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El kirchnerismo desarticuló completamente el respeto por la seguridad jurídica del país. Argentina perdió su posición mundial como foco atractor de inversión extranjera, la cual había construido en los 90’s con el menemismo.
La inversión extranjera directa en Argentina solamente representó el 0,4 por ciento del flujo de capitales a nivel global. La entrada de capitales osciló entre 38 y 59 millones de dólares mensuales en lo que va de 2023, mientras que el flujo acumulado de los últimos 12 meses a duras penas supera los 500 millones de dólares en comparación a los 3.400 millones de 2019 (antes del shock de las PASO en agosto).
De hecho, la participación del saldo inversor en Argentina con respecto al total mundial se redujo prácticamente a la mitad desde 2019. La garantía por el respeto a los derechos de propiedad y la seguridad jurídica no solamente resulta casi inexistente en la Argentina kirchnerista, sino que además el cepo cambiario impide la remisión de utilidades y boicotea el atractivo de los inversores en áreas fundamentales para el país.
Desde la década de 1990 que el país no mantiene un flujo de ingreso de capital relevante, o tan siquiera similar al promedio que mantienen América Latina. Mientras que en los años 90’s la IED superaba ligeramente al promedio de la región, en la primera década de los 2000 solo representó el 68 por ciento del total en el quinquenio 2010-2015 cayó al 66 por ciento del mismo.
La llegada de capitales para invertir en el país alcanzó un promedio del 1,7 por ciento de la inversión directa internacional entre 1990 y 1999, tres veces superior de lo que se observó para el promedio entre 2003-2023. Argentina recibió un récord de hasta el 2,7 por ciento de la inversión directa mundial en 1992 y 2,2 por ciento en 1999, durante la administración del presidente Carlos Menem.
La masiva privatización de servicios públicos fue una de las principales fuentes explicativas para los grandes flujos de IED, ya que el cambio de manos en sí mismo supuso un fuerte desembolso de capital. También se produjeron importantes inversiones en el sector hidrocarburífero y las grandes operaciones de minería.
La nueva Ley de Inversiones Extranjeras de 1993 y la Ley Minera de ese mismo año provocaron un profundo proceso de apertura y desregulación que dinamizó explosivamente las inversiones en Argentina, y son la base legal de la que se produjeron incluso en los últimos años. Antes de estas reformas el país se encontraba completamente aislado del mundo, y bajo un proceso de estancamiento y deterioro notable sobre la explotación de recursos naturales.
Pero el Gobierno de Menem avanzó incluso más allá, y durante la década de 1990 la Argentina firmó hasta 55 Acuerdos Bilaterales de Inversión (TBIs por sus siglas en inglés), que fortalecieron enormemente la seguridad jurídica del país delegando a la CIADI como mediador legal autorizado ante posibles incumplimientos del Gobierno argentino con empresas extranjeras.
Las medidas de Menem garantizaron la inversión bilateral con países como Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, España, Italia, Brasil y Chile, entre muchos otros. Con la llegada del kirchnerismo al poder en 2003 los derechos de propiedad fueron sistemáticamente avasallados, y no se llegó a firmar ni un solo convenio bilateral en 12 años.
El “cambio” propuesto por Mauricio Macri solamente involucró la firma de un tratado bilateral en el año 2016, pero desde entonces la integración de Argentina en el mundo se encuentra completamente abordada. Esta constituye otra de las razones por las cuales jamás llegó la tan esperada “lluvia de inversiones” que preveía el Gobierno anterior.
agencia nova
