aplicarlos en la industria, la minería, energía y otros sectores, además del agro.
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