Desde el colectivo Infancia en Deuda, le exigimos al Estado que redoble sus esfuerzos frente al aumento de la indigencia y la pobreza infantil

 

A partir de las declaraciones de la vocera presidencial, el debate público vuelve a poner en la escena la situación de las niñeces y adolescencias en Argentina. Más de la mitad de ellas y ellos -7.8 millones- viven con sus derechos vulnerados, y al menos 1.6 millones crecen en contextos de inseguridad alimentaria grave. La intervención estatal en pos de la reversión de este problema no admite más demoras.    Según el INDEC, el 54,6% de niñas, niños y adolescentes (NNA) se encuentra en condición de pobreza, es decir, reside en hogares cuyos ingresos no alcanzan a cubrir una canasta básica total de bienes y servicios. Dentro de este grupo etario, el 12,2% crece en la pobreza extrema, con ingresos inferiores a los necesarios para comprar una canasta básica de alimentos (que permite acceder a una alimentación mínima). En igual sentido, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), sostuvo que “la situación de inseguridad alimentaria por problemas económicos afectó al 31,4% de los NNyA en el segundo semestre del 2022. Dentro de esta población se estima que un 12,3% experimentó una situación de privación alimentaria grave”.   Estos números indican que más de 1.6 millones de NNA hoy padecen pobreza extrema o indigencia. Según datos de UNICEF, durante 2022 el 36% de los hogares tuvieron que dejar de comprar algún alimento por falta de dinero y el 19% de los hogares dejó de realizar alguna comida, lo que afectó a más de 1 millón de NNA. En otras palabras, las niñeces y adolescencias crecen con hambre en nuestro país.   El hecho de que las personas tengan acceso a comedores no suple la responsabilidad estatal de combatir la falta de acceso a alimentos, ni siquiera de aquellos básicos para la subsistencia. Estos espacios, gestionados por las propias comunidades, realizan una gran contribución para paliar el problema. Sin embargo, suelen depender de voluntades particulares y de fuentes de financiamiento inestables, lo que sujeta el goce de derechos absolutamente esenciales a una gran incertidumbre. Combatir el hambre debe ser una política de Estado, que cuente con un presupuesto suficiente y adecuado. Sobre esto último, debe recordarse que la Ley de Presupuesto 2023 sancionada por el Congreso Nacional incorporó 101.890 millones de pesos destinados a políticas alimentarias -que incluían Prestación Alimentar y Comedores Escolares- que fueron recortadas por el Poder Ejecutivo Nacional a principios de año y no han sido devueltas a esa finalidad.   Más allá de la discusión sobre la diferencia entre las cifras de indigencia y de pobreza, cabe señalar también que las primeras reflejan por sí solas una situación extremadamente preocupante. Además, debe recordarse que poder acceder a una canasta básica de alimentos según datos oficiales no garantiza en modo alguno el acceso a una alimentación adecuada ni saca a las personas de la pobreza, que -como fenómeno multicausal y multidimensional- requiere respuestas integrales y complejas.    Ante este escenario, el Estado debe asumir su responsabilidad y redoblar los esfuerzos para combatir tanto la indigencia como la pobreza, y para evitar que estas sigan incrementándose en detrimento de la niñez y adolescencia de nuestro país, comprometiendo su presente y su futuro. Mientras existan NNA creciendo en estas condiciones, las autoridades públicas estarán en deuda.